Tribunal Constitucional - Sentencia TC/0712/26

República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA SENTENCIA TC/0712/26 Referencia: Expediente núm. TC-05- 2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia núm. 0030-1643-2024- SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los veintinueve (29) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026). El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente; Miguel Valera Montero, primer sustituto; José Alejandro Ayuso, Fidias Federico Aristy Payano, Alba Luisa Beard Marcos, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Sonia Díaz Inoa, Army Ferreira, Domingo Gil, Amaury A. Reyes Torres, María del Carmen Santana de Cabrera y José Alejandro Vargas Guerrero, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 de la Constitución; 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 1 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I. ANTECEDENTES 1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de amparo Con ocasión de la acción de amparo interpuesta por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then en contra del Centro Estatal del Azúcar (CEA), la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo, en funciones de tribunal de amparo, emitió la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039 del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024). Esta decisión es objeto del recurso de revisión que nos ocupa. Su dispositivo estableció lo siguiente: PRIMERO: DECLARA INADMISIBLE DE OFICIO la acción de amparo interpuesta por el señor MELVIN RAFAEL VELASQUEZ THEN, en fecha 8 de noviembre de 2024, por existir otras vías judiciales que permiten obtener la protección efectiva del derecho fundamental invocado, a la luz del artículo 70, numeral 1, de la Ley núm. 137-11, de fecha 13 de junio del año 2011, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, siendo la contenciosa administrativa, conforme los motivos indicados. SEGUNDO: DECLARA el presente proceso libre de costas. TERCERO: ORDENA que la presente sentencia sea comunicada por secretaría a las partes envueltas en el proceso y a la PROCURADURÍA GENERAL ADMINISTRATIVA. CUARTO: ORDENA que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Superior Administrativo. Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 2 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL La indicada sentencia fue notificada el cinco (5) de marzo de dos mil veinticinco (2025) al abogado del actual recurrente, Sr. Melvin Rafael Velásquez Then. Tal notificación consta en la certificación expedida por la secretaria general del Tribunal Superior Administrativo. 2. Presentación del recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo En desacuerdo con la sentencia de amparo recién descrita, el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then presentó el recurso de revisión que nos ocupa. El recurso se interpuso el doce (12) de marzo de dos mil veinticinco (2025), vía la Secretaría del Tribunal Superior Administrativo. Más adelante, el recurso de revisión fue notificado el veinticuatro (24) de marzo de dos mil veinticinco (2025), tanto a la recurrida, Consejo Estatal del Azúcar (CEA), como a la Procuraduría General Administrativa. Tal notificación consta en el Acto 212-2025, instrumentado por el Sr. Ramón Antonio Salcedo Cuello, alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo. Esta notificación se realizó a requerimiento del recurrente, Sr. Melvin Velásquez Then. Posteriormente, la Procuraduría General Administrativa y la recurrida, Consejo Estatal del Azúcar (CEA), presentaron sus correspondientes escritos de defensa, del cuatro (4) de abril y el doce (12) de mayo de dos mil veinticinco (2025), respectivamente. No habiendo actuaciones procesales posteriores, el expediente íntegro fue recibido el diez (10) de junio de dos mil veinticinco (2025) por este tribunal constitucional, en virtud de la remisión efectuada por la Secretaría del Tribunal Superior Administrativo. Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 3 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional en materia de amparo Para inadmitir la acción de amparo del Sr. Melvin Rafael Velásquez Then, la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo fundamentó su decisión, entre otros, en los siguientes motivos: 3. La Procuraduría General Administrativa en la audiencia de fecha 18 de diciembre de 2024, presentó un medio de inadmisión en base al artículo 70.3 de la Ley núm. 137-11. La PGA explica que el amparo es notoriamente improcedente por la solicitud de acceso a la información pública ya estar respondida por el CEA. Dado que el objetivo de esta acción es la entrega forzosa de informaciones hacia el señor MELVIN RAFAEL VELASQUEZ THEN, respecto de un tercero que el CEA posee y que respondió en comunicación núm. 2659 que no entregará por contener datos que afectan la intimidad de un tercero. […] 10. Sin embargo, este colegiado advierte, que dentro de las causas de inadmisión que el legislador prevé, se impone pronunciarse de manera oficiosa sobre la inadmisibilidad de la presente acción por medio de una causal distinta a la planteada por la PGA, relativa a la existencia de otra vía judicial idónea para la resolución del diferendo (artículo 70.1 de la Ley 137-11), por las siguientes consideraciones. […] 13. Esta Sala al momento de decidir el medio de inadmisión por existir otra vía (70.1) tiene la obligación de justificar, motivar y verificar los siguientes puntos; a saber: a) la existencia de otra vía judicial; b) Justificación de la efectividad de la otra vía judicial. […] Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 4 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 19. En ese mismo orden, la parte accionante MELVIN RAFAEL VELASQUEZ THEN ha interpuesto una acción de amparo, con la finalidad de que se ordene a la CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA) la entrega de información sobre las compras, contratos, pagos de los terrenos a nombre de un tercero distinto de él, así como los terrenos vendidos, cedidos, asignados y un listado de las colindancias de los terrenos que posee el tercero Franklin Mercedes Vásquez; por estar disconforme con la respuesta de negación de información dada por la Administración en la comunicación núm. 2659. […] 22. Dado que, el artículo 1 de la Ley núm. 1494, que Instituye la Jurisdicción Contencioso Administrativa, establece […] 23. Asimismo, el artículo 1 de la Ley núm. 13-07, de fecha 05 de febrero del año 2007, establece que: […] 24. Es que, como regla fundante de competencia, nuestra Carta Magna en su artículo 165, numeral 2), dentro de las competencias de la Jurisdicción Contencioso Administrativa dispone: […] 25. En ese tenor, hay que resaltar que el amparo no puede reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ya que el propósito específico de su consagración no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales. Es por esto, que el interesado no puede recurrir en amparo para esquivar el procedimiento que de modo específico ha regulado la ley a tales fines. Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 5 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 26. Siendo así, resulta evidente que el legislador ha establecido un procedimiento especial para que, en el caso de que un particular entienda que se le ha vulnerado un derecho, como en este caso de carácter contencioso administrativo, pueda apoderar un tribunal a los fines de que sus derechos sean reconocidos. […] 30. Dado que, el artículo 29 de la Ley núm. 200-04 establece lo siguiente: […] Situación no configurada en la especie para la habilitación de un recurso de amparo de acceso a la información, pues la Administración brindó su respuesta oportuna dentro del tiempo que contempla la normativa. […] 32. Vale destacar que, Lineed Alt. Bruno Almonte, directora general legal, del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), emitió la comunicación núm. 2659, en fecha 27 de septiembre de 2024, contentivo de repuesta a la solicitud de información núm. SAIP-SIP-000-105163, de fecha 25 de septiembre de 2024, a requerimiento del hoy accionante. 33. Por consiguiente, al dictarse el acto administrativo núm. 2659 mediante el cual se le da respuesta en tiempo oportuno a la solicitud del hoy accionante MELVIN RAFAEL VELASQUEZ THEN al negarse por aplicación del artículo 17 de la Ley núm. 200-04, no da lugar a la acción constitucional de amparo, debido a que, si el referido acto no satisfizo sus expectativas, por entender que el mismo es contrario al derecho a la información del que es reclamante, la vía judicial más efectiva es el Recurso Contencioso Administrativo. 34. En consecuencia, mientras existan otras vías judiciales idóneas para tutelar los derechos constitucionales invocados consistentes en la Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 6 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL entrega de las informaciones solicitadas por el accionante MELVIN RAFAEL VELASQUEZ THEN, se consagra en una materia especial para la que el legislador ha creado una vía eficaz, aplicable cuando se vulneren este tipo de derechos a las personas, como lo es el recurso contencioso administrativo. 35. En ese sentido, cuando se comprueba la existencia de otras vías judiciales que permiten de manera efectiva la protección de los derechos invocados por la parte accionante, el amparo puede ser declarado inadmisible; en la especie el propulsor del amparo tiene abierta la vía contenciosa administrativa, a la cual puede acceder a través del correspondiente recurso contencioso administrativo, en consecuencia, este Tribunal procede a declarar inadmisible de oficio la presente acción constitucional de amparo, interpuesta por el señor MELVIN RAFAEL VELASQUEZ THEN, tal y como se hará constar en la parte dispositiva. 4. Hechos y argumentos de la parte recurrente en revisión En desacuerdo con la sentencia de amparo, el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then pretende que la anulemos y que, al avocarnos a conocer su acción de amparo, acojamos sus pretensiones originales. Para sustentar tales pedimentos, argumenta, en síntesis, lo siguiente: POR CUANTO: A que si bien es cierto que existen diversos remedios procesales que pueden salvaguardar con más efectividad determinados y específicos derechos fundamentales, no obstante no es menos cierto que en materia de acceso a la información pública, la vía judicial efectiva lo constituye la acción de amparo. Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 7 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL POR CUANTO: A que en este tenor, el artículo 16 de la Ley No. 200- 04, establece lo siguiente: […] POR CUANTO: A que en caso de la existencia de una duda en la interpretación a la ley sobre la salvaguarda y protección judicial del derecho a la información pública, la duda debe favorecer al acceso a la información pública (IN DUBIO PRO ACCESO). […] POR CUANTO: A que si bien es cierto que las informaciones públicas solicitadas pueden estar dotadas de datos personales, no obstante no es menos cierto que las informaciones publicas versan sobre bienes inmuebles propiedad del Estado Dominicano, máxime si el recurrente en revisión está solicitando informaciones sobre el patrimonio inmobiliario del Estado Dominicano, lo cual a su vez incluye los bienes inmobiliarios del Consejo Estatal del Azúcar. POR CUANTO: A que dicha información está dotada de un carácter de información pública, toda vez que la misma versa sobre bienes inmuebles propiedad del Estado, fueron adquiridas con fondos públicos y hasta que el Congreso de la República no apruebe la venta y traspaso de los mismos de conformidad con los artículos 128, acápite 2, incido d) y así como el artículo 93, inciso k), ambos consagrados en la Constitución de la República, serán ipso facto bienes públicos. POR CUANTO: Ahora bien Honorables Magistrados, puede el recurrente en revisión solicitar informaciones sobre inmuebles estatales, la respuesta es ¡SI!, porque la Constitución de la República permite en diversos preceptos constitucionales a los ciudadanos velar por la buena administración de los fondos y bienes públicos, lo cual Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 8 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL incluye los bienes inmuebles, lo cual la doctrina ha denominado como Control Social o Control Cívico de la Corrupción. 5. Hechos y argumentos de la parte recurrida en revisión Por otro lado, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), en su calidad de recurrida, nos solicita que rechacemos el recurso de revisión que nos ocupa y que confirmemos la sentencia de amparo impugnada. Para sustentar tales pretensiones, argumenta, en síntesis, lo siguiente: CONSIDERANDO: A que la parte accionante en sus conclusiones de acción de amparo anteriormente, solicitaba al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) unas series de documentos que solo se entregan al adquiriente o su apoderado, debido a quien solicita la información es una tercera persona sin demostrar calidad, y que respondimos mediante la comunicación No.2659, de fecha 27 de septiembre del 2024 y que anexamos, informándole, que no podemos complacer la misma, ya que contiene informaciones de terceros que no pueden ser divulgadas, y de confomidad con la disposiciones establecidas en la Ley No.200-04 de libre acceso a la informacion pública en su artículo 17, el cual establece: […] CONSIDERANDO: A que el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), no pudo entregar lo solicitado por el accionante, primero, por que son documentos que el usuario tiene que agotar un proceso ante la institución, y por lo tanto no hay prueba que el accionante muestre calidad o representación alguna al tribunal de la persona que requiere dicha informacion. Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 9 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSIDERANDO: A que el presente recurso en revisión de acción de amparo debe ser RECHAZADO, pues se trata de una acción en justicia en donde el accionante pretende que se le entreguen documentaciones que la institución no puede facilitar en su momento, lo cual es improcedente, mal fundado y carente de base legal. […] CONSIDERANDO: A que el CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA), como institución autónoma del Estado Dominicano, tiene que ser protegida y proteger a sus adqurientes, reconociéndole su derecho, ya que vela por un fin determinado socialmente ante el país. […] 6. Opinión de la Procuraduría General Administrativa Por otro lado, la Procuraduría General Administrativa nos solicita que rechacemos el recurso de revisión que nos ocupa. Para sustentar tal pedimento, argumenta, en síntesis, lo siguiente: ATENDIDO: A que este planteamiento debe ser rechazado porque el tribunal a-quo no conoció el fondo del asunto, que la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo al analizar el expediente contentivo de la Acción de Amparo advirtió que para poder tutelar un derecho fundamental, es necesario que se ponga al Tribunal en condiciones de vislumbrar la violación del mismo, y habida cuenta de que la documentación aportada por las partes no da cuenta de que se le haya conculcado derecho fundamental alguno al accionante (recurrente) por lo que da lugar a rechazar el Recurso de Revisión, por no haber establecido la violación al derecho. Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 10 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ATENDIDO: A que el presente Recurso no cumple con los requisitos para su interposición establecidos por el artículo 96 de la Ley 137-11, el cual establece lo siguiente: […] ATENDIDO: A que en relación a lo anterior no basta que un ciudadano acceda a la Justicia a reclamar un derecho, ese acceso está regulado procesalmente, así como también ese reclamo debe ser fundamentado lo que no ha sucedido en el presente caso. […] ATENDIDO: A que, por todas las razones anteriores, siendo la decisión del Tribunal a quo conforme a derecho, procede que el Recurso de Revisión sea rechazado por improcedente, mal fundado y carente de base legal, confirmando al mismo tiempo la sentencia recurrida, por haber sido emitida conforme al derecho, bajo el amparo de la Constitución Dominicana. 7. Pruebas documentales Las pruebas documentales más relevantes que figuran en el expediente son las siguientes: 1. Formulario de solicitud de acceso a la información pública, presentada el veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) por el actual recurrente, Sr. Melvin Velásquez Then. 2. Comunicación del veintisiete (27) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), marcada con el número 2659. Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 11 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 3. Escrito contentivo de la acción de amparo interpuesta el ocho (8) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) por el actual recurrente, Sr. Melvin Rafael Velásquez Then, en contra del Consejo Estatal del Azúcar (CEA). 4. Sentencia núm. 0030-1643-2024-SSEN-01039, objeto del recurso de revisión que nos ocupa, emitida el dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. 5. Certificación expedida el cinco (5) de marzo de dos mil veinticinco (2025) por la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo. 6. Escrito contentivo del recurso de revisión, interpuesto el doce (12) de marzo de dos mil veinticinco (2025) por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then. 7. Acto 212-2025, instrumentado el veinticuatro (24) de marzo de dos mil veinticinco (2025) por el Sr. Ramón Antonio Salcedo Cuello, alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo. 8. Escrito contentivo de la opinión de la Procuraduría General Administrativa, depositado el cuatro (4) de abril de dos mil veinticinco (2025). 9. Escrito de defensa depositado el doce (12) de mayo de dos mil veinticinco (2025) por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA). Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 12 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 8. Síntesis del conflicto Valiéndose de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, núm. 200-04, el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then solicitó al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) que le indicara los terrenos vendidos, cedidos o asignados al Sr. Franklin Mercedes Vásquez, así como las compras, contratos y pagos relacionados con dichos terrenos. Igualmente, solicitaba un listado de los terrenos que colindaran con los del referido señor. El CEA, sin embargo, se negó. Respondió al Sr. Velásquez Then que la información solicitada contenía datos de terceros que no podían ser divulgados. La institución se sustentó en el artículo 17.k de la Ley núm. 200-04. Dicha norma dispone que el acceso a la información pública puede ser limitado, en razón de intereses públicos preponderantes, si puede dañar o afectar el derecho a la intimidad de las personas o poner en riesgo su vida o seguridad. Ante aquella situación, el Sr. Velásquez Then accionó en amparo. Sin embargo, la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo, en funciones de tribunal de amparo, la inadmitió con base en el artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11. En esencia, interpretó que el accionante perseguía cuestionar el acto administrativo a través del cual su solicitud de acceso a la información fue contestada. Juzgó, entonces, que la jurisdicción contencioso-administrativa constituía una vía judicial que permitía proteger el derecho fundamental invocado de manera efectiva. En desacuerdo con la sentencia de amparo, el Sr. Velásquez Then acudió ante este tribunal constitucional a través del recurso de revisión. Nos solicita que Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 13 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL anulemos la sentencia impugnada y que, al avocarnos a conocer la acción de amparo, acojamos sus pretensiones originales. En síntesis, sostiene que el legislador instituyó el amparo como vía para tutelar el derecho fundamental de acceso a la información pública. 9. Competencia El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo de conformidad con lo establecido por los artículos 185.4 de la Constitución; 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucional, del trece (13) de junio de dos mil once (2011). 10. Sobre la admisibilidad del recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo 10.1. Antes de examinar el fondo del recurso de revisión y la problemática que nos ocupa, debemos verificar que este ha sido presentado en cumplimiento de las reglas y formalidades que exige la Ley núm. 137-11. Conforme explicaremos enseguida, admitiremos el recurso de revisión. 10.2. La Ley núm. 137-11 dispone que todas las sentencias emitidas por el tribunal de amparo pueden ser recurridas en revisión por ante el Tribunal Constitucional en la forma y bajo las condiciones que establece la indicada ley (artículo 94). Tal como lo señala el artículo 95 de dicha normativa, el recurso de revisión se interpone a través de un escrito depositado ante la Secretaría del tribunal que emitió la sentencia. Esto debe hacerse dentro de un plazo de cinco (5) días, contado a partir de la notificación de la sentencia objeto del recurso. Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 14 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 10.3. Al respecto, este tribunal constitucional ha juzgado que dicho plazo debe considerarse como franco, pudiendo solo computarse los días hábiles (TC/0071/13). Esto significa, por un lado, que solo deben contarse los días laborables, es decir, que no se toman en consideración los fines de semana ni los días festivos; y, por otro, que no cuentan el día de la notificación ni el último día del plazo. 10.4. En ese sentido, constatamos que la sentencia de amparo fue notificada el cinco (5) de marzo de dos mil veinticinco (2025) al abogado del actual recurrente. Sobre este particular, conviene destacar que, anteriormente, esta corte ha dado como válida la notificación realizada al abogado de las partes, sujeto a que le haya representado tanto ante esta sede como ante el órgano jurisdiccional que rindió la decisión recurrida (TC/0214/14). Sin embargo, en la Sentencia TC/0109/24, así como en la Sentencia TC/0163/24, variamos dicho criterio. Establecimos que, para dar inicio al cómputo del plazo, la notificación debe haberse realizado en el domicilio real de las partes o directamente a su persona. Por ello, no podemos considerar como válida la notificación de la sentencia de amparo realizada al abogado del recurrente. 10.5. En ausencia de constancia de que la sentencia de amparo haya sido notificada al recurrente a su persona o en su domicilio real, debe entenderse, al tenor de los principios rectores de accesibilidad y de favorabilidad, consagrados ambos en el artículo 7, numerales 1 y 5, de la Ley núm. 137-11, que el recurso de revisión fue presentado en tiempo hábil. Por tanto, continuamos con el examen de admisibilidad. 10.6. En ese mismo orden, el artículo 98 de la Ley núm. 137-11 añade que, después de que el recurso de revisión fue notificado a las demás partes, estas deben depositar su escrito de defensa en la secretaría del tribunal que rindió la Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 15 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL sentencia. Esto debe hacerse, al tenor del referido artículo, en un «plazo de cinco días a partir de la notificación del recurso». Este plazo se computa al igual que el descrito anteriormente, es decir, como franco, contándose solo los días hábiles (TC/0147/14). Así, cuando transcurre este plazo y las partes producen su escrito de defensa de forma tardía, este tribunal opta por no ponderarlo (TC/0222/15). 10.7. Al examinar el expediente, constatamos que el recurso de revisión fue notificado el veinticuatro (24) de marzo de dos mil veinticinco (2025) tanto a la recurrida como a la Procuraduría General Administrativa. Al haber presentado estas sus escritos de defensa y de opinión el cuatro (4) de abril y el doce (12) de mayo de dos mil veinticinco (2025), respectivamente, se colige que ejercieron su derecho fuera del plazo de cinco (5) días que, para ello, contempla el artículo 98 de la Ley núm. 137-11. Por esta razón, no ponderaremos sus pretensiones y argumentos. 10.8. Por otro lado, la Ley núm. 137-11 también exige que el recurso de revisión esté «motivado» (artículo 95) y que haga constar, «de forma clara y precisa[,] los agravios causados por la decisión impugnada» (artículo 96). Esta exigencia también se cumple. Ello porque la recurrente argumenta que la acción no debía ser inadmitida por el tribunal de amparo. En esencia, alega que la acción de amparo es la vía instituida por el legislador para tutelar el derecho fundamental de acceso a la información pública. 10.9. De igual manera, verificamos que, al tenor del criterio asentado en la Sentencia TC/0406/14, el recurrente ostenta la calidad procesal idónea para actuar ante esta sede en contra de la sentencia impugnada. Esto porque fungió como parte accionante ante el tribunal de amparo. Por ello, consideramos satisfecho este presupuesto procesal. Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 16 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 10.10. Corresponde ahora determinar si el caso que nos ocupa reviste especial trascendencia o relevancia constitucional, como lo exige el artículo 100 de la Ley núm. 137-11. La especial trascendencia o relevancia constitucional es una «noción abierta e indeterminada» (TC/0010/12) que, al tenor del referido artículo 100, «se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales». 10.11. Precisamente por ello, para ir determinando este concepto, en las Sentencias TC/0409/24, TC/0440/24 y TC/0489/24, este tribunal constitucional se refirió, con mayor detalle y detenimiento, a la especial trascendencia o relevancia constitucional, e hizo suyos varios pronunciamientos del Tribunal Constitucional de España y de la Corte Constitucional de Colombia para apreciar esta figura. Igualmente, en la referida Sentencia TC/0489/24, revisitó y adecuó los escenarios o supuestos trazados en la Sentencia TC/0007/12. En ese sentido, consideró que un recurso de revisión reviste especial trascendencia o relevancia constitucional cuando: (1) el asunto envuelto revela un conflicto respecto del cual el Tribunal Constitucional no ha establecido su criterio y su solución permita esclarecerlo y, además, contribuir con la aplicación y general eficacia de la Constitución o con la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales; (2) el conocimiento del fondo del asunto propicia, por cambios sociales o normativos o tras un proceso interno de autorreflexión, modificaciones, reorientaciones, redefiniciones, adaptaciones, actualizaciones, unificaciones o aclaraciones de principios o criterios anteriormente determinados por el Tribunal Constitucional; Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 17 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (3) el asunto envuelto revela un problema de trascendencia social, política, jurídica o económica cuya solución contribuya con el mantenimiento de la supremacía constitucional, la defensa del orden constitucional y la general eficacia de la Constitución, o con la determinación del contenido o alcance de los derechos fundamentales; (4) el asunto envuelto revela una notoria y manifiesta violación de derechos fundamentales en la cual la intervención del Tribunal Constitucional sea crucial para su protección y, además, el conocimiento del fondo resulte determinante para alterar sustancialmente la situación jurídica del recurrente. 10.12. Dicho esto, este tribunal constitucional considera que el presente recurso de revisión reviste especial trascendencia o relevancia constitucional. Aunque ya esta alta sede se ha pronunciado, de forma consistente y reiterada, sobre la idoneidad del amparo para proteger el derecho fundamental de acceso a la información pública, no se ha referido, específicamente, a los recursos de tipo administrativo y contencioso-administrativo que contemplan la Ley núm. 200- 04 y el Decreto núm. 130-05 y cómo tales mecanismos inciden sobre la admisibilidad de la acción de amparo. Esto permitirá abordar las distintas vías, contempladas en la legislación y en su jurisprudencia, con las que las personas cuentan a fin de tutelar este derecho fundamental. 10.13. Por otro lado, aunque el asunto ha sido dilucidado anteriormente, el conocimiento del fondo del recurso de revisión es idóneo para reiterar el orden lógico procesal en que debe ser evaluada la admisibilidad de la acción de amparo. Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 18 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 10.14. Visto lo anterior, se configura el primer escenario o supuesto descrito en la Sentencia TC/0489/24. Por tanto, como el recurso de revisión satisface todas las formalidades requeridas por la Ley núm. 137-11, este tribunal constitucional declarará su admisibilidad y conocerá el fondo. 11. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional en materia de amparo Para resolver la problemática que nos ocupa, abordaremos los recursos que dispone el ordenamiento jurídico para hacer efectivo el derecho fundamental de acceso a la información pública (§ 11.1). En ese abordaje, explicaremos por qué, a nuestro juicio, el tribunal de amparo hizo una aplicación errónea de nuestros precedentes. Contrario a lo juzgado, el accionante no cuestionaba un acto administrativo. Más bien, buscaba hacer valer su derecho fundamental de acceso a la información pública. Entendemos, entonces, que esto requería admitir —no inadmitir— la acción de amparo y resolver el fondo de la cuestión. Por tanto, tal como desarrollaremos en la siguiente sección (§ 11.1), revocaremos la sentencia de amparo y luego conoceremos la acción (§ 12). Por otro lado, y previo a conocer la acción de amparo, reiteraremos la importancia de examinar las causales de inadmisión del amparo en el orden lógico procesal que ha sido fijado por este tribunal constitucional (§ 11.2). 11.1. Las acciones y recursos disponibles para proteger el derecho fundamental de acceso a la información pública 11.1.1. En su artículo 49, nuestra Constitución consagra la libertad fundamental de expresión e información. Entre sus disposiciones, garantiza el derecho que tiene toda persona a la información, que «comprende buscar, investigar, recibir Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 19 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley». (artículo 49.1) 11.1.2. Este tribunal constitucional se ha pronunciado sobre este derecho fundamental en diversas ocasiones. Así, se ha destacado que este derecho «tiene una gran relevancia para el fortalecimiento del Estado [s]ocial y [d]emocrático de [d]erecho» (TC/0042/12), siendo uno de sus pilares fundamentales, indispensable en toda sociedad abierta o verdaderamente democrática. (TC/0092/19) 11.1.3. El ejercicio de este derecho no solo «garantiza la transparencia y permite a la ciudadanía acceder libremente a las informaciones en poder de las instituciones del Estado», sino que, en adición, permite «controlar y fiscalizar el comportamiento de los [p]oderes [p]úblicos» y el «uso y manejo de los recursos públicos» (TC/0042/12). En ese sentido, es un «mecanismo esencial para el control de la corrupción», que guarda una importante relación con «el ejercicio del control democrático de la gestión pública y la obligación que tienen los Estados de garantizarlo» (TC/0042/12). El ejercicio de este derecho es, pues, «uno de los medios más idóneos de control de la gestión de la Administración pública y de allí parte de su importancia». (TC/0129/21) 11.1.4. Como se ve, este derecho también se vincula con el control de los fondos públicos que dispone nuestra Constitución, que otorga un papel protagónico a la sociedad: El control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, en el Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 20 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL marco de sus respectivas competencias, y por la sociedad a través de los mecanismos establecidos en las leyes. (Artículo 246) 11.1.5. Siguiendo esta línea, hemos afirmado en la Sentencia TC/0045/13 que «la posibilidad de que las personas y grupos que no pertenecen al sector público puedan participar activamente y de manera eficiente depende, en gran medida, de la existencia de mecanismos que garanticen el derecho a la información pública». En ese sentido, en esa sentencia de referencia hemos dicho que: [e]l derecho a acceder a la información pública es una derivación del derecho que tiene todo individuo a la libertad de opinión y de expresión, en la medida de que una persona desinformada no tiene la posibilidad de expresarse con eficacia y libertad[. C]iertamente, la carencia de información coloca al individuo en la imposibilidad de defender sus derechos fundamentales y de cumplir con los deberes fundamentales consagrados en la Constitución […] g) La vinculación que existe entre el derecho a la información pública y el mencionado deber fundamental radica en que las personas y grupos sociales necesitan tener acceso a la información pública para estar en condiciones de defender la calidad de la democracia, el patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública. 11.1.6. Más adelante, resaltamos que: [e]l principal bien jurídico protegido por el derecho a la libertad de expresión e información es la existencia de una opinión pública, lo cual constituye un elemento necesario para el correcto funcionamiento de la democracia. Otros valores o bienes jurídicos que también protege este Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 21 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL derecho son: la búsqueda de la verdad y la necesidad de comunicarse con otros seres humanos, lo cual trasciende a lo meramente político. (TC/0716/17) 11.1.7. Deteniéndonos brevemente sobre este aspecto político de la libertad de expresión, en la Sentencia TC/0092/19 hicimos nuestro el criterio de la Corte Constitucional de Colombia, expresado en su Sentencia núm. T-391/07: En su dimensión política, la libertad de expresión cumple numerosas funciones específicas: (i) el debate político amplio y abierto protegido por esta libertad informa y mejora la calidad de la elaboración de las políticas públicas, en la medida en que permite “la inclusión de todos los sectores de la sociedad en los procesos de comunicación, decisión y desarrollo”, inclusión que “es fundamental para que sus necesidades, opiniones e intereses sean contemplados en el diseño de políticas y en la toma de decisiones”, permitiendo así el ejercicio equitativo del derecho a la participación; (ii) la libertad de expresión mantiene abiertos los canales para el cambio político, impidiendo mediante la crítica que los gobernantes se arraiguen indefinidamente en una postura ilegítima; (iii) una protección sólida de la libre comunicación de información e ideas previene los abusos gubernamentales de poder, al proporcionarles un contrapeso mediante la apertura de un canal para el ejercicio del poder ciudadano de participación y control de lo público —en otras palabras, proporciona una oportunidad para la discusión de los asuntos de interés general, oportunidad que a su vez frena los riesgos de represión oficial; (iv) promueve la estabilidad sociopolítica, al proveer una válvula de escape para el disenso social y establecer, así, un marco para el manejo y procesamiento de conflictos que no amenaza con socavar la integridad de la sociedad; (v) protege Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 22 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL a las minorías políticas activas en un momento dado, impidiendo su silenciamiento por las fuerzas mayoritarias o prevalecientes; y (vi) a un nivel más básico, es una condición necesaria para asegurar la libre expresión de la opinión de los electores al depositar sus votos, optando por un representante político. También se ha indicado que la libertad de expresión (vii) contribuye a la formación de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la consolidación de un electorado debidamente informado, dado que materializa el derecho de los ciudadanos a comprender los asuntos políticos y les permite, así, participar efectivamente en el funcionamiento de la democracia, (viii) haciendo efectivo el principio de autogobierno representativo por los ciudadanos mismos y (viii) el de responsabilidad de los gobernantes ante el electorado, así como (ix) el principio de igualdad política. Finalmente, se ha enfatizado que (x) la libertad de expresión fortalece la autonomía del individuo en tanto sujeto político dentro de un régimen democrático, y que (xi) al permitir la construcción de opinión, facilita el control social sobre el funcionamiento, no solo del sistema político, sino de la sociedad misma, incluyendo el ordenamiento jurídico y sus necesidades de evolución o modificación. 11.1.8. A esto añadimos que: [e]l objetivo del neoconstitucionalismo latinoamericano denominado democrático será precisamente rescatar la idea de participación activa por parte de la población en la construcción de su propio futuro como sociedad[. P]or eso la insistencia en la creación de mecanismos de participación política directa de la ciudadanía y en garantizar la legitimidad democrática. La libertad de expresión y de la información, Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 23 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL por ende, resultan claves para la construcción de sociedades más justas y autocríticas en cuanto a los asuntos de interés público. (TC/0092/19) 11.1.9. Con base en ello, nos hemos referido a la doble dimensión que comprende este derecho. La dimensión individual «consiste en el derecho de toda persona a expresar y difundir los propios pensamientos, ideas e informaciones», mientras que su dimensión colectiva o social «se traduce en el derecho de todas las personas de procurar y recibir las informaciones e ideas de todo tipo, conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien informada». (TC/0092/19). 11.1.10. Tal como ya se ha adelantado, este derecho a la información pública se relaciona con la proscripción de la corrupción que destaca nuestra Constitución en su artículo 146, orientado a su prevención, detección y combate: Se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado. En consecuencia: 1) Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que[,] prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico; 2) De igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados; 3) Es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 24 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente; 4) A las personas condenadas por delitos de corrupción les será aplicada, sin perjuicio de otras sanciones previstas por las leyes, la pena de degradación cívica, y se les exigirá la restitución de lo apropiado de manera ilícita; 5) La ley podrá disponer plazos de prescripción de mayor duración que los ordinarios para los casos de crímenes de corrupción y un régimen de beneficios procesales restrictivo. 11.1.11. En efecto, tal como reconocimos en la Sentencia TC/0042/12, el derecho al libre acceso a la información pública tiene como finalidad controlar el uso y manejo de los recursos públicos y, en consecuencia, ponerle obstáculos a la corrupción administrativa[;] flagelo que[ …] socava las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia. (Citas y comillas omitidas) 11.1.12. En fin, que una de las formas de hacer efectivo este derecho fundamental está regulada por la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, núm. 200-04. Ella establece el derecho que tiene toda persona a «solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano del Estado dominicano y de todas las sociedades anónimas, compañías anónimas o compañías por acciones con participación estatal» (artículo 1). Esta información recae sobre «actas y expedientes de la administración pública», así como «los documentos que recopilen información Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 25 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL sobre el ejercicio de las actividades de su competencia» (artículo 2). También comprende el derecho de «estar informada periódicamente, cuando lo requiera, de las actividades que desarrollan entidades y personas que cumplen funciones públicas» (artículo 2); todo lo anterior, por supuesto, a las limitaciones que la propia ley fija. 11.1.13. Para ello, la Ley núm. 200-04 contempla la solicitud de acceso a la información (artículo 7) y dispone los plazos en que debe ser atendida, tanto si es rechazada (artículo 7, párrafo III) como si es concedida (artículo 8). Ahora bien, la normativa también se encarga de disponer los recursos —en su sentido jurídico y como herramienta o mecanismo, pues— con los que disponen las personas ante las trabas que puedan darse en este tipo de solicitudes. Ello es complementado por el Decreto núm. 130-05, que aprueba su reglamento de aplicación. Ciertamente, una lectura literal y aislada de tales disposiciones revela, por un lado, que si la información es denegada por razones de reserva o confidencialidad o por alguna de las limitaciones que dispone la ley, el solicitante puede recurrir dicha decisión ante el órgano superior jerárquico (artículos 26 y 27 de la Ley núm. 200-04 y artículo 36 del Decreto núm. 130- 05). Si, al hacerlo, todavía queda inconforme con la respuesta brindada por el órgano superior jerárquico, puede interponer un recurso contencioso- administrativo (artículo 28 de la Ley núm. 200-04 y artículo 39 del Decreto núm. 130-05). 11.1.14. Dichas disposiciones fueron implícitamente modificadas por la Ley sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, núm. 107-13. En efecto, esta última norma contempla, además del recurso jerárquico (artículo 54), el recurso de reconsideración (artículo 53) y la facultad de renunciar a los recursos administrativos (artículo 51). Entonces, haciendo un acopio de las Leyes núm. Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 26 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 200-04 y 107-13, así como del Decreto núm. 130-05, se colige que, si la información es denegada por razones de reserva o confidencialidad o por alguna de las limitaciones que dispone la ley, el solicitante puede (1) recurrir la decisión administrativamente, (a) en reconsideración y/o (b) ante el superior jerárquico; y/o puede (2) recurrir la decisión ante la jurisdicción contencioso- administrativa. Este esquema administrativo o contencioso-administrativo parte de la idea de que hubo una solicitud de acceso de información que fue respondida, aunque denegada o rechazada con base en las excepciones o limitaciones que traza la ley. 11.1.15. Por otro lado, la Ley núm. 200-04 también contempla el «recurso de amparo». Según esta normativa, el amparo procede cuando la persona obligada a entregar la información, o de facilitar su acceso, no la ofrece «en el tiempo establecido para ello, o el órgano o ente superior jerárquico no fallare el recurso interpuesto en el tiempo establecido» (artículo 29). A diferencia del recurso contencioso-administrativo, este mecanismo está contemplado en la legislación para atender escenarios en los cuales no hay una respuesta. 11.1.16. Entonces, compilando estas disposiciones legales, la vía jurisdiccional para tutelar este derecho fundamental, acorde a una lectura literal, debería corresponder: i. a la contencioso-administrativa, si hay una denegación o rechazo de la información solicitada; o ii. al amparo, si no hay una respuesta sobre la solicitud de acceso a la información. 11.1.17. Sin embargo, este tribunal constitucional ha interpretado este marco legal a favor de la acción de amparo a partir de la proclamación de la Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 27 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Constitución de dos mil diez (2010) y de la promulgación de la Ley núm. 137- 11, que regula, entre otros procedimientos constitucionales, la acción de amparo. Para abonar esta postura, también nos hemos sustentado en el artículo 16 de la Ley núm. 200-04. Esta dispone que «la persona que se encuentre impedida en el ejercicio del derecho de acceso a la información podrá ejercer el recurso de amparo». Así, esta corte, «en su quehacer jurisprudencial, ha reconocido en la acción de amparo una vía idónea para tutelar el derecho de libre acceso a la información pública» (TC/0646/18). En efecto, un recorrido de nuestra jurisprudencia demuestra que tanto la falta de respuesta como la denegación o rechazo de una información pública, incluso su entrega incompleta o insatisfactoria, se traduce en una vulneración autónoma, directa e inmediata de la libertad fundamental de información, que, al impedir su ejercicio, la hace tutelable a través de la acción de amparo. Es así como este tribunal constitucional no distingue entre la falta de respuesta, el silencio administrativo y la denegación o rechazo de la información para inclinar la balanza hacia la admisibilidad del amparo. 11.1.18. Por ejemplo, este tribunal constitucional ha validado la idoneidad del amparo cuando la institución no ha contestado la solicitud de acceso a la información y ha incurrido en silencio administrativo (TC/0215/21, TC/0047/23 y TC/0729/25); cuando la institución a cargo de ofrecer la información pública se ha mostrado en condiciones de ofrecerla, pero ha puesto trabas al solicitante (TC/0405/17); cuando la solicitud de acceso a la información no fue respondida satisfactoriamente acorde a los requerimientos del solicitante o fue entregada de forma incompleta (TC/0646/18, TC/0609/19 y TC/0147/21); y cuando la solicitud fue contestada o respondida, pero la información fue denegada o rechazada (TC/0512/16, TC/0129/21, TC/0465/23 y TC/0320/24). Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 28 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 11.1.19. Además, al conocer acciones de amparo —por el efecto de la avocación— o recursos de revisión de sentencias de amparo, esta sede constitucional ha admitido la posibilidad de discutir, en este procedimiento constitucional, la procedencia o no de la entrega de la información según su naturaleza o carácter, es decir, yendo más allá de la simple orden de responder la solicitud (TC/0512/16, TC/0609/19, TC/0129/21, TC/0147/21, TC/0215/21, TC/0437/21, TC/0465/23, TC/0320/24 y TC/0729/25, entre otras). 11.1.20. Como se ve de todo esto, el criterio de esta corte constitucional es que, si bien es cierto que este derecho se encuentra regulado —tanto lo referente a la solicitud como a la entrega de la información— por la Ley núm. 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública, y por el Decreto núm. 130-05, contentivo del reglamento de aplicación de la citado texto de ley, no menos cierto es que cuando de dicho procedimiento administrativo —tendente al suministro de informaciones públicas— se desprende alguna actuación u omisión que limite, lesione o amenace con violentar el citado derecho fundamental, es al juez de amparo que le corresponde evaluar el caso y adoptar las medidas de rigor para remediar la situación, a fin de garantizar su efectiva protección. (TC/0405/17) 11.1.21. Consecuentemente, la determinación de una eventual violación o no al derecho fundamental al libre acceso a la información pública debe ser realizada por el juez de amparo, sea porque al ente público se le impute una negativa de entrega o se presenten dificultades en el suministro de la información pública. (TC/0405/17) Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 29 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 11.1.22. De hecho, en el recurso de revisión resuelto con la Sentencia TC/0342/21, el recurrente alegaba —tal como juzgó ahora el tribunal de amparo— que la acción debía ser inadmitida por ser la jurisdicción contencioso- administrativa una vía judicial efectiva. En aquel caso, juzgamos lo siguiente: [C]ontrario a lo señalado por el recurrente en sus medios de revisión, en lo referente a que el tribunal a-quo debió de declarar inadmisible la acción de amparo por la existencia de otras vías judiciales, en virtud de lo establecido en el artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11, este Tribunal Constitucional considera que la vía idónea para garantizar el derecho constitucional de acceso a la información pública es la acción de amparo por mandato expreso del citado artículo 16 de la Ley núm. 200- 04, sobre Libre Acceso a la Información Pública y de los precedentes señalados[. E]n tal virtud, carece de fundamento el argumento examinado. 11.1.23. Entonces, «el amparo se perfila como el proceso de justicia constitucional adecuado para tutelar el derecho fundamental afectado» (TC/0609/19). Ahora bien, esto no implica —no debe implicar— un desconocimiento o derogación de la vía jurisdiccional que, para ello, contemplan la Ley núm. 200-04 y el Decreto núm. 130-05. Tales disposiciones mantienen su vigencia y no han sido modificadas expresamente. Por tanto, si las partes desean cuestionar la respuesta ofrecida ante la jurisdicción contencioso-administrativa, pueden hacerlo, y el Poder Judicial deberá conocer sus pretensiones conforme tal procedimiento contencioso-administrativo. Sin embargo, el amparo también se ha instaurado como una vía idónea para tutelar este derecho fundamental. En esa medida, las personas cuentan con dos vías que pueden agotar indistintamente: la del amparo o la contencioso-administrativa. Esto implica reiterar y aplicar, a este tipo de casos, nuestro criterio de que, «en Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 30 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL el caso de que existiese un proceso o acción de menor o igual efectividad que el amparo, este último debe ser declarado admisible, teniendo el accionante un derecho de opción entre las dos vías» (TC/0197/13). Consecuentemente, ante tales circunstancias, se impone admitir la acción de amparo. 11.1.24. Por supuesto, que lo precisado en el párrafo anterior es sin detrimento de las particularidades de cada caso en concreto, las cuales —acorde a sus particularidades, repetimos— puedan reflejar la inefectividad del amparo o, más bien, la efectividad de otra vía judicial, por encima del amparo, para dilucidar cuestiones que trasciendan de la reparación de un derecho fundamental o que puedan escapar de la naturaleza sumaria e informal de este procedimiento constitucional. 11.1.25. Dicho todo esto, se evidencia que, en este caso, el tribunal de amparo desconoció los precedentes de este tribunal constitucional sobre la idoneidad del amparo para proteger el derecho fundamental de acceso a la información pública. Contrario a lo juzgado por el tribunal de amparo, esta acción no ha sido instituida para tan solo reclamar una respuesta por parte de la Administración pública, sino para hacer efectivo —como garantía que es— este derecho fundamental, con todas sus implicaciones. Por tanto, el ciudadano no cuestionaba un mero acto administrativo cuya validez estaba sujeta a un examen técnico o puramente legal. En esa medida, el tribunal de amparo no debió inadmitir la acción con base en que la Administración pública ya había ofrecido una respuesta, por más insatisfactoria que haya sido para el ciudadano solicitante. Tal como hemos visto, le corresponde a la jurisdicción de amparo velar no solo porque la Administración pública responda las solicitudes de acceso a la información, sino que, en adición, debe asegurarse que la información sea entregada o suministrada, sujeto a que no esté reservada o limitada por las condiciones que señala la propia ley. Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 31 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 11.1.26. Es por estas razones que acogeremos el recurso de revisión que nos ocupa y, consecuentemente, revocaremos la sentencia de amparo recurrida. Asimismo, en aplicación de los principios de celeridad, efectividad y economía procesal, así como de la política jurisdiccional seguida a partir de la Sentencia TC/0010/12, ratificada en la Sentencia TC/0071/13 en virtud de su autonomía procesal, procederemos a conocer directamente la acción de amparo (§ 12). 11.1.27. Antes, conviene resaltar que el tribunal de amparo cometió otro error de procedimiento que, en esta ocasión, aclararemos. Es por ello que veremos ahora, brevemente, el orden lógico procesal en que debe ser evaluada la admisibilidad de este procedimiento constitucional (§ 11.2). 11.2. Orden lógico procesal de la admisibilidad del amparo 11.2.1. La acción de amparo está consagrada por nuestra Constitución en su artículo 72: Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el hábeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos. De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades. 11.2.2. De lo anterior se lee, por un lado, que la Constitución previó al menos cuatro acciones de amparo: Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 32 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL en su vertiente ordinaria o reparadora (para la protección de los derechos fundamentales cuando resulten vulnerados) y preventiva (cuando resulten amenazados), así como el amparo de cumplimiento (para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo) y colectivo (para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos). (TC/0564/25) 11.2.3. Por otro lado, la Constitución refiere la regulación de tales acciones a la ley («de conformidad con la ley») y, acto seguido, señala las características que deben regir su procedimiento: «preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades». Es, pues, partiendo de dichas disposiciones que la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, regula cada uno de estos amparos y agrega el amparo electoral. 11.2.4. Dentro de los aspectos que regula la Ley núm. 137-11 está la admisibilidad de la acción de amparo. En su artículo 70, dispone lo siguiente: El juez apoderado de la acción de amparo, luego de instruido el proceso, podrá dictar sentencia declarando inadmisible la acción, sin pronunciarse sobre el fondo, en los siguientes casos: 1) Cuando existan otras vías judiciales que permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado. 2) Cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro de los sesenta días que sigan a la fecha en que el agraviado ha tenido conocimiento del acto u omisión que le ha conculcado un derecho fundamental. Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 33 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 3) Cuando la petición de amparo resulte notoriamente improcedente. 11.2.5. Aunque, al referirse a la inadmisibilidad del amparo, tal norma contiene tres causales, señaladas en numerales, no por ello debe colegirse que estas deban examinarse o analizarse en ese orden. Realmente, la numeración o ubicación de tales causales tan solo obedece a una cuestión de organización o ilustración que no necesariamente implica que la admisibilidad deba evaluarse siguiendo esos pasos. Lo cierto es que el orden lógico procesal es otro. 11.2.6. Al menos desde nuestra Sentencia TC/0518/16, nos hemos referido al orden lógico procesal en que debe ser evaluada la admisibilidad de la acción de amparo: [L]a acción de amparo se[rá] admisible, siempre y cuando sea presentada dentro de los sesenta (60) días que siguen a la fecha en que el agraviado ha tenido conocimiento del hecho, cuando la petición de amparo no resulte notoriamente improcedente y cuando no existan vías efectivas que permitan restaurar el goce de los derechos fundamentales que han sido alegadamente vulnerados en el caso particular. 11.2.7. En otras palabras, los criterios por los cuales el juez constitucional decide respecto a la admisibilidad de una acción deben ser dilucidados en un determinado orden lógico procesal, si bien determinados medios de inadmisión pueden ser abordados por el juez en cualquier estado de la causa. En tal sentido, lo relativo a la existencia de una vía más efectiva que el amparo, para un caso determinado, solo debe dilucidarse una vez que se haya determinado su procedencia[. A] su vez, la procedencia solo Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 34 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL puede ser estudiada si el amparo ha sido interpuesto dentro del plazo prescrito por la ley que le rige (con la sola excepción de la violación continua), y aún a ello le precede la determinación de la calidad y la capacidad de amparista. (TC/0604/18) 11.2.8. Lo aclaramos en la Sentencia TC/0214/23: el orden lógico procesal para evaluar las causales de inadmisión que contempla el artículo 70 de la Ley núm. 137-11, es el siguiente: la extemporaneidad (70.2), la notoria improcedencia (70.3) y, finalmente, la existencia de otra vía judicial efectiva (70.1). 11.2.9. Este orden procesal no es caprichoso: obedece a una lógica que permite al tribunal de amparo ir perfilando la cuestión y lograr una tutela efectiva de la cuestión. Así, la primera causal que debe valorarse es la contenida en el artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11, relativa al plazo para la presentación de la acción de amparo, debido a que su concurrencia hace innecesaria la valoración de las demás causales[.] (TC/0217/23) 11.2.10. Lo anterior obedece a que «las normas relativas a vencimiento de plazos son de orden público, por lo cual su cumplimiento es preceptivo y previo al análisis de cualquier otra causal de inadmisibilidad» (TC/0391/16). Además, el análisis de la extemporaneidad no amerita mucho más que un contraste de fechas o un ejercicio matemático, en el que se determina cuándo el accionante tomó conocimiento de la violación de sus derechos fundamentales y cuándo accionó en amparo.  Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 35 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 11.2.11. Si la acción de amparo se presentó dentro de plazo o si se trata de una violación de naturaleza continua, entonces el tribunal debe evaluar si la acción es notoriamente improcedente. Esto implica cuestionarse si se trata de un asunto que es, a todas luces, manifiestamente imposible, absurdo, insólito, imposible (TC/0306/15). Dado el carácter manifiesto o notorio, el examen que debe hacer el tribunal de amparo sobre esta cuestión tampoco es necesariamente exhaustivo. La improcedencia debe ser, pues, evidente. 11.2.12. Ahora bien, si el amparo no es notoriamente improcedente, el tribunal debe evaluar si existe otra vía judicial que permita proteger el derecho fundamental invocado de forma efectiva. Llegado aquí, el tribunal de amparo habrá detectado que la acción se ejerció a tiempo y que las pretensiones del accionante bien pueden ser tuteladas por el amparo. Sin embargo, el tribunal debe cuestionarse si el amparo es la vía idónea para hacerlo o si existe alguna otra vía que permita hacerlo de mejor forma. Debido a que este examen requiere un estudio más exhaustivo de las pretensiones del accionante, de la naturaleza del amparo y de los otros mecanismos con los que el accionante cuenta, esta es —debe ser— la última causal de admisibilidad que corresponde evaluar. 11.2.13. Hacemos estas aclaraciones debido a que, en este caso, la Procuraduría General Administrativa solicitó al tribunal de amparo que inadmitiera la acción por ser notoriamente improcedente, al tenor del artículo 70, numeral 3, de la Ley núm. 137-11. Sin embargo, el tribunal de amparo omitió contestar tal pedimento. En cambio, se conformó con afirmar que «se impon[ía] pronunciarse de manera oficiosa sobre la inadmisibilidad de la presente acción por medio de una causal distinta a la planteada». Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 36 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 11.2.14. A nuestro juicio, lo anterior es reprochable. En efecto, el tribunal de amparo no puede desconocer el orden lógico procesal que corresponde seguir para evaluar la admisibilidad de la acción, mucho menos cuando las partes le han pedido pronunciarse sobre una causal de inadmisibilidad que incumbe analizar primero, para, en cambio, valorar a su conveniencia la admisibilidad de la acción con base en una causal distinta que atañe examinar en otro momento. 11.2.15. Dicho esto, y revocada la sentencia de amparo, se impone —conforme adelantamos anteriormente— que nos avoquemos a conocer la acción. 12. Sobre la admisibilidad del recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo 12.1. Tal como ha sido avanzado, el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then solicitó al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) varias informaciones. Tal solicitud fue presentada el veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). Sin embargo, dos días después [el veintisiete (27) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)], el CEA rechazó su solicitud. Ante aquella situación, el Sr. Velásquez Then accionó en amparo el ocho (8) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). 12.2. Conforme hemos indicado (§ 11.2), la acción de amparo está sujeta a las causales de inadmisibilidad que contempla la Ley núm. 137-11 en su artículo 70. La primera —contenida en el numeral 2— exige que la reclamación se haya «presentad[o] dentro de los sesenta días que sigan a la fecha en que el agraviado ha tenido conocimiento del acto u omisión que le ha conculcado un derecho fundamental». Debido a que el rechazo o denegación de la solicitud de acceso a la información pública tuvo lugar el veintisiete (27) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), mientras que la acción de amparo se interpuso el ocho (8) Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 37 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL de noviembre ese mismo año, se colige que, entre ambas fechas, no transcurrió un plazo superior a sesenta días. Por tanto, continuamos con el examen de admisibilidad. 12.3. En este punto, corresponde referirnos al medio de inadmisión que planteó la Procuraduría General Administrativa ante el tribunal de amparo. Sostenía que la acción era notoriamente improcedente, al tenor del artículo 70, numeral 3, de la Ley núm. 137-11. Sustentaba tal pedimento en que la solicitud de acceso a la información había sido contestada o respondida por el CEA. 12.4. Sobre la causal de inadmisión relativa a la notoria improcedencia, hemos dicho que por «notoriedad» la norma se refiere a algo que es manifiesto, y por «infundada» que «carece de fundamento real o racional» (TC/0297/14). Es decir, que el amparo es notoriamente improcedente cuando las pretensiones de las partes son «ostensiblemente absurdas, insólitas, imposibles» (TC/0306/15). El concepto lo desarrollamos con mejor abundancia en nuestra Sentencia TC/0699/16: Se trata, como se aprecia, de un concepto compuesto que está referido a uno de los términos que lo integran —la improcedencia—; es decir, lo que en realidad debe comprobarse es la improcedencia, si bien, en todo caso, ella ha de ser notoria. j. Notoriamente se conceptualiza como la calidad que es manifiesta, clara, evidente, indudable, patente, obvia, cierta[, d]e forma tal que aquello que tiene esa calidad no amerita discusión. La improcedencia es la calidad de aquello que carece de fundamento jurídico adecuado, o que […] cont[iene] errores o contradicciones con la razón (…). Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 38 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL k. Este supuesto[,] como causa de inadmisibilidad de amparo contenido en la Ley núm. 137-11, constituye una condición que tiene un trámite, una demanda, una acción u otro procedimiento judicial, que ha sido calificado como no viable por el funcionario o juzgador a cargo, por problemas de forma o fallas jurídicas. l. En lo relativo a la inadmisión de la acción de amparo por ser notoriamente improcedente, esta sede constitucional ha establecido criterios relativos a que (i) no se verifique la vulneración de un derecho fundamental (TC/0031/14), (ii) el accionante no indique cuál es el derecho fundamental supuestamente conculcado (TC/0086/13), (iii) la acción se refiera a una cuestión de legalidad ordinaria (TC/0017/13 y TC/0187/13), (iv) la acción se refiera a un asunto que ya se encuentre en la jurisdicción ordinaria (TC/0074/14), (v) la acción se refiera a un asunto que ha sido resuelto judicialmente (TC/0241/13,TC/0254/13, y TC/0276/13) y (vi) se pretenda la ejecución de una sentencia (TC/0147/13 y TC/0009/14). (Comillas omitidas) 12.5. Visto esto, este tribunal constitucional rechaza este medio de inadmisión, sin necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva de esta sentencia. Ello se debe a que las pretensiones del accionante están dirigidas a lograr no solo una respuesta de su solicitud de acceso a la información, sino —y más bien— su entrega. Consecuentemente, el amparo es procedente —es decir, que no es notoriamente improcedente— para solucionar esta controversia, por cuanto recae sobre la reparación del derecho fundamental de acceso a la información pública. 12.6. Por último, la admisibilidad del amparo está sujeta a que no existan otras vías judiciales que permitan proteger efectivamente el derecho fundamental Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 39 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL invocado. Es lo que dispone el artículo 70, numeral 1, de la Ley núm. 137-11. Sobre esto, reiteramos los criterios desarrollados en la sección anterior (§ 11.1). Por tanto, determinamos que el amparo es una vía idónea para tutelar este derecho fundamental. Consecuentemente, admitiremos la acción y conoceremos el fondo. 13. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo 13.1. Tal como hemos adelantado, el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then solicitó al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) que le indicara los terrenos vendidos, cedidos o asignados al Sr. Franklin Mercedes Vásquez, así como las compras, contratos y pagos relacionados con dichos terrenos. Igualmente, solicitaba un listado de los terrenos que colindaran con los del referido señor. El CEA, sin embargo, se negó. Respondió al Sr. Velásquez Then que la información solicitada contenía datos de terceros que no podían ser divulgados. La institución se sustentó en el artículo 17.k de la Ley núm. 200-04. Dicha norma dispone lo siguiente: Se establecen con carácter taxativo las siguientes limitaciones y excepciones a la obligación de informar del Estado y de las instituciones indicadas en el Artículo 1 de la presente ley: […] k) Información cuya divulgación pueda dañar o afectar el derecho a la intimidad de las personas o poner en riesgo su vida o su seguridad[.] 13.2. La negativa del CEA dio lugar a que el Sr. Velásquez Then accionara en amparo. En esencia, alega que la respuesta del CEA vulnera su derecho fundamental de acceso a la información pública. Argumenta que las Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 40 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL informaciones solicitadas versan sobre bienes inmuebles propiedad del Estado, adquiridos con fondos públicos. Por tanto, sostiene que la información solicitada está dotada de un carácter público. Esta es, pues, la cuestión que se nos impone resolver: si la información solicitada es pública o confidencial por atentar contra la intimidad de un tercero. Conforme explicaremos a continuación, se trata de una información pública. Por tanto, ordenaremos su entrega. 13.3. Tal como lo dispone el artículo 1 de la Ley núm. 200-04, el derecho de acceso a la información pública se ejerce frente al Estado y las sociedades anónimas, compañías anónimas o compañías por acciones que tengan participación estatal. Esto incluye: a) Organismos y entidades de la administración pública centralizada; b) Organismos y entidades autónomas y/o descentralizadas del Estado, incluyendo el Distrito Nacional y los organismos municipales; c) Organismos y entidades autárquicas y/o descentralizadas del Estado; d) Empresas y sociedades comerciales propiedad del Estado; e) Sociedades anónimas, compañías anónimas y compañías por acciones con participación estatal; f) Organismos e instituciones de derecho privado que reciban recursos provenientes del Presupuesto Nacional para la consecución de sus fines; g) El Poder Legislativo, en cuanto a sus actividades administrativas; Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 41 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL h) El Poder Judicial, en cuanto a sus actividades administrativas. 13.4. Asimismo, y acorde a la referida ley, la información pública comprende aquellas «contenidas en actas y expedientes de la Administración pública», «las actividades que desarrollan entidades y personas que cumplen funciones públicas» y «los documentos que recopilen información sobre el ejercicio de las actividades de su competencia». (Artículo 2) 13.5. Teniendo presente lo anterior, conviene recordar que el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) fue creado con la Ley núm. 7, del diecinueve (19) de agosto de mil novecientos sesenta y seis (1966). Al momento de aprobar dicha ley, los legisladores consideraron que «el Estado [d]ominicano e[ra] único propietario del capital de la Corporación Azucarera de la República Dominicana, entidad integrada por 12 ingenios azucareros con sus correspondientes terrenos, plantaciones, factorías, ganado, ferrocarril, equipo, etc.»; y que «el complejo agro-industrial[] pertenece y corresponde al pueblo dominicano y no es privilegio de sector determinado alguno». A través de dicha legislación, se disolvió la Corporación Azucarera, se ordenó su liquidación y se creó el Consejo Estatal del Azúcar como órgano encargado de esto último (artículo 1). Se dispuso, además, que la totalidad del activo de la Corporación Azucarera pasara a ser propiedad directa del Estado (artículo 2). En ese sentido, los ingenios azucareros que pertenecían a la Corporación Azucarera serían dirigidos y administrados, así como regulados en conjunto, por el Consejo Estatal del Azúcar (artículo 3). Como consecuencia de esto, la normativa dispuso que «el Consejo Estatal del Azúcar tendrá a su cargo principalmente la dirección, coordinación, fiscalización e inspección de todos los ingenios del Estado». (Artículo 6). Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 42 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 13.6. Conforme se colige de lo anterior, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) es una entidad perteneciente a la administración pública centralizada y, como tal, está sometida al régimen de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, núm. 200-04. Además, en la medida de que dicha entidad administra los ingenios azucareros que son propiedad del Estado, la información relacionada con su administración y disposición es también susceptible de ser accedida por las personas que la soliciten, al tenor de la mencionada ley. 13.7. Ahora bien, la Ley núm. 200-04 condiciona la entrega de la información a que «no afecte la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o el derecho a la privacidad e intimidad de un tercero o el derecho a la reputación de los demás» (artículo 2). Tales limitaciones son detalladas en los artículos 17 y 18 de la mencionada ley. Esto revela una tensión constante entre el derecho fundamental de acceso a la información pública, consagrado en el artículo 49.1 de nuestra Constitución, y el derecho fundamental a la intimidad y el honor personal, consagrado en el artículo 44. 13.8. Sobre la intimidad y el honor personal, nuestra Constitución dispone lo siguiente: Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley. Por tanto: Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 43 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1) El hogar, el domicilio y todo recinto privado de la persona son inviolables, salvo en los casos que sean ordenados, de conformidad con la ley, por autoridad judicial competente o en caso de flagrante delito; 2) Toda persona tiene el derecho a acceder a la información y a los datos que sobre ella o sus bienes reposen en los registros oficiales o privados, así como conocer el destino y el uso que se haga de los mismos, con las limitaciones fijadas por la ley. El tratamiento de los datos e informaciones personales o sus bienes deberá hacerse respetando los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad. Podrá solicitar ante la autoridad judicial competente la actualización, oposición al tratamiento, rectificación o destrucción de aquellas informaciones que afecten ilegítimamente sus derechos; 3) Se reconoce la inviolabilidad de la correspondencia, documentos o mensajes privados en formatos físico, digital, electrónico o de todo otro tipo. Sólo podrán ser ocupados, interceptados o registrados, por orden de una autoridad judicial competente, mediante procedimientos legales en la sustanciación de asuntos que se ventilen en la justicia y preservando el secreto de lo privado, que no guarde relación con el correspondiente proceso. Es inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, telefónica, cablegráfica, electrónica, telemática o la establecida en otro medio, salvo las autorizaciones otorgadas por juez o autoridad competente, de conformidad con la ley; 4) El manejo, uso o tratamiento de datos e informaciones de carácter oficial que recaben las autoridades encargadas de la prevención, persecución y castigo del crimen, sólo podrán ser tratados o Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 44 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL comunicados a los registros públicos, a partir de que haya intervenido una apertura a juicio, de conformidad con la ley. 13.9. Resulta, entonces, que cuando hay conflicto entre derechos fundamentales, nuestra Constitución dispone que los poderes públicos «procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución» (artículo 74, numeral 4). En ocasiones, esto supone una: necesidad de ponderar derechos fundamentales en conflicto, lo que implica la operación de “balancear” esos derechos en concurrencia, o sea, establecer un orden de importancia entre ellos, haciendo prevalecer a uno sobre el otro, con base en una estimación específica para el caso concreto. (TC/0042/12) 13.10. En efecto, «el libre acceso a la información pública aplica siempre que la información no sea de carácter personal» (TC/0687/17). Tal como indicamos en la Sentencia TC/0512/16, la regla general es que todas las personas tienen derecho a acceder a la información que reposa en las instituciones del Estado y, en tal virtud, las restricciones o límites a ese derecho deben estar legalmente precisados en lo relativo al tipo de información que puede ser reservada y la autoridad que puede tomar esa determinación. Esas limitaciones solo serían constitucionalmente válidas si procuran la protección de derechos fundamentales e intereses públicos o privados preponderantes[.] 13.11. En ese sentido, en la recién citada sentencia distinguimos las siguientes categorías de información: Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 45 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL • Pública: Constituye las informaciones contenidas en actas y expedientes de la Administración Pública, así como las actividades que desarrollan entidades y personas que cumplen funciones públicas, a excepción de aquellas que afecten la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o el derecho a la privacidad e intimidad de un tercero o el derecho a la reputación de los demás. Esto se desprende del contenido del artículo 2 de la indicada ley núm. 200- 04, de Libre Acceso a la Información Pública. • Secreta o Reservada: Constituye un supuesto de excepción al derecho de libre acceso a la información pública. Es aquella información que se encuentra en poder del Estado y cuyo acceso se encuentra restringido en atención a un interés superior vinculado con la defensa o la seguridad del Estado. • Confidencial: Dentro del marco de excepción al derecho de libre acceso a la información pública, es aquella información que está en poder del Estado y que sólo compete a sus titulares, de índole estratégica para decisiones de gobierno, acción sancionadora o procesos administrativos o judiciales. También abarca la información protegida por secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil; y la relativa al derecho a la intimidad de las personas. 13.12. Sobre la ponderación de estos dos derechos fundamentales en conflicto, en la Sentencia TC/0011/12 asumimos el criterio del Tribunal Constitucional de España, contenido en su Sentencia núm. 171/1990, que en esta ocasión transcribimos con mayor extensión: Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 46 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Dada su función institucional, cuando se produzca una colisión de la libertad de información con el derecho a la intimidad y al honor[,] aquélla goza, en general, de una posición preferente[,] y las restricciones que de dicho conflicto puedan derivarse a la libertad de información deben interpretarse de tal modo que el contenido fundamental del derecho a la información no resulte, dada su jerarquía institucional[,] desnaturalizado ni incorrectamente relativizado […]. Si cuando se ejerce el derecho a transmitir información respecto de hechos o personas de relevancia pública adquiere preeminencia sobre el derecho a la intimidad y al honor con los que puede entrar en colisión, resulta obligado concluir que[,] en esa confrontación de derechos, el de la libertad de información, como regla general, debe prevalecer siempre que la información transmitida sea veraz, y esté referida a asuntos públicos que son de interés general por las materias a que se refieren, por las personas que en ellos intervienen, contribuyendo, en consecuencia, a la formación de la opinión pública. En este caso[,] el contenido del derecho de libre información alcanza su máximo nivel de eficacia justificadora frente al derecho al honor, el cual se debilita, proporcionalmente, como límite externo de las libertades de expresión e información […]. Ello significa que para indagar si[,] en un caso concreto[,] el derecho de información debe prevalecer[,] será preciso y necesario constatar, con carácter previo, la relevancia pública de la información, ya sea por el carácter público de la persona a la que se refiere o por el hecho en sí en que esa persona se haya visto involucrada, y la veracidad de los hechos y afirmaciones contenidos en esa información. Sin haber constatado previamente la concurrencia o no de estas circunstancias[,] Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 47 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL no resulta posible afirmar que la información de que se trate está especialmente protegida por ser susceptible de encuadrarse dentro del espacio que a una prensa libre debe ser asegurado en un sistema democrático. Sólo tras indagar si la información publicada está especialmente protegida[,] sería procedente entrar en el análisis de otros derechos —como el derecho a la intimidad o al honor—, cuya lesión, de existir, sólo deberá ser objeto de protección en la medida en que no esté justificada por la prevalencia de la libertad de información, de acuerdo a la posición preferente que por su valor institucional ha de concederse a esa libertad. […] El efecto legitimador del derecho de información, que se deriva de su valor preferente, requiere, por consiguiente, no sólo que la información sea veraz —requisito necesario directamente exigido por la propia Constitución, pero no suficiente—, sino que la información tenga relevancia pública, lo cual conlleva que la información veraz que carece de ella no merece la especial protección constitucional. El criterio a utilizar en la comprobación de esa relevancia pública de la información varía, según sea la condición pública o privada del implicado en el hecho objeto de la información o el grado de proyección pública que éste haya dado, de manera regular, a su propia persona, puesto que los personajes públicos o dedicados a actividades que persiguen notoriedad pública aceptan voluntariamente el riesgo de que sus derechos subjetivos de personalidad resulten afectados por críticas, opiniones o revelaciones adversas y, por tanto, el derecho de información alcanza, en relación con ellos, su máximo nivel de eficacia legitimadora, en cuanto que su vida y conducta moral participan del interés general con una mayor intensidad que la de aquellas personas Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 48 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL privadas que, sin vocación de proyección pública, se ven circunstancialmente involucradas en asuntos de trascendencia pública, a las cuales hay que, por consiguiente, reconocer un ámbito superior de privacidad, que impide conceder trascendencia general a hechos o conductas que la tendrían de ser referidos a personajes públicos. 13.13. En efecto, siguiendo esta línea, hemos juzgado que, aunque el derecho a la intimidad es un valor fundamental del sistema democrático, al igual que la protección a los datos personales, no pueden, de manera general, aunque sí excepcionalmente, restringir el derecho de libre acceso a la información pública, ya que limitarlo despojaría a la ciudadanía de un mecanismo esencial para el control de la corrupción en la Administración pública. (TC/0042/12) 13.14. A modo de ejemplo, este tribunal constitucional ha juzgado que atenta contra la intimidad de las personas la entrega o suministro de informaciones de índole migratoria, relacionadas con la entrada y salida del país (TC/0011/12); de índole tributaria o protegidas por la reserva o secreto tributario o fiscal (TC/0687/17, TC/0129/21 y TC/0320/24); de índole financiera o resguardadas por el secreto bancario, relacionada con la liquidación de una entidad de intermediación financiera (TC/0437/21); y de documentación o identidad personal, como la numeración de las cédulas de identidad (TC/0062/13 y TC/0084/13). 13.15. En cambio, este tribunal constitucional ha juzgado que es información pública aquella relacionada con los nombres de los empleados, funcionarios y personas que brindan asesoría a poderes u órganos del Estado, así como sus cargos y los salarios que perciben por ello (TC/0042/12, TC/0052/13 y Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 49 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL TC/0062/13); programas de asistencia social (TC/0039/14); permisos, licencias de operación e inspecciones realizadas con relación a una institución privada de salud (TC/0512/16); no objeción e impuestos pagados por concepto de rotura de una mina y uso de suelo de un proyecto residencial (TC/0609/19); permisos de construcción y aprobación de proyectos de viviendas (TC/0147/21); sociedades médicas especializadas (TC/0215/21); y asociaciones de consumidores registradas (TC/0729/25), entre otras. 13.16. Dicho todo esto, conviene recordar que, a través de la Sentencia TC/0687/17, este tribunal constitucional resolvió un conflicto equiparable al que nos ocupa. En aquella ocasión, un ciudadano solicitó al Ministerio de Hacienda que le entregara informaciones relacionadas con las donaciones, aportes, facilidades económicas, exenciones, exoneraciones y edificaciones otorgadas por cualquier entidad del Estado a una asociación en particular. Al llegar la cuestión a nuestra atención, juzgamos que «la información solicitada por el recurrente es una información pública», y ordenamos su entrega. 13.17. Siguiendo esta línea, en este caso también se impone concluir que la información solicitada por el accionante es pública. Por un lado, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) no explicó por qué, a su juicio, la información requerida afectaba la intimidad de terceros. Además, la mera circunstancia de que la información solicitada involucrara a un tercero no convierte la totalidad de la información —mucho menos de forma automática— en confidencial o privada. Nótese que lo requerido no implicaba suministrar numeración de cédulas de identidad, domicilios, números de teléfono, datos bancarios, direcciones de correo electrónico, correspondencia, declaraciones tributarias ni datos sensibles o que incidan sobre la esfera íntima y personal del tercero. Más bien, la información solicitada recaía sobre bienes inmuebles. Sobre esto, conviene añadir que, acorde a la Ley de Registro Inmobiliario, núm. 108-05, Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 50 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL estos —los inmuebles— están sometidos a un régimen de publicidad (principio II, capítulo XI del título III y capítulo III del título V). 13.18. Por otro lado, cuando una persona se relaciona o contrata con el Estado y, como consecuencia de esto, recibe un pago o beneficio; adquiere o recibe un bien; es beneficiario de una concesión, licencia o permiso; o recibe alguna ventaja patrimonial o económica, la relación trasciende de lo meramente privado y adquiere un mayor estándar de publicidad. Como consecuencia de esto, se asume una carga razonable de transparencia respecto de esa relación con el Estado, al menos en los aspectos necesarios para conocer y fiscalizar las cuestiones que atienen a lo público. 13.19. Por último, la venta, cesión o asignación de inmuebles que pertenecen al Estado es una cuestión de relevancia pública y de interés general, atinente al control de la gestión y del patrimonio público. Esto impide tratar la información sobre la disposición y administración de bienes públicos como una cuestión puramente privada. Se trata de un asunto sometido al escrutinio social y ciudadano. Aunque —hasta donde ha tomado conocimiento este tribunal— el tercero involucrado en este caso no es una persona pública, el hecho o acto jurídico en el que se le involucra sí lo es. Reiteramos: la administración y disposición de los bienes del Estado se trata de una cuestión de relevancia pública e interés general y social. 13.20. En este caso concreto, el solicitante tiene derecho a conocer bajo qué título los bienes inmuebles, pertenecientes al Estado, fueron vendidos, cedidos o transferidos, así como a quién, cuándo y bajo qué procedimiento y condiciones. Esto permite controlar la legalidad a la que debe estar sometida la Administración pública. Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 51 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 13.21. Es por las razones anteriores que este tribunal constitucional determina que el CEA vulneró el derecho fundamental de acceso a la información pública, consagrado por nuestra Constitución en su artículo 49. Esta corte no identifica ninguna razón que justifique restringir la información solicitada. Consecuentemente, acogeremos la acción de amparo y ordenaremos la entrega de la información requerida. 13.22. Por último, el accionante solicita que fijemos una astreinte. Sobre esto, el artículo 93 de la Ley núm. 137-11 dispone que, con el objeto de garantizar el efectivo cumplimiento de lo ordenado, el tribunal de amparo podrá pronunciar astreintes. Con ese propósito, y al tenor del precedente asentado en la Sentencia TC/0438/17, decidimos fijar una astreinte, cuyo monto se precisará en el dispositivo, en contra de la parte accionada y a favor de la accionante. Esto obedece a que el accionante que ha sido beneficiado por el amparo resultaría directamente perjudicado por el incumplimiento de la decisión emitida en contra del agraviante; inferencia esta que se aviene con el principio de relatividad de las sentencias de amparo y la naturaleza inter-partes de sus efectos. Esta decisión, aprobada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la magistrada Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Consta en acta el voto salvado de la magistrada Alba Luisa Beard Marcos, el cual se incorporará a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 52 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DECIDE: PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, el recurso de revisión de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then, y, en consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm. 0030- 1643-2024-SSEN-01039. TERCERO: DECLARAR admisible la acción de amparo incoada por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then en contra del Consejo Estatal del Azúcar (CEA). CUARTO: ACOGER la acción de amparo incoada por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then, y, en consecuencia, ORDENAR al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) que, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia, informe al Sr. Melvin Rafael Velásquez Then sobre (a) los terrenos vendidos, cedidos o asignados al Sr. Franklin Mercedes Vásquez; (b) las compras, contratos y pagos realizados con relación a dichos terrenos; y (c) los terrenos que colindan con estos. QUINTO: IMPONER una astreinte de tres mil pesos dominicanos (RD$3,000.00) por cada día de retardo en la ejecución de la presente decisión, contados al vencimiento del plazo establecido en el párrafo anterior, en contra del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y en favor del Sr. Melvin Rafael Velásquez Then. Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 53 de 54  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SEXTO: DECLARAR los procedimientos del presente proceso libres de costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011). SÉPTIMO ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, al recurrente y accionante en amparo, Sr. Melvin Rafael Velásquez Then; al recurrido y accionado en amparo, Consejo Estatal del Azúcar (CEA); y a la Procuraduría General Administrativa. OCTAVO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional. Aprobada: Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente; Miguel Valera Montero, primer sustituto; José Alejandro Ayuso, juez; Fidias Federico Aristy Payano, juez; Alba Luisa Beard Marcos, jueza; Manuel Ulises Bonnelly Vega, juez; Sonia Díaz Inoa, jueza; Army Ferreira, jueza; Domingo Gil, juez; Amaury A. Reyes Torres, juez; María del Carmen Santana de Cabrera, jueza; José Alejandro Vargas Guerrero, juez. La presente sentencia fue aprobada por los señores jueces del Tribunal Constitucional, en la sesión del pleno celebrada en fecha veintidós (22) del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026); firmada y publicada por mí, secretaria del Tribunal Constitucional, que certifico, en el día, mes y año anteriormente expresados. Grace A. Ventura Rondón Secretaria Expediente núm. TC-05-2025-0146, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Sr. Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia 0030-1643-2024-SSEN-01039, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Página 54 de 54