Tribunal Constitucional - Sentencia TC/0609/26

República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA SENTENCIA TC/0609/26 Referencia: Expediente núm. TC-04- 2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los veintisiete (27) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026). El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Miguel Valera Montero, primer sustituto; Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta; José Alejandro Ayuso, Fidias Federico Aristy Payano, Alba Luisa Beard Marcos, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Sonia Díaz Inoa, Domingo Gil, Amaury A. Reyes Torres y José Alejandro Vargas Guerrero, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 de la Constitución; 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 1 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I. ANTECEDENTES 1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de decisión jurisdiccional La Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466 fue dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Su dispositivo estableció lo siguiente: PRIMERO: DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Carlos Alberto Rosado, contra la sentencia núm. 335- 2024-SSEN-00343, dictada en fecha 28 de agosto de 2024, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, por los motivos antes expuestos. SEGUNDO: COMPENSA las costas procesales. No consta en el expediente notificación1 alguna de la decisión impugnada a la parte recurrente, señor Carlos Alberto Rosado, previo a la interposición de su recurso de revisión constitucional. 2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional La parte recurrente, señor Carlos Alberto Rosado interpuso el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional mediante instancia depositada en el Centro de Servicios Secretariales de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial el veinte (20) de octubre de dos mil 1 Entre los documentos que conforman el expediente figura la Certificación expedida por el secretario general de la Suprema Corte de Justicia el cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) dando constancia de la ausencia de notificación. Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 2 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL veinticinco (2025), recibida en este Tribunal Constitucional el cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025). El referido recurso fue notificado a la parte recurrida, sociedad comercial ACB Anatómica Dominicana Capilar, SRL, Anatómica Hair Transplantation Center y señor Enes Engin, mediante Acto núm. 302/2025, instrumentado por el ministerial Fausto Reynaldo Bruno Reyes, alguacil de estrados del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Altagracia, el treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025). 3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de decisión jurisdiccional La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, mediante la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, del treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025), declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. 335-2024-SSEN-00343, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, fundamentando su decisión, entre otros, en los siguientes motivos: 3) Conforme al artículo 11 inciso 3 de la Ley núm. 2-23, sobre Recurso de Casación, del 17 de enero de 2023: (…) 4) En ese sentido, el mandato legal enunciado, visto desde su ámbito y alcance procesal requiere determinar: (i) cuál era el régimen de salario mínimo más alto establecido para el sector privado que regía al momento de interponerse el presente recurso, y (ii) si la cuantía debatida en el juicio en única o última instancia, sin accesorios, excede el monto resultante de los cincuenta (50) salarios de entonces. Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 3 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 5) En cuanto al primer aspecto es preciso advertir que la Resolución núm. 01-2023, dictada por el Comité Nacional de Salarios en fecha 8 de marzo de 2023, dispuso un aumento en la tarifa del salario mínimo para el sector privado a ser ejecutado de forma escalonada: a partir del 1ro. de abril de 2023 el salario mínimo más alto sería de RD$24,150.00 mensuales, mientras que a partir del 1ro. de febrero de 2024, RD$24,990.00 mensuales. Es decir, que, para la fecha de interposición del presente recurso, esto es, el 26 de noviembre de 2024, estaba vigente la segunda tarifa, en consecuencia, el monto de cincuenta (50) salarios mínimos asciende a la suma de RD$1,249,500.00. En esas atenciones, para que sea admitido el recurso extraordinario de casación es imprescindible que la cuantía debatida en sede de apelación sobrepase la cantidad enunciada. 6) Según resulta de la decisión impugnada, el tribunal de primera instancia a la parte a ACB Anatómica Dominicana Capilar, S. R. L. y Anatómica Hair Transplantation Center, conjunta y solidariamente, al pago de la suma de RD$1,000,000.00 a favor de Carlos Alberto Rosado por concepto de los daños morales causados. Conviene destacar, como situación procesal relevante que fundamenta la presente decisión, que en sede de apelación únicamente recurrió la actual parte recurrida otrora demandada original, lo que significa que la cuantía debatida en la jurisdicción de alzada fue el monto fijado en su contra en primer grado, el cual será considerado para la admisibilidad del recurso. (sic) 7) Conforme la situación expuesta se advierte que la suma indicada no excede el valor resultante de los cincuenta (50) salarios mínimos, que es la cuantía requerida para la admisión del recurso de casación, de acuerdo con las disposiciones previstas en el numeral 3 del artículo 11 de la Ley núm. 2-23, sobre Recurso de Casación. En consonancia con Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 4 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL lo expuesto, procede, de oficio, declarar inadmisible el recurso que nos ocupa, sin necesidad de examinar ningún otro presupuesto procesal ni el fondo del mismo. 4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrente en revisión La parte recurrente, señor Carlos Alberto Rosado pretende mediante su recurso de revisión constitucional que el Tribunal Constitucional anule la decisión recurrida. Para justificar sus pretensiones, alega, entre otros motivos, los siguientes: 14. La sentencia impugnada en revisión declaró inadmisible el recurso de casación aplicando el artículo 11 de la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación, en lo que respecta al límite de cincuenta (50) salarios mínimos para la admisibilidad del recurso de casación, sin embargo, dicho texto legal no fue debidamente ponderado por la Suprema Corte de Justicia en perjuicio del recurrente, esto así porque no fue tomando en cuenta el monto reclamado por el recurrente en su demanda original y por ello, le fue vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, derechos consagrados en los artículos 68 y 69 de la Constitución Dominicana. […] 18. Los supremos magistrados entendieron que el monto que debían tomar en cuenta para determinar la admisibilidad o no del recurso de casación, eran las condenaciones contenidas en la sentencia de primer grado, contrario a la disposición legal contenida en el numeral 3 del artículo 11 de la Ley 2-23, el cual establece que: (…) Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 5 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 19. El texto legal es claro al establecer que los jueces supremos al momento de examinar la cuantía a tomar en cuenta, debieron acudir a la demanda principal del recurrente y no a una sentencia de primer grado, si habrían actuado conforme a la norma legal, los jueces advertirían que las reclamaciones en la demanda principal eran por la suma de RD$10,000,000.00 y con ello, no habrían inadmitido el recurso como ocurrió en los hechos. […] 21. La declaración de inadmisibilidad por no superar el umbral de 50 salarios mínimos impide el acceso efectivo a la justicia en su instancia superior, convirtiendo el recurso de casación en un remedio ilusorio para litigios de cuantía moderada. Este límite monetario restringe arbitrariamente el control de legalidad de las decisiones judiciales, dejando al recurrente sin posibilidad de revisión casacional pese a la existencia de vicios procesales y errores de derecho en la sentencia de apelación. La Ley No. 137-11, en su artículo 53, establece que el recurso de revisión procede cuando una decisión jurisdiccional lesione derechos fundamentales, como en este caso, donde se deniega el acceso a un recurso extraordinario sin valorar el interés casacional o la solidaridad de la condena (excepción prevista en el propio artículo 11 de la Ley No. 2-23). 22. La aplicación del umbral monetario discrimina económicamente al recurrente, ya que condiciona el acceso al recurso de casación a la capacidad económica implícita en la cuantía del litigio. Litigantes con demandas de menor monto, como en casos de daños morales derivados de procedimientos médicos accesibles, quedan excluidos de la revisión suprema, mientras que aquellos con cuantías superiores gozan de plena Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 6 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL tutela. Esta distinción carece de razonabilidad y proporcionalidad, violando el principio de igualdad ante la ley. 23. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia aplicó de manera automática y oficiosa. Esta aplicación rígida no pasa el test de proporcionalidad: el fin legítimo de descongestionar la SCJ (eficiencia judicial) no justifica la denegación absoluta de justicia en casos como este, donde el monto (RD$1,000,000.00) representa un perjuicio significativo para un individuo, pero queda por debajo del umbral debido a un régimen salarial desactualizado. […] 25. Deberá tomar en cuenta ese Alta Corte que la sentencia de la Corte de Apelación, marcada con el número 335-2024-SSEN-00343, impugnada en casación, en el ordinal segundo de su parte dispositiva rechazó la demanda primigenia interpuesta por el hoy recurrente, es decir, el recurso de casación incoado contra la referida decisión también pretendía la reivindicación de la acción principal, y por ello, debió tomarse en cuenta las pretensiones económicas del recurrente para determinar la admisibilidad del recurso de casación. […] 27. La actividad de administración de justicia a través de la emisión de decisiones debidamente motivadas con aplicación de la norma vigente responde a uno de los principios pilares de un estado constitucional de derecho, el principio de legalidad, que exige que los poderes públicos se sujeten a la conformidad de la ley, a pena de nulidad. 28. El hoy recurrente no obtuvo de la Suprema Corte de Justicia una decisión fundamentada en derecho, porque no se aplicó de manera Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 7 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL correcta el numeral 3 del artículo 11 de la Ley 2-23, y tampoco fue efectiva la decisión porque no se refirió a la buena o mala aplicación de la ley en la sentencia atacada en casación (…) Producto de lo anteriormente expuesto, la parte recurrente concluye solicitando al Tribunal: PRIMERO: En cuanto a la forma, que sea ADMITIDO el presente Recurso de Revisión Constitucional en contra de la sentencia SCJ-PS- 25-1466, de fecha 31 de julio de 2025, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte De Justicia, en ocasión del recurso de casación incoado por el señor Carlos Alberto Rosado, contra la sentencia civil Núm. 335-2024-SSEN-00343, de fecha 28 de agosto de 2024, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, por haber sido interpuesto acorde las condiciones exigidas por el artículo 53 numeral 3 y siguientes de la Ley No. 137-11, de fecha 13 de junio de 2011, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. TERCERO: En cuanto al fondo, ANULAR la sentencia SCJ-PS-25- 1466, de fecha 31 de julio de 2025, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte De Justicia, en ocasión del recurso de casación incoado por el señor Carlos Alberto Rosado, contra la sentencia civil Núm. 335- 2024-SSEN-00343, de fecha 28 de agosto de 2024, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, por ser violatoria de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y debido proceso del señor Carlos Alberto Rosado, y en consecuencia, ENVIAR el expediente a la Sala correspondiente de la Suprema Corte de Justicia, para que Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 8 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL conozca nuevamente el caso, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54, numeral 9 de la Ley No. 137-11, de fecha 13 de junio de 2011, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. (sic) 5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrida en revisión La parte recurrida, ACB Anatómica Dominicana Capilar, S.R.L., Anatómica Hair Transplantation Center y el señor Enes Engin depositaron su escrito de defensa en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el doce (12) de noviembre de dos mil veinticinco (2025), recibido en este Tribunal Constitucional el cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), mediante el cual solicita lo siguiente: PRIMERO: Declarar bueno y válido el presente Escrito de Contestación, por haber sido depositado conforme a la ley. SEGUNDO: Rechazar, en todas sus partes, el Recurso de Revisión Constitucional de Sentencia interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado, por cuanto la Sentencia SCJ-PS-25-1466, de fecha 31 de julio de 2025, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, no vulnera, lesiona o amenaza los derechos fundamentales del Recurrente, sino que aplica correctamente una regla de admisibilidad de legalidad ordinaria. TERCERO: Condenar al Recurrente el señor Carlos Alberto Rosado al pago de las costas y gastos del proceso en favor de los licenciados Mirian J. Bueno Taveras, Junior Rafael Cespedes Amparo y Guillermo Jorge por haberlas avanzado en su totalidad. Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 9 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Para justificar sus pretensiones, alega, entre otros motivos, los siguientes: A. Aplicación correcta del artículo 11, numeral 3, de la Ley 2-23 por la SCJ (…) El monto que realmente se encontraba sub judice en la jurisdicción de alzada, y que limitaba el interés de la parte condenada, era la suma de un millon de pesos dominicanos (RD$1,000,000.00) impuesta en primer grado. Cuando la parte demandada recurrió en apelación, el debate económico quedó fijado por el monto de la condena, no por el monto original de la demanda. Al no haber apelación incidental del Recurrente para obtener los restantes nueve millones de pesos dominicanos (RD$9,000,000.00), este último monto quedó fuera de la controversia de apelación. Por lo tanto, el máximo interés económico que podía reivindicar el Recurrente ante la SCJ, al buscar la revocación de la sentencia de apelación, era el monto que había sido concedido y luego revocado un millon de pesos dominicanos (RD$1,000,000.00). […] B. Respeto al debido proceso y la tutela judicial efectiva La SCJ, al aplicar el filtro de admisibilidad, actuó dentro del marco legal, respetando el principio de legalidad. El derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso (Artículos 68 y 69 de la Constitución) garantizan que toda persona tenga acceso a la justicia y a un proceso equitativo. El Recurrente gozó plenamente de este derecho al litigar en dos grados de jurisdicción: el Juzgado de Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 10 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Primera Instancia y la Corte de Apelación. El recurso de casación es una vía extraordinaria. El derecho fundamental de acceso a la justicia no implica el acceso irrestricto a todos los recursos existentes, sino el acceso a los recursos previstos por la ley bajo las condiciones establecidas. 6. Pruebas documentales Entre los documentos depositados por las partes en el trámite del presente recurso de revisión constitucional se encuentran los siguientes: 1. Instancia contentiva del recurso de revisión jurisdiccional, depositado por la parte recurrente, señor Carlos Alberto Rosado, en el Centro de Servicios Secretariales de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial el veinte (20) de octubre de dos mil veinticinco (2025). 2. Copia de la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). 3. Acto núm. 302/2025, instrumentado por el ministerial Fausto Reynaldo Bruno Reyes, alguacil de estrados del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Altagracia, el treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025). 4. Escrito de defensa de la parte recurrida, ACB Anatómica Dominicana Capilar, SRL, Anatómica Hair Transplantation Center y el señor Enes Engin, depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el doce (12) de noviembre de dos mil veinticinco (2025). Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 11 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 7. Síntesis del conflicto De acuerdo con la documentación depositada en el expediente, y a luz de los hechos y argumentos invocados por las partes, el conflicto en cuestión se origina con motivo de una demanda en reparación de daños y perjuicios interpuesta por el señor Carlos Alberto Rosado contra la sociedad comercial ACB Anatómica Dominicana Capilar, S.R.L., y el señor Enes Engin. La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia resultó apoderada para el conocimiento de la referida demanda y mediante Sentencia núm. 186-2024- SSEN-00147, del siete (7) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), la acogió y condenó a la sociedad comercial ACB Anatómica Dominicana Capilar, S.R.L., y a Anatómica Hair Transplantation Center, conjunta y solidariamente, al pago de la suma de un millón de pesos dominicanos con 00/100 ($1,000,000.00) a favor del señor Carlos Alberto Rosado, por concepto de los daños morales experimentados. No conforme con la indicada sentencia, las sociedades ACB Anatómica Dominicana Capilar, S.R.L., y Anatómica Hair Transplantation Center interpusieron formal recurso de apelación que fue acogido en cuanto al fondo, mediante Sentencia núm. 335-2024-SSEN-00343, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), que revocó en todas sus partes la decisión recurrida y rechazó la demanda primigenia interpuesta por el señor Carlos Alberto Rosado. Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 12 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En desacuerdo con dicha decisión, el señor Carlos Alberto Rosado recurrió en casación, pero su recurso fue declarado inadmisible por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia mediante la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466 del treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Inconforme con esta decisión, el señor Carlos Alberto Rosado interpuso el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional que actualmente ocupa la atención de esta jurisdicción. 8. Competencia El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, en virtud de lo dispuesto en los artículos 185.4 y 277 de la Constitución; 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011). 9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional es admisible, en atención a los razonamientos siguientes: 9.1 La admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional está condicionada a que se interponga en el plazo de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de la sentencia, de conformidad a lo establecido en la parte in fine del artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11: El recurso se interpondrá mediante escrito motivado depositado en la Secretaría Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 13 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL del tribunal que dictó la sentencia recurrida, en un plazo no mayor de treinta días a partir de la notificación de la sentencia. [Énfasis nuestro] 9.2 En ese sentido, para la declaratoria de la admisibilidad de un recurso de revisión de decisión jurisdiccional se debe conocer si este fue interpuesto dentro del plazo que dispone la norma procesal, es decir, dentro de los treinta (30) días, plazo franco y calendario, de conformidad con el precedente fijado por el Tribunal en la Sentencia TC/143/15, del primero (1ro) de julio de dos mil quince (2015). 9.3 De igual manera, conforme el precedente establecido recientemente mediante la Sentencia TC/0109/24, del primero (1ro) de julio de dos mil veinticuatro (2024), (…) el plazo para interponer recursos ante esta instancia comenzará a correr únicamente a partir de las notificaciones de resoluciones o sentencias realizadas a la persona o al domicilio real de las partes del proceso, incluso si estas han elegido un domicilio en el despacho profesional de su representante legal. Este criterio se aplicará para determinar cuándo la parte que interpone el recurso ha tomado conocimiento de la decisión impugnada y, en consecuencia, para calcular el plazo establecido por la normativa aplicable. [Énfasis nuestro] 9.4 En el presente caso, de acuerdo con una certificación expedida por el secretario general de la Suprema Corte de Justicia —que consta en el expediente—la sentencia recurrida no fue notificada en la persona o domicilio de la parte recurrente. Ante esta situación, el Tribunal considera que el presente recurso fue presentado en tiempo hábil. Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 14 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 9.5 Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en los artículos 277 de la Constitución y el 53 de la Ley núm. 137-11, el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional procede contra las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada después de la proclamación de la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010). El indicado requisito se cumple en el presente caso, en razón de que la decisión recurrida fue dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025) y puso término al proceso de la especie. 9.6 Del mismo modo, el referido artículo 53 precisa que el recurso de revisión constitucional contra decisiones jurisdiccionales procede en tres casos: 1) cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional y 3) cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental. 9.7 En la especie, la recurrente ha invocado la causal prevista en el artículo 53.3, pues alega vulneración de sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. 9.8 Al invocarse esta causal, procede determinar si se satisfacen los siguientes requisitos adicionales: a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma. b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada. Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 15 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar. 9.9 Es importante destacar que mediante la Sentencia TC/0123/18, del cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho (2018), el Tribunal Constitucional unificó el criterio para la evaluación de las condiciones de admisibilidad previstas en los literales a, b y c del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11. En ese orden, precisó que esos requisitos se encontrarán satisfechos o no satisfechos, de acuerdo con el examen particular de cada caso: En efecto, el Tribunal asumirá que se encuentran satisfechos cuando el recurrente no tenga más recursos disponibles contra la decisión y/o la invocación del derecho supuestamente vulnerado se produzca en la única o última instancia, evaluación que se hará tomando en cuenta cada caso en concreto. Lo anterior no implica en sí un cambio de precedente debido a que se mantiene la esencia del criterio que alude a la imposibilidad de declarar la inadmisibilidad del recurso, bien porque el requisito (sic) se invocó en la última o única instancia o bien no existen recursos disponibles para subsanar la violación. 9.10 El Tribunal verifica que en el presente caso se satisface el requisito previsto en el artículo 53.3.a), pues la presunta vulneración a los derechos fundamentales invocados por la parte recurrente, se le atribuye a la decisión tomada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia al declarar inadmisible su recurso de casación. Por esta razón, no podía invocarla previamente, pues esta se presenta en ocasión de la decisión jurisdiccional recurrida. Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 16 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 9.11 De igual manera, se comprueba que también se satisface el requisito previsto en el artículo 53.3.b). Esto, en razón de que la sentencia objeto del presente recurso de revisión es la última de la vía ordinaria, por lo que debe estimarse que el recurrente agotó las vías judiciales disponibles y no cuenta con otro recurso disponible en la jurisdicción ordinaria, para subsanar las violaciones alegadas. 9.12 Finalmente, también se constata la satisfacción del requisito contenido en el artículo 53.3.c), toda vez que las vulneraciones invocadas por la parte recurrente son imputables de modo directo e inmediato a una acción u omisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, al declarar inadmisible su recurso de casación. 9.13 Por otra parte, de conformidad con el párrafo del precitado artículo 53 de la Ley núm. 137-11, la admisibilidad del recurso de revisión constitucional también está condicionada a que exista especial transcendencia o relevancia constitucional. En este sentido, el artículo 100 de la referida ley establece que la especial trascendencia o relevancia constitucional (…) se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales. 9.14 La referida noción, de naturaleza abierta e indeterminada, según fue definida por esta jurisdicción constitucional en la Sentencia TC/0007/12 ocurre —entre otros— en los casos siguientes: 1) (...) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) propicien por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 17 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional. 9.15 En consecuencia, el Tribunal considera que un recurso de revisión constitucional reviste especial trascendencia o relevancia constitucional cuando (Sentencia TC/0489/24, §. 9.41): (1) el asunto envuelto revela un conflicto respecto del cual el Tribunal Constitucional no ha establecido su criterio y su solución permita esclarecerlo y, además, contribuir con la aplicación y general eficacia de la Constitución o con la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales; (2) el conocimiento del fondo del asunto propicia, por cambios sociales o normativos o tras un proceso interno de autorreflexión, modificaciones, reorientaciones, redefiniciones, adaptaciones, actualizaciones, unificaciones o aclaraciones de principios o criterios anteriormente determinados por el Tribunal Constitucional; (3) el asunto envuelto revela un problema de trascendencia social, política, jurídica o económica cuya solución contribuya con el mantenimiento de la supremacía constitucional, la defensa del orden constitucional y la general eficacia de la Constitución, o con la determinación del contenido o alcance de los derechos fundamentales; (4) el asunto envuelto revela una notoria y manifiesta violación de derechos fundamentales en la cual la intervención del Tribunal Constitucional sea crucial para su protección Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 18 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL y, además, el conocimiento del fondo resulte determinante para alterar sustancialmente la situación jurídica del recurrente. 9.16 Ahora bien, en razón de la naturaleza extraordinaria, excepcional y subsidiaria del exigente y especial recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, sin perjuicio de cualquier escenario, supuesto o casuística que, por el carácter dinámico de nuestra jurisdicción, justifique o amerite el conocimiento del fondo por revelar la especial trascendencia o relevancia constitucional del asunto –aspecto que debe ser evaluado caso por caso– este tribunal estima pertinente señalar, también a modo enunciativo, aquellos escenarios o supuestos que, a la inversa y en principio, carecen de especial trascendencia o relevancia constitucional, tales como cuando (Sentencia TC/0489/24, §. 9.62): (1) el conocimiento del fondo del asunto: (a) suponga que el Tribunal Constitucional se adentre o intervenga en cuestiones propiamente de la legalidad ordinaria; (b) desnaturalice el recurso de revisión y la misión y rol del Tribunal Constitucional; (2) las pretensiones del recurrente: (a) estén orientadas a que el Tribunal Constitucional corrija errores de selección, aplicación e interpretación de la legalidad ordinaria o de normas de carácter adjetivo, o que revalore o enjuicie los criterios aplicados por la justicia ordinaria en el marco de sus competencias; (b) carezcan de mérito constitucional o no sobrepasen de la mera legalidad; (c) demuestren, más que un conflicto constitucional, su inconformidad o desacuerdo con la decisión a la que llegó la justicia ordinaria respecto de su caso; (d) sean notoriamente improcedentes o estén manifiestamente infundadas; (3) el asunto envuelto: (a) no ponga en evidencia, de manera liminar o aparente, ningún conflicto respecto de derechos fundamentales; (b) sea de naturaleza económica o refleje una controversia estrictamente monetaria o con connotaciones Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 19 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL particulares o privadas; (c) ha sido esclarecido por el Tribunal Constitucional, no suponga una genuina o nueva controversia o ya haya sido definido por el resto del ordenamiento jurídico; (4) sea notorio que la decisión impugnada en el recurso de revisión haya sido decidida conforme con los precedentes del Tribunal Constitucional. [Énfasis nuestro] 9.17 Finalmente, el Tribunal reitera su posición (Sentencia TC/0489/24, §. 9.64) en cuanto a que, si bien nuestra legislación no exige a los recurrentes, bajo sanción de inadmisibilidad, que motiven a este tribunal constitucional las razones por las cuales su conflicto reviste especial trascendencia o relevancia constitucional, no menos cierto es que una ausencia de argumentación en ese sentido dificulta que esta corte retenga dicha cualidad. De ahí la importancia de que, al momento de presentar un recurso de revisión, los recurrentes se aseguren y demuestren que sus pretensiones envuelven un genuino problema jurídico de relevancia y trascendencia constitucional; motivación que es separada o distinta de la simple alegación de violación de derechos fundamentales. Dicho esto, nada tampoco impide —como ha sido práctica reiterada— que esta corte pueda, dadas las particularidades del caso, apreciar dicha cualidad oficiosamente. 9.18 Luego del análisis de la instancia del recurso de revisión a la luz de lo dispuesto en el artículo 100, el Tribunal considera que el presente recurso reviste especial trascendencia y relevancia constitucional, pues el conocimiento de su fondo le permitirá seguir profundizando en torno a las dimensiones de protección inherentes al debido proceso y a la tutela judicial, concretamente en Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 20 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL cuanto a la igualdad procesal para acceder al recurso de casación y el límite precisado por el legislador con relación a la summa cassationis. 10. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional En cuanto al fondo del presente recurso de revisión, el Tribunal Constitucional expone lo siguiente: 10.1 El presente recurso de revisión constitucional impugna la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025), que declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. 335-2024-SSEN-00343, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticuatro (2024). 10.2 La parte recurrente alega, en esencia, que, al declarar inadmisible su recurso de casación fundamentada en que la condenación envuelta no excede el valor resultante de los cincuenta (50) salarios mínimos del más alto del sector privado vigente al momento de la interposición del recurso, de conformidad con el artículo 11.3 de la Ley núm. 2-23, sobre Recurso de Casación, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia incurrió en violación a sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, toda vez que realizó una mala aplicación del referido texto legal al no ser tomado en cuenta, para fines del cálculo, el monto reclamado en su demanda original. 10.3 En ese tenor, el recurrente sostiene, además, que: Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 21 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 21. La declaración de inadmisibilidad por no superar el umbral de 50 salarios mínimos impide el acceso efectivo a la justicia en su instancia superior, convirtiendo el recurso de casación en un remedio ilusorio para litigios de cuantía moderada. Este límite monetario restringe arbitrariamente el control de legalidad de las decisiones judiciales, dejando al recurrente sin posibilidad de revisión casacional pese a la existencia de vicios procesales y errores de derecho en la sentencia de apelación. (…) 22. La aplicación del umbral monetario discrimina económicamente al recurrente, ya que condiciona el acceso al recurso de casación a la capacidad económica implícita en la cuantía del litigio. Litigantes con demandas de menor monto, como en casos de daños morales derivados de procedimientos médicos accesibles, quedan excluidos de la revisión suprema, mientras que aquellos con cuantías superiores gozan de plena tutela. Esta distinción carece de razonabilidad y proporcionalidad, violando el principio de igualdad ante la ley. 10.4 Por su parte, ACB Anatómica Dominicana Capilar, S.R.L., Anatómica Hair Transplantation Center y el señor Enes Engin, considera que el presente recurso de revisión debe ser rechazado, toda vez que la decisión impugnada no vulnera, lesiona o amenaza los derechos fundamentales del recurrente, sino que aplica correctamente una regla de admisibilidad de legalidad ordinaria. Lo anterior pues, [c]uando la parte demandada recurrió en apelación, el debate económico quedó fijado por el monto de la condena, no por el monto original de la demanda. Al no haber apelación incidental del Recurrente para obtener los restantes nueve millones de pesos dominicanos (RD$9,000,000.00), este último monto quedó fuera de la Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 22 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL controversia de apelación. Por lo tanto, el máximo interés económico que podía reivindicar el Recurrente ante la SCJ, al buscar la revocación de la sentencia de apelación, era el monto que había sido concedido y luego revocado un millon de pesos dominicanos (RD$1,000,000.00). [sic] 10.5 En virtud de lo anterior, procede analizar si al inadmitir el recurso de casación por aplicación del límite debido a la cuantía envuelta o summa cassationis, legalmente instituido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia realizó una aplicación e interpretación de las disposiciones contenidas en el artículo 11 de la Ley núm. 2-23 sin vulnerar los derechos fundamentales invocados o si, por el contrario —y como alega la parte recurrente—, incurrió en violación a los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, concretamente en su dimensión concerniente al trato procesal igualitario de cara al acceso al recurso extraordinario de casación en cuanto al señor Carlos Alberto Rosado. 10.6 Sobre la admisibilidad del recurso de casación, el artículo 11.3de la Ley núm. 2-23 establece lo siguiente: Improcedencia. No podrá interponerse recurso de casación, sin perjuicio de otras disposiciones legales que lo excluyen, contra: […] 3) Las sentencias que resuelven demandas que tienen por objeto exclusivo obtener condenas pecuniarias, restitución o devolución de dinero, cuya cuantía debatida en el juicio en única o en última instancia, no supere la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos del más alto para el sector privado, vigente al momento de la interposición del recurso. En la determinación de esta cuantía solo se Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 23 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL tomará en cuenta los montos que interesan a la parte recurrente en su demanda principal, adicional o reconvencional, según corresponda, salvo solidaridad o indivisibilidad, sin computar los accesorios. En materia laboral aplica el régimen de la cuantía dispuesto por el Código de Trabajo. [Énfasis nuestro] 10.7 Luego de haber ponderado los documentos del expediente, así como los argumentos desarrollados por el señor Carlos Alberto Rosado y las entidades ACB Anatómica Dominicana Capilar, S.R.L, y Anatómica Hair Transplantation Center, así como la decisión jurisdiccional recurrida, el Tribunal verifica lo siguiente: i) El proceso se origina con motivo de una demanda en reparación de daños y perjuicios, teniendo como principal objeto el reclamo de una suma de dinero de diez milones de pesos (RD$10,000,000.00). ii) La demanda fue acogida y las sociedades ACB Anatómica Dominicana Capilar, S.R.L., y Anatómica Hair Transplantation Center terminaron condenadas, conjunta y solidariamente, al pago de un millón de pesos ($1,000,000.00) a favor del señor Carlos Alberto Rosado, por concepto de daños morales. iii) La referida decisión fue recurrida en apelación, únicamente por ACB Anatómica Dominicana Capilar, S.R.L., y Anatómica Hair Transplantation Center. Dicho recurso fue acogido, la decisión de primera instancia fue revocada y la demanda original en reparación de daños y perjuicios fue rechazada. 10.8 Partiendo de lo anterior y, de conformidad con lo dispuesto el precitado artículo 11.3 de la Ley núm. 2-23, para determinar el cumplimiento del Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 24 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL presupuesto de admisibilidad relativo a la cuantía envuelta, el monto a tomar en cuenta por la corte de casación para realizar el cálculo es el debatido en el juicio en única o en última instancia, es decir, el monto que se debatió en la sentencia impugnada en casación, en este caso en la sentencia de la corte de apelación. Tomando en cuenta que la parte demandante (ahora recurrente) no recurrió en apelación el monto fijado por la sentencia de primera instancia, un millón de pesos dominicanos con 00/100 ($1,000,000.00), sino que únicamente recurrió en apelación la parte demanda, el objeto del debate no eran los diez millones de pesos dominicanos con 00/100 ($10,000,000.00) de la demanda originaria, sino —como bien precisó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia en su decisión—, el monto de un millón de pesos dominicanos con 00/100 ($1,000,000.00) establecido por el juez de primera instancia. 10.9 Así las cosas y, de acuerdo con el cálculo realizado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, la cuantía debatida en el proceso de la especie no supera el importe de los cincuenta (50) salarios mínimos establecidos en el artículo 11.3 de la Ley núm. 2-23; toda vez que la Resolución núm. 01-2023, dictada por el Comité Nacional de Salarios en fecha 8 de marzo de 2023, dispuso un aumento en la tarifa del salario mínimo para el sector privado a ser ejecutado de forma escalonada: a partir del 1ro. de abril de 2023 el salario mínimo más alto sería de RD$24,150.00 mensuales, mientras que a partir del 1ro. de febrero de 2024, RD$24,990.00 mensuales. Es decir, que, para la fecha de interposición del presente recurso, esto es, el 26 de noviembre de 2024, estaba vigente la segunda tarifa, en consecuencia, el monto de cincuenta (50) salarios mínimos asciende a la suma de RD$1,249,500.00. Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 25 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 10.10 El Tribunal verifica que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia se limitó a aplicar una regla de procedimiento, como resultado de la insatisfacción de un requisito general dispuesto por el legislador al momento de configurar los presupuestos de admisibilidad del recurso de casación.2 Y es que, como se ha enfatizado en ocasiones anteriores, casación no es una tercera instancia, su naturaleza es extraordinaria (al haberse agotado dos instancias de fondo), por lo que el acceso a dicho recurso puede ser limitado o sujeto a presupuestos de admisibilidad, como es el caso de la disposición contenida en el artículo 11.3 de la Ley núm. 2-23. En cuanto a este aspecto, en la Sentencia TC/0379/253 se precisó lo siguiente: 10.14. Así que este colegiado ha comprobado que la sentencia impugnada ha sido dictada de conformidad con las formalidades propias de cada juicio, pues el recurso de casación es una materia especial cuyo procedimiento está regulado en la citada Ley núm. 2-23, especificando los casos y las circunstancias en las que procede aplicar la inadmisibilidad del recurso. Una de ellas es la prevista en el numeral 3) del artículo 11, cuando se comprueba el monto condenatorio no supere la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos del más alto para el sector privado, vigente al momento de la interposición del recurso. [Énfasis agregado] […] 10.16. En definitiva, la regulación del proceso de casación obliga a las partes a cumplir con las actuaciones procesales dispuesta en la ley, que son, a su vez, las formalidades propias del recurso de casación, sin que ello suponga una violación al debido proceso previsto en el citado artículo 69 de la Constitución, como sostiene la parte recurrente. 2 Ver Sentencia TC/1435/25, del diecinueve (19) de diciembre de dos mil veinticinco (2025). 3 Del trece (13) de junio de dos mil veinticinco (2025). Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 26 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 10.11 Asimismo, en la Sentencia TC/1435/25, en un caso similar a este, el Tribunal precisó lo siguiente: 11.10. A propósito de lo anterior debe tenerse por claro, de acuerdo con la Sentencia TC/0233/25, del dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025), que la regulación del proceso de casación obliga a las partes a cumplir con las actuaciones procesales dispuestas en la ley, que son, a su vez, las formalidades propias del recurso de casación; es decir, que para acceder a la justicia casacional los actores procesales deben ceñirse al acatamiento de las reglas de procedimiento instituidas en las disposiciones normativas que se hallan vigentes en el ordenamiento jurídico dominicano. [Énfasis agregado] 10.12 De igual manera, en la Sentencia TC/1097/24, dictada en el marco de una acción directa de inconstitucionalidad contra los artículos 11, numeral 3, 27 y 56 de la Ley núm. 2-23, se expuso lo siguiente: Con base en lo previamente señalado, este tribunal constitucional considera que lo prescrito por el numeral 3, del artículo 11, de la Ley núm. 2-23, contrario a lo aducido por el accionante, se encuentra conforme a la Constitución al tratarse de una limitación razonable del derecho al recurso, el cual, en principio, como todo derecho fundamental no es absoluto y el ejercicio del mismo se encuentra sujeto a la configuración dada por el legislador democrático, la cual, como se puede apreciar, mantiene una summa cassationis que tiene como finalidad limitar el acceso de aquellos casos en los que se discuten intereses pecuniarios los cuales por la cuantía a la que se elevan no ameritan ser conocidos por la vía extraordinaria de la casación, todo ello en aras de evitar el congestionamiento por exceso de carga laboral y garantizar una sana administración de la justicia. Queda, pues, la vía Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 27 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL abierta de manera excepcional solo a aquellos recursos que presenten un auténtico interés casacional según el criterio de los jueces de la Suprema Corte de Justicia en funciones de corte de casación. Por tanto, al no ser patente la alegada inconstitucionalidad de dicha disposición legal, procede rechazar los alegatos del accionantes en cuanto a este punto. (§h) 10.13 En virtud de las razones previamente expuestas y en consonancia con los precitados precedentes, el Tribunal considera que con su decisión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia realizó una correcta aplicación e interpretación de la disposición contenida en el artículo 11.3 de la Ley núm. 2- 23, sin conferir al recurrente un trato desigual o discriminatorio frente a otros usuarios del servicio judicial con pretensión de acceder al control casacional. 10.14 En ese sentido, considerando la naturaleza estrictamente declarativa de la decisión jurisdiccional que inadmite el recurso de casación por no alcanzar la cuantía o summa cassationis, prefijada en cincuenta (50) salarios mínimos del más alto para el sector privado y, en efecto, determinarse que en ese discurrir el tribunal a quo no transgredió presupuesto o prerrogativa alguna de las que integran la tutela judicial efectiva y el debido proceso con base en las que podría advertirse la violación a algún derecho fundamental, procede rechazar el recurso de revisión constitucional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado y confirmar en todas sus partes la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Esta decisión, aprobada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran los magistrados Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente; Army Ferreira y María del Carmen Santana de Cabrera, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 28 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto disidente del magistrado Fidias Federico Aristy Payano. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional DECIDE: PRIMERO: DECLARAR ADMISIBLE, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466. TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011). CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor Carlos Alberto Rosado, y a la parte recurrida, sociedades ACB Anatómica Dominicana Capilar, S.R.L, Anatómica Hair Transplantation Center y el señor Enes Engin. QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional. Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 29 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Aprobada: Miguel Valera Montero, primer sustituto, en funciones de presidente; Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta; José Alejandro Ayuso, juez; Fidias Federico Aristy Payano, juez; Alba Luisa Beard Marcos, jueza; Manuel Ulises Bonnelly Vega, juez; Sonia Díaz Inoa, jueza; Domingo Gil, juez; Amaury A. Reyes Torres, juez; José Alejandro Vargas Guerrero, juez. VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO FIDIAS F. ARISTY PAYANO Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en esta sentencia, y coherente con la opinión que mantuve en la deliberación, ejerzo la facultad prevista en los artículos 186 de la Constitución y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, núm. 137- 11. En tal sentido, presento mi voto particular fundado en las razones que expongo a continuación: 1. La controversia que nos ocupa tiene su origen con la declaratoria de inadmisibilidad que pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia sobre el recurso de casación presentado por el Sr. Carlos Alberto Rosado. Para decidir de aquella manera, la alta corte juzgó que la cuantía envuelta en el litigio no superaba el monto exigido por el artículo 11, numeral 3, de la Ley sobre Recurso de Casación, núm. 2-23, equivalente a cincuenta salarios mínimos del más alto para el sector privado, que, para el caso concreto, sumaba RD$1,249,500.00. Precisó que la cuantía del litigio que debía tomarse en consideración era la condena fijada por el tribunal de primera instancia, en cuanto dicha sentencia fue apelada tan solo por la parte demandada. 2. En desacuerdo, el Sr. Rosado acudió ante el Tribunal Constitucional a través del recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales. Nos solicitaba que anuláramos la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Alegaba Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 30 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL que la referida disposición legal no fue ponderada debidamente porque no tomó en consideración el monto que este perseguía en su demanda original. Agregaba que la exigencia monetaria, contenida en la mencionada Ley 2-23, impedía su acceso a la justicia, específicamente al recurso de casación. Sostenía que lo anterior vulneraba la tutela judicial efectiva y debido proceso, consagrado en el artículo 69 de la Constitución. 3. Al conocer el asunto, la mayoría del Pleno decidió admitir y rechazar el recurso de revisión constitucional. Sin embargo, con el debido respeto a mis colegas, sostengo que el Tribunal Constitucional debió inadmitir el recurso de revisión por carecer el conflicto de especial trascendencia o relevancia constitucional, conforme lo exige el párrafo del artículo 53 de la Ley 137-11 y en atención al criterio particular que he desarrollado sobre esta figura en las sentencias TC/0441/24, TC/1093/24, TC/1095/24, TC/0116/25, TC/0385/25, TC/0447/25, TC/0748/25, TC/0753/25, TC/0770/25, TC/1092/25, TC/1168/25, TC/1212/25, TC/1529/25, TC/0021/26, TC/0078/26, TC/0222/26, entre otras. 4. En ese sentido, para sostener mi criterio, me referiré, en un primer lugar, a algunos aspectos básicos de este particular recurso. Luego, abordaré el recurso de revisión constitucional cuando el recurrente alega la violación de un derecho fundamental; momento en el cual trataré la especial trascendencia o relevancia constitucional. Finalmente, me referiré el caso concreto. 1. El recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales 5. Con la proclamación de la Constitución de 2010, el constituyente creó el Tribunal Constitucional. Dice el artículo 184: «Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales». Acto seguido, numeró, en el artículo 185, las distintas atribuciones a cargo de esta Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 31 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL nueva alta corte e incluyó, en el numeral 4, una reserva de ley: «cualquier otra materia que disponga la ley». 6. En efecto, una lectura del artículo 185 de la Constitución arroja que el constituyente no le otorgó —ahí, en ese artículo— competencia para revisar la constitucionalidad de las decisiones jurisdiccionales. Sin embargo, el artículo 277 demuestra tal intención cuando afirma lo siguiente: Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional[,] y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia. 7. Nótese que tal disposición reconoce —en negativo— que el Tribunal Constitucional no podrá revisar las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada antes de la proclamación de la Constitución de 2010. Una derivación lógica concluye, pues, lo contrario: que las que adquirieran tal cualidad después, sí podrían serlo; y para no dejar espacio a la duda, así lo dijo el constituyente expresamente en la parte final del citado artículo: «las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia». 8. Es, pues, partiendo de las disposiciones constitucionales anteriores que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, núm. 137-11, regula no solo las atribuciones que, expresamente, el constituyente le asignó a esta alta corte en su artículo 185, sino que, además, abordó otras. Me refiero, específicamente, a la revisión de Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 32 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL sentencias de amparo y a la revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales. Dado el caso concreto, solo abordaré esta última. 9. El artículo 53 de la Ley 137-11 es claro al reconocerle esta competencia al Tribunal Constitucional: «El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de enero de 2010, fecha de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución». Sin embargo, el legislador se encargó de precisar que esa revisión solo era posible en tres casos específicos. A esos tres casos o escenarios le llamamos causales. Están contenidos, pues, en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 53. Veamos: (1) cuando la decisión declare inaplicable, por inconstitucional, una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; (2) cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional; o (3) cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental. 10. Desde ya, esto demuestra que el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales no constituye una [nueva] instancia, y, en este sentido, no tiene como finalidad determinar si el juez falló bien o mal, sino que su misión se circunscribe a establecer si hubo violación a un precedente suyo, así como determinar si la ley aplicada en el ámbito del Poder Judicial es conforme a la [C]onstitución y, finalmente, examinar si se produjo violación a los derechos fundamentales. (TC/0157/14) 11. Lo anterior significa que para el Tribunal Constitucional admitir un recurso de revisión constitucional y, a su vez, conocer el fondo del asunto, el recurrente tiene que haberlo sustentado en al menos una de las tres causales que contiene el artículo 53 de la Ley 137-11. De ahí que si el recurrente alega, por ejemplo, Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 33 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL que el Poder Judicial desconoció un precedente del Tribunal Constitucional, decimos que el recurso de revisión está basado en la segunda causal, en el numeral 2 del artículo 53 o, sencillamente, en el artículo 53.2; y si argumenta, por ejemplo, que se le vulneró un derecho fundamental, decimos que lo está en la tercera causal, en el numeral 3 del artículo 53 o, sencillamente, en el artículo 53.3. 12. Ahora bien, en esa última causal, relativa a la violación de un derecho fundamental, el legislador especificó algunos requisitos de admisibilidad adicionales. Nótese que, en el numeral 3 de su artículo 53, la Ley 137-11 indica que la revisión de la decisión jurisdiccional, cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental, es posible «siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos». Veremos los requisitos en breve, pero primero quiero dejar constancia de que esa especificación —es decir, esos requisitos de admisibilidad adicionales— aplica solamente, exclusivamente, únicamente, a esa causal de revisión en particular (artículo 53.3). No son exigidos para las otras dos causales (artículos 53.1 y 53.2). 13. Hasta ahora, hemos visto que el Tribunal Constitucional podrá revisar la constitucionalidad de las decisiones jurisdiccionales siempre que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad a la proclamación de la Constitución de 2010 y que se sustenten en al menos una de las tres causales de revisión que traza el artículo 53 de la Ley 137-11. Dicho de otra manera, es necesario que, independientemente de la causal sobre la que esté basado el recurso de revisión, la decisión jurisdiccional tenga la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Esto equivale a decir que esa cualidad es exigible a todas las causales de revisión. Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 34 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 14. Pero cuando el recurrente se basa en la tercera causal —en el numeral 3— del artículo 53 de la Ley 137-11, como avancé antes, aplican algunas exigencias de admisibilidad adicionales. Estas son: a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma. b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada. c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable[,] de modo inmediato y directo[,] a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar. 15. Finalmente, el párrafo del artículo 53 de la Ley 137-11 añade todavía otro requisito: La revisión por la causa prevista en el [n]umeral 3) de este artículo s[o]lo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando [e]ste considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre el asunto planteado. 16. En efecto, las exigencias de admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, independientemente de la causal en la que se sustente, lo hacen mínimamente un recurso extraordinario y Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 35 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL especial. Nótese que (1) debe presentarse en contra de una decisión jurisdiccional (2) que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y que (3) sea acusada de haber incurrido en al menos uno de tres escenarios específicamente señalados por ley. Pero cuando el recurso de revisión constitucional se sustenta en la tercera causal, es decir, en la violación de derechos fundamentales, un paquete adicional de requisitos de admisibilidad lo convierten, además, en un recurso excepcional y subsidiario. Estamos, entonces, frente de un recurso que es particularmente exigente. Y lo es con razón: es un recurso que está llamado a cuestionar lo que ha sido decidido con firmeza por el Poder Judicial. Es un recurso de revisión que, en esa medida, coloca en tensión a la seguridad jurídica. 17. De hecho, esto ya había sido advertido por el propio legislador en las consideraciones novena y décima de la misma Ley 137-11. Nótese que, si bien los congresistas vieron la necesidad de «establecer un mecanismo jurisdiccional a través del cual se garantice la coherencia y unidad de la jurisprudencia constitucional», esto debía hacerse «siempre evitando la utilización de los mismos en perjuicio del debido proceso y la seguridad jurídica». Además, añadieron que el [a]rtículo 277 de la Constitución de la República atribuyó a la ley la potestad de establecer las disposiciones necesarias para asegurar la adecuada protección y armonización de los bienes jurídicos envueltos en la sinergia institucional que debe darse entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, tales como la independencia judicial, la seguridad jurídica derivada de la adquisición de la autoridad de cosa juzgada y la necesidad de asegurar el establecimiento de criterios uniformes que garanticen en un grado máximo la supremacía constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 36 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 18. Es, pues, considerando todo lo anterior que sostengo que cuando el Tribunal Constitucional se adentra a revisar la constitucionalidad de una decisión jurisdiccional, debe ser cuidadoso, meticuloso, riguroso, exigente. De lo contrario, corre el riesgo de innecesariamente colocar en tensión la seguridad jurídica que se deriva de las decisiones jurisdiccionales que han adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; elemento, por cierto, esencial e indispensable en un Estado social y democrático de derecho como el nuestro. 19. De hecho, en su Sentencia TC/0367/15, esta corte expuso que, si bien «el legislador ha abierto la posibilidad de este recurso», «lo ha hecho de forma tal que ha dejado clara y taxativamente establecido su propósito de evitar que se convierta en un recurso más y que, con ello, este órgano constitucional se transforme en una especie de cuarta instancia». Es decir, que «el legislador ha querido limitar, en la medida de lo posible, la interposición del recurso de revisión de decisión jurisdiccional a los fines de salvaguardar los principios de seguridad jurídica y de independencia del Poder Judicial». 20. Aclarado esto, se revela que, en la evaluación de un recurso de revisión constitucional, el Tribunal Constitucional debe seguir, clínicamente, un orden lógico procesal. Debido a que «las normas relativas a vencimiento de plazos son normas de orden público, por lo cual su cumplimiento es preceptivo y previo al análisis de cualquier otra causa de inadmisibilidad» (TC/0543/15), lo primero que debe hacer esta corte es evaluar si el recurso de revisión se presentó dentro del plazo que para ello fija la norma. En efecto, el artículo 54.1 de la Ley 137- 11 señala que el recurso de revisión constitucional debe presentarse dentro de los treinta días que sigan a la notificación de la decisión jurisdiccional que se pretende impugnar. 21. Una vez verificado que el recurso de revisión constitucional se presentó a tiempo, lo segundo que el Tribunal Constitucional debe hacer es constatar si la Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 37 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL decisión jurisdiccional impugnada cuenta con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Posteriormente, en caso afirmativo, la corte debe identificar bajo cuál o cuáles causales el recurrente ha presentado su recurso de revisión; momento en el cual deberá asegurarse que los argumentos presentados por el recurrente son lo suficientemente claros, precisos y coherentes para poder ser contestados en una etapa de fondo. 22. En principio, hasta ahí llega el examen de admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales. Sin embargo, si el recurrente lo sustenta en la tercera causal —en el numeral 3— del artículo 53 de la Ley 137-11, relativo a la violación de derechos fundamentales, entonces el Tribunal Constitucional deberá tomar pasos adicionales. Deberá examinar, uno por uno, los tres literales y el párrafo que componen el referido artículo 53.3: (a) ¿El recurrente solicitó la protección del derecho fundamental vulnerado en cuanto tomó conocimiento de su vulneración? (b) ¿El recurrente agotó todos los recursos que tenía disponible en búsqueda de proteger el derecho fundamental vulnerado? (c) ¿Esa vulneración es imputable, de manera inmediata y directa, a alguna acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que la violación del derecho fundamental se produjo? (párrafo) ¿El asunto es constitucionalmente relevante y trascendente? 23. Lo anterior pone de manifiesto tres cosas. La primera es que si el recurso de revisión constitucional se fundamenta, por ejemplo, solo en la primera o segunda causal —en los numerales 1 o 2— del artículo 53 de la Ley 137-11, no tiene que estar el Tribunal Constitucional examinando los requisitos adicionales de admisibilidad que exige la tercera causal —el numeral 3— del mencionado artículo 53. Sencillamente, no le son aplicables. El único requisito de admisibilidad —en adición al plazo y la motivación clara, precisa y coherente del recurso de revisión, por supuesto— que comparten las tres causales de Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 38 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL revisión del artículo 53 es la necesidad de que la decisión jurisdiccional impugnada tenga la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. 24. La segunda es que, antes de evaluar la satisfacción o no de los literales a), b) y c) del artículo 53.3 de la Ley 137-11, así como de su párrafo, es necesario e indispensable identificar primero las faltas que el recurrente le atribuye al órgano jurisdiccional. Es decir, que el recurrente debe haber dicho cómo y por qué se le vulneraron sus derechos fundamentales. Debe especificar qué acción, qué omisión, qué hecho, dio lugar a aquella transgresión. Obviamente, los derechos fundamentales no se vulneran solos. Algo puntual, específico, debe haber provocado o dado lugar a aquella violación. 25. En efecto, tal como reconocimos en la Sentencia TC/0279/15, [c]uando se trate de la tercera causal: violación de un derecho fundamental, el nivel de argumentación es aún más riguroso, porque la admisibilidad del recurso está condicionada al cumplimiento de varios requisitos. En efecto, está a cargo del recurrente identificar el derecho alegadamente violado y[,] una vez hecha esta identificación, debe explicar las razones de hecho y de derecho en las cuales se fundamenta dicha violación. 9.5. En adición a las explicaciones anteriores, corresponde al recurrente demostrar que la violación invocada es imputable al órgano que dictó la sentencia, e igualmente que agotó los recursos previsto en el derecho común y que puso a los tribunales del orden judicial en condiciones de subsanar los vicios que le imputa. 26. Siguiendo esta lógica, si no se identifica primero la falta que da origen a la violación del derecho fundamental, es materialmente imposible analizar si el Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 39 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL recurrente denunció su vulneración en cuanto tomó conocimiento de ella, conforme lo exige el literal a) del artículo 53.3; si, en sus recursos, el recurrente procuró la reparación del referido derecho fundamental, conforme lo requiere el literal b); ni si tal transgresión es imputable, de modo inmediato y directo, a alguna acción u omisión del órgano jurisdiccional, conforme lo precisa el literal c). Entonces, el Tribunal Constitucional no puede —no debe— examinar la satisfacción de los literales a), b) y c) sin antes —es decir, sin primero— evaluar cuáles son las faltas que el recurrente le atribuye al órgano jurisdiccional y sin evaluar si este explica cómo se materializó la supuesta violación de sus derechos fundamentales. Esto mucho menos permite apreciar si el asunto revise especial trascendencia o relevancia constitucional. 27. La tercera es, entonces, que, para conocer el fondo de un recurso de revisión, los medios de revisión elevados —las faltas que el recurrente le atribuye al órgano jurisdiccional— deben superar, cada uno, todos los filtros de admisibilidad que traza la Ley 137-11. Si alguno no los supera o satisface, estos medios de revisión deben ser desestimados, desechados, descartados, inadmitidos, pues, en la fase de admisibilidad, de forma tal que, en fondo, solo se conozcan y contesten aquellos que sí los superan y satisfacen. 28. Dicho todo esto, en esta ocasión no veremos todos estos requisitos. Considero que, en este caso, el Tribunal Constitucional los aplicó correctamente. Por ello, me remito a los criterios particulares que he desarrollado en las sentencias TC/0362/24, TC/0493/25 y TC/0854/25, entre otras. En esa medida, solo abordaré el recurso de revisión constitucional cuando se sustenta en la tercera causal —en el numeral 3— del artículo 53 de la Ley 137-11. Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 40 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 2. El recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales cuando se ha producido una violación de un derecho fundamental 29. Si el recurrente sustenta su recurso de revisión constitucional en la tercera causal —en el numeral 3— del artículo 53 de la Ley 137-11, el legislador ha condicionado su admisibilidad a cuatro exigencias adicionales. Las vimos antes, pero conviene repetirlas: (1) que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en cuanto el recurrente haya tenido conocimiento de ello; (2) que, en búsqueda de proteger su derecho fundamental, el recurrente haya agotado todos los recursos que tenía a su disposición; (3) que la vulneración del derecho fundamental sea imputable, de manera inmediata y directa, a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que la violación se produjo; y (4) que el asunto revista especial trascendencia o relevancia constitucional. 30. Realmente, al examinar el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales basado en esta particular —en la tercera— causal, podríamos decir que estamos frente a una especie de amparo en la medida que persigue la protección de derechos fundamentales. De hecho, ese es el nombre que recibe en España: «recurso de amparo constitucional». Sin embargo, a diferencia del amparo ordinario dominicano, que pretende subsanar las violaciones de derechos fundamentales cometidas por cualquier persona, la tercera causal — el numeral 3— del artículo 53 de la Ley 137-11 se enfoca, solamente, únicamente, exclusivamente, en los derechos fundamentales vulnerados por los órganos jurisdiccionales; y no de cualquier forma, por cierto, sino «de modo inmediato y directo» y «con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso». Es lo que se lee, textualmente, expresamente, explícitamente, del literal c) de la mencionada causal (artículo 53.3.c). Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 41 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 31. Considerando lo recién precisado, este es el único requisito de admisibilidad de los tres literales de la tercera causal —del numeral 3— del artículo 53 de la Ley 137-11 —es decir, el literal c)— que, a mi juicio, tiene una condición material o sustancial. Esto porque define y le da sentido a esta causal. Así, no basta con que exista una violación de un derecho fundamental, sino que haya sido el órgano jurisdiccional el que la haya producido de una forma directa e inmediata. El resto de los requisitos —aunque igual de importantes— suponen condiciones formales que dependen del propio recurrente: haber solicitado al órgano jurisdiccional que proteja o subsane el derecho fundamental tan pronto el recurrente haya tenido conocimiento de su vulneración; y haber agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente en procura de la protección del derecho fundamental. 32. Dicho lo dicho, tampoco veremos aquí —porque comprendo que el Tribunal Constitucional las valoró correctamente— las exigencias de admisibilidad requeridas por los literales a), b) y c) del referido artículo 53.3 de la Ley 137-11. Para ello, me remito a la postura particular que he desarrollado en las sentencias TC/0362/24, TC/0281/25, TC/0447/25, TC/0450/25, TC/0461/25, TC/0678/25, TC/0753/25, TC/1092/25 y TC/1529/25, entre otras. En cambio, tan solo abordaré la especial trascendencia o relevancia constitucional, no sin antes subrayar lo exigente que es el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales que, incluso satisfaciéndose todos estos requisitos de admisibilidad, la Ley 137-11 añade todavía otro más en el párrafo del artículo 53: que el asunto sea constitucionalmente trascendente o relevante. 33. Veamos, pues, la especial trascendencia o relevancia constitucional. Desde mi juicio, esta figura es una que, en el marco del recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, permite, entre otros aspectos vitales, que el Tribunal Constitucional se cuestione si el asunto es lo Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 42 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL suficientemente trascendente, relevante, importante como para volver sobre un conflicto que ya fue resuelto con firmeza, es decir, de manera irrevocable. 2.1. La especial trascendencia o relevancia constitucional 34. Si bien la especial trascendencia o relevancia constitucional ha sido incorporada en muchas jurisdicciones como un requisito de admisibilidad para «evitar la sobrecarga de los tribunales con casos respecto de los que esta jurisdicción haya establecido un criterio reiterativo» (TC/0085/21), es decir, por razones fácticas o cuantitativas, no menos cierto —ni menos importante— es que dicha figura también encuentra su propósito en razones institucionales o cualitativas. Esto último se debe, entre otros, a la naturaleza, misión y rol especial y extraordinario del Tribunal Constitucional, particularmente cuando se adentra a revisar decisiones jurisdiccionales que han adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Así lo hemos manifestado: se procura evitar que el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales sea utilizado para disminuir la eficacia y la eficiencia de las decisiones de los jueces del Poder Judicial y, consecuentemente, que la jurisdicción especializada del Tribunal Constitucional sea utilizada para tales fines, contraviniendo, de esa manera, la altísima dignidad de su destino institucional. (TC/0040/15) 35. Además, [e]esto se justifica, en virtud de la naturaleza extraordinaria, excepcional y subsidiaria del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, la que, a su vez, se fundamenta en el hecho de que este recurso modula el principio de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en la medida de proveer la posibilidad de Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 43 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL revisar una decisión definitiva, generando así una afectación a la seguridad jurídica. Es, pues, todo esto lo que explica y justifica el requerimiento, por demás trascendente, de que el asunto, además de cumplir con los requisitos señalados, tenga especial transcendencia y relevancia constitucional. (TC/0104/15) 36. En Colombia, la Corte Constitucional ha juzgado, en su Sentencia T- 101/24, que [e]l objeto de la acción de tutela no puede ser reabrir debates concluidos en el proceso judicial originario, pues el mecanismo de amparo constitucional no es una tercera instancia, ni remplaza los recursos que el ordenamiento jurídico ha puesto a disposición de las partes. 37. En ese sentido, el Tribunal Constitucional no es una corte de casación universal ni una nueva instancia del Poder Judicial. Esto supone que, ante esta especialísima jurisdicción, no cualquier asunto puede ser sometido a su consideración. De lo contrario, corre el riesgo de producir tensiones institucionales innecesarias. En efecto, en este tipo de recurso de revisión no solo se pone en tensión —como ya dijimos— la seguridad jurídica derivada de las decisiones jurisdiccionales que han adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, sino también lo constitucional con lo legal, lo especial con lo ordinario; y la especial trascendencia o relevancia constitucional es una figura que está llamada a garantizar la sinergia entre ambos, delimitando el espacio que corresponde a cada uno. (TC/0489/24) Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 44 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 38. Por esto, en su Auto 145/1983, el Tribunal Constitucional de España juzgó que el Tribunal Constitucional no se trata de una jurisdicción que juzgue de la legalidad, misión específicamente otorgada por las leyes a la jurisdicción de los [t]ribunales ordinarios, y mucho menos que el TC sea una jurisdicción de equidad que tenga como misión corregir aquellos fallos de los [t]ribunales en que la aplicación estricta de la letra de la ley no haya tenido en cuenta las consecuencias en otros órdenes de valores. En otras palabras[,] que el TC no es una nueva instancia referida a la jurisdicción ordinaria. El TC tiene su competencia limitada[,] y concretamente en el recurso de amparo su misión es juzgar sobre la constitucionalidad o no de las presuntas violaciones de derechos y libertades originados por disposiciones, actos jurídicos o simples vías de hecho de los poderes públicos […] 39. En otras palabras, nuestro homólogo español ha destacado, en su Sentencia 24/1990, que no es una «instancia casacional destinada a velar por la corrección interna de la interpretación jurisdiccional de la legalidad ordinaria, para lo cual un Tribunal Constitucional carece de jurisdicción». De hecho, nosotros lo hemos dicho en términos similares. Por ejemplo, en nuestra Sentencia TC/0152/14 inadmitimos un recurso de revisión sobre la base de que los argumentos planteados por la parte recurrente[] se circunscriben a determinar si la ley ha sido bien o mal aplicada al caso particular, función que está reservada, de manera exclusiva, a la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación […], por lo que el presente recurso Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 45 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales deviene inadmisible. 40. En definitiva, nuestro homólogo español juzgó, en su Auto 420/1985, que la vía del recurso de amparo no es la apropiada, en términos generales, para solicitar la modificación de la interpretación judicial de una norma incorporada a nuestro ordenamiento, con rango legal, […] por tratarse de un tema de mera legalidad que corresponde en su conocimiento y decisión a los [t]ribunales comunes […] y sobre cuya función no actúa el control, ni puede operar como una nueva instancia revisora este órgano constitucional, salvo que de la citada interpretación jurisprudencial resultase una discriminación contraria a la Constitución, en relación a los derechos fundamentales o libertades públicas con ella protegidos […] en perjuicio de quien recurre, pues s[o]lo entonces podría aqu[e]lla ser revisada en el caso concreto por el Tribunal Constitucional[.] 41. Este Tribunal Constitucional lo ha dicho en términos similares: la interpretación de las normas legales es una función de los jueces del Poder Judicial, en particular, de los miembros de la Suprema Corte de Justicia como órgano responsable de fijar los criterios jurisprudenciales en el ámbito de la legalidad. (TC/0581/18) 42. Así, en nuestra Sentencia TC/0040/15 también refrendamos el criterio de nuestro homólogo español, expuesto en su Auto 773/1985, de que la misión del Tribunal Constitucional Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 46 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL no es extensible a la mera interpretación y aplicación de las leyes, decidiendo conflictos intersubjetivos de intereses, subsumiendo los hechos en los supuestos jurídicos contemplados por las normas, con la determinación de las consecuencias que de tal operación lógico- jurídica se deriven y que[,] en definitiva[,] supongan la decisión de cuestiones de mera legalidad, las que pertenece decidir con exclusividad a los [j]ueces y [t]ribunales comunes[.] 43. En efecto, la Corte Constitucional de Colombia ha dicho, en su Sentencia SU-033/18, que «su cometido está dado por resolver cuestiones que trascienden la esfera legal, el carácter eminentemente económico de la controversia y la inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales». Por eso ha juzgado, en su Sentencia C-590/05, que «el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional[,] so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones», de manera que «el juez de tutela debe indicar[,] con toda claridad y de forma expresa[,] porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes». Además, ha dicho, en su Sentencia SU-573/19, que la acreditación de esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel. 44. En otros términos, así lo expresó dicha corte en su Sentencia T-101/24: Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 47 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL La acción de tutela debe suponer un debate jurídico en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental. Para tales efectos, no basta con invocar, de manera genérica, la protección de derechos fundamentales o reprochar facetas concretas del debido proceso, sino que es necesario evidenciar que la cuestión reviste una clara, marcada e indiscutible relevancia constitucional, más allá de las denuncias que nominalmente incluya la solicitud de amparo. 45. De hecho, el asunto es tan importante que la Ley 137-11 se ha encargado de precisar que cuando el Tribunal Constitucional retenga que un asunto reviste especial trascendencia o relevancia constitucional, debe expresar claramente por qué. Así lo dispone el párrafo II del artículo 31: En los casos en los cuales esta ley establezca el requisito de la relevancia o trascendencia constitucional como condición de recibilidad de la acción o recurso, el Tribunal debe hacer constar en su decisión los motivos que justifican la admisión. 46. Aclarado esto, nuestro homólogo colombiano también ha dicho, en su Sentencia SU-128/21, que la especial trascendencia o relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales[;] y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.  47. En efecto, Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 48 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL a través de la especial trascendencia o relevancia constitucional, el Tribunal Constitucional logra que el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, así como su propio destino institucional, conserve su naturaleza, misión y rol; evita convertirse en una nueva instancia o corte de casación, al tiempo que previene incurrir en situaciones que den lugar a tensiones o choques innecesarios de jurisdicciones; y, por último, disminuye los riesgos de sucumbir ante la sobrecarga jurisdiccional que, por su naturaleza, tiende a arropar a jurisdicciones como la nuestra. (TC/0489/24) 48. Dicho lo anterior, se desprende que el artículo 53 de la Ley 137-11 no define qué es la especial trascendencia o relevancia constitucional. Se trata, entonces, de una «noción abierta e indeterminada» (TC/0010/12). No obstante, el artículo 100 especifica que esta cualidad «se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales». Cabe recordar acá que hemos indicado que estas precisiones, realizadas en el artículo 100, concerniente al recurso de revisión de sentencias de amparo, son igualmente aplicables al recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales (TC/0038/12). 49. Asimismo, en un esfuerzo por determinar este concepto, este Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de enunciativamente numerar, en su Sentencia TC/0007/12, aquellos casos que revisten esta cualidad. En esa decisión precisamos que hay especial trascendencia o relevancia constitucional cuando, entre otros, se está frente a escenarios o supuestos 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 49 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional. 50. Sin embargo, en su Sentencia TC/0489/24, el Tribunal Constitucional reconoció, tras una lectura detenida del artículo 100 de la Ley 137-11, que, en nuestro ordenamiento jurídico, «la especial trascendencia o relevancia constitucional tiene una doble connotación: una objetiva y otra subjetiva». Lo segmentamos de la siguiente manera: (1) Dimensión objetiva, abstracta o general, en el sentido de que trasciende de lo singular o individual, orientada a la: (a) interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución; o (b) determinación y alcance de los derechos fundamentales. (2) Dimensión subjetiva, particular, singular o individual, orientada a la concreta protección de los derechos fundamentales. 9.35. De hecho, esta dimensión subjetiva, orientada a la concreta protección de los derechos fundamentales, cobra más sentido cuando se recuerda que la especial trascendencia o relevancia constitucional es una exigencia de admisibilidad aplicable para (1) los recursos de Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 50 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL revisión constitucional de sentencias de amparo, que tiene como eje la protección de derechos fundamentales; y (2) los recursos de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales basados en el artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11, que es cuando hay una violación de un derecho fundamental. 51. En complemento de ello, este Tribunal Constitucional añadió que desconocer esta dimensión subjetiva de la especial trascendencia o relevancia constitucional implica olvidar que, conforme el artículo 184 de la Constitución, el rol de este Tribunal Constitucional no es solo garantizar la supremacía de la Constitución y la defensa del orden constitucional, sino, también, la protección de los derechos fundamentales. (TC/0489/24; corchetes omitidos)  52. Partiendo de lo anterior, en su Sentencia TC/0489/24, el Tribunal Constitucional «revisitó» los escenarios o supuestos trazados originalmente en la Sentencia TC/0007/12 «para, en adición a ellos, incorporar la dimensión subjetiva que reviste la especial trascendencia o relevancia constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, así como para adecuarlos, en mejor medida, a la apreciación del artículo 100 de la Ley núm. 137-11». De ahí que juzgamos que un recurso de revisión constitucional reviste especial trascendencia o relevancia constitucional cuando: (1) el asunto envuelto revela un conflicto respecto del cual el Tribunal Constitucional no ha establecido su criterio y su solución permita esclarecerlo y, además, contribuir con la aplicación y general eficacia de la Constitución o con la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales; Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 51 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (2) el conocimiento del fondo del asunto propicia, por cambios sociales o normativos o tras un proceso interno de autorreflexión, modificaciones, reorientaciones, redefiniciones, adaptaciones, actualizaciones, unificaciones o aclaraciones de principios o criterios anteriormente determinados por el Tribunal Constitucional; (3) el asunto envuelto revela un problema de trascendencia social, política, jurídica o económica cuya solución contribuya con el mantenimiento de la supremacía constitucional, la defensa del orden constitucional y la general eficacia de la Constitución, o con la determinación del contenido o alcance de los derechos fundamentales; (4) el asunto envuelto revela una notoria y manifiesta violación de derechos fundamentales en la cual la intervención del Tribunal Constitucional sea crucial para su protección y, además, el conocimiento del fondo resulte determinante para alterar sustancialmente la situación jurídica del recurrente. 53. Esta incorporación significa que por menos relevante o trascedente que pueda ser un recurso de revisión en cuanto a la dimensión objetiva, abstracta o general, sea, por ejemplo, porque el asunto envuelto ya haya sido ampliamente definido o aclarado por el ordenamiento jurídico y, por ello, no implique ningún desarrollo jurisprudencial, el Tribunal Constitucional, de todos modos, deberá admitir el recurso de revisión si detecta en el caso concreto una notoria y manifiesta violación de derechos fundamentales que, para su reparación, amerite su intervención. La relevancia o trascendencia constitucional recaería, entonces, en su dimensión subjetiva, orientada, Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 52 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL pues, a la protección de los derechos fundamentales en el caso concreto. (TC/0621/25) 54. Lo dicho también supone que, en la fase de admisibilidad de un recurso de revisión, el Tribunal Constitucional debe identificar los hechos y los planteamientos jurídicos del caso, y también con los problemas jurídicos que de dicho caso se derivan respecto de la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales; cuestiones puntuales sobre las cuales está referida la noción de la especial trascendencia o relevancia constitucional. (TC/0489/24) 55. Como se colige de ello, estos planteamientos jurídicos deben tener una marcada importancia constitucional. En efecto, el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales encuentra su límite —entre otros— allí cuando pretende utilizarse como un recurso ordinario, como un nuevo recurso de casación o como sinónimo de una nueva instancia del Poder Judicial, procurando la valoración de pruebas o de hechos o la ventilación de asuntos de legalidad ordinaria o que no van más allá de la mera legalidad. (TC/0489/24) 56. De ahí que la Corte Constitucional de Colombia ha sostenido, en su Sentencia SU-134/22, que «los asuntos en los que se invoca la protección de derechos fundamentales, pero cuya solución se limita a la interpretación y aplicación de las normas de rango legal, no tienen, en principio, relevancia constitucional». En ese sentido, también ha señalado en la referida decisión que Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 53 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL la irrelevancia o intrascendencia constitucional de un asunto queda en evidencia (1) «cuando la discusión se limit[a] a la simple determinación de aspectos legales de un derecho», como lo es la «correcta interpretación o aplicación de una norma procesal, salvo que de esta se desprendan claramente violaciones de derechos fundamentales»; o (2) «cuando sea evidente su naturaleza o contenido económico porque se trata de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas». 57. En adición, el Tribunal Constitucional de España se ha quejado en su Sentencia 105/1983 de la constante pretensión de las partes de que se ponga en revisión prácticamente en su integridad el proceso […], penetrando en el examen, resultado y valoración de las pruebas practicadas, y justeza o error del derecho aplicado y de las conclusiones alcanzadas en las sentencias allí dictadas, erigiendo esta vía del amparo constitucional en una auténtica superinstancia, si no en una nueva casación o revisión, incluso planteando cuestiones que exceden de las posibilidades de esas vías, y todo ello a pesar de la claridad de la normativa aplicable al proceso de amparo, y de haberse puesto de relieve por la doctrina de este Tribunal[] que […] el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los [j]uzgados y [t]ribunales determinados por las [l]eyes, […] en consonancia con todo lo cual, a la hora de articular el recurso de amparo contra actos u omisiones de un órgano judicial, se establece que en ningún caso entrará a conocer el Tribunal Constitucional de los hechos que dieron lugar al proceso en que se hayan producido las invocadas violaciones de derechos o libertades […], y, todavía más precisamente si cabe, que en esta clase de recursos la función del Tribunal Constitucional se limitará a concretar si se han violado o no los derechos o libertades del demandante, preservándolos o restableciéndolos, mas absteniéndose de Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 54 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL cualquier otra consideración sobre la actuación de los órganos jurisdiccionales […], porque […] en el amparo constitucional no pueden hacerse valer otras pretensiones que las dirigidas a restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de los cuales se formuló el recurso. 58. Haciendo, entonces, un acopio de todas estas precisiones, en nuestra Sentencia TC/0489/24, el Tribunal Constitucional señaló, a modo ejemplificativo y enunciativo, algunos escenarios o supuestos que revelan la intrascendencia o irrelevancia constitucional de un recurso de revisión, tales como cuando: (1) el conocimiento del fondo del asunto: (a) suponga que el Tribunal Constitucional se adentre o intervenga en cuestiones propiamente de la legalidad ordinaria; (b) desnaturalice el recurso de revisión y la misión y rol del Tribunal Constitucional; (2) las pretensiones del recurrente: (a) estén orientadas a que el Tribunal Constitucional corrija errores de selección, aplicación e interpretación de la legalidad ordinaria o de normas de carácter adjetivo, o que revalore o enjuicie los criterios aplicados por la justicia ordinaria en el marco de sus competencias; (b) carezcan de mérito constitucional o no sobrepasen de la mera legalidad; Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 55 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (c) demuestren, más que un conflicto constitucional, su inconformidad o desacuerdo con la decisión a la que llegó la justicia ordinaria respecto de su caso; (d) sean notoriamente improcedentes o estén manifiestamente infundadas; (3) el asunto envuelto: (a) no ponga en evidencia, de manera liminar o aparente, ningún conflicto respecto de derechos fundamentales; (b) sea de naturaleza económica o refleje una controversia estrictamente monetaria o con connotaciones particulares o privadas; (c) ha sido esclarecido por el Tribunal Constitucional, no suponga una genuina o nueva controversia o ya haya sido definido por el resto del ordenamiento jurídico; (4) sea notorio que la decisión impugnada en el recurso de revisión haya sido decidida conforme con los precedentes del Tribunal Constitucional. 59. Finalmente, esta corte también precisó que, si bien nuestra legislación no exige a los recurrentes, bajo sanción de inadmisibilidad, que motiven a este tribunal constitucional las razones por las cuales su conflicto reviste especial trascendencia o relevancia constitucional, no menos cierto es que una ausencia de argumentación en ese sentido dificulta que esta corte retenga dicha cualidad. De ahí la importancia de que, al momento de presentar un recurso de revisión, Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 56 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL los recurrentes se aseguren y demuestren que sus pretensiones envuelven un genuino problema jurídico de relevancia y trascendencia constitucional; motivación que es separada o distinta de la simple alegación de violación de derechos fundamentales. Dicho esto, nada tampoco impide —como ha sido práctica reiterada— que esta corte pueda, dadas las particularidades del caso, apreciar dicha cualidad oficiosamente. (TC/0489/24) 60. Entonces, teniendo presente estas aproximaciones, que, a mi juicio y con el debido respeto a mis colegas, debieron ser tomadas en cuenta por el Tribunal Constitucional al referirse a la admisibilidad del recurso de revisión que nos ocupa, veamos ahora el caso concreto. 3. Sobre el caso concreto 61. En este caso, el recurrente alegaba que el Poder Judicial vulneró la tutela judicial efectiva y debido proceso, consagrado en el artículo 69 de la Constitución. Sostenía que el artículo 11, numeral 3, de la Ley sobre Recurso de Casación, núm. 2-23, no fue ponderada debidamente porque no tomó en consideración el monto que este perseguía en su demanda original. Agregaba que la exigencia monetaria, para recurrir en casación, contenida en la mencionada Ley 2-23, impedía su acceso a la justicia, específicamente al recurso de casación. 62. En su recurso de revisión, el recurrente sostenía que el asunto envuelto era constitucionalmente trascendente o relevante por dos razones. Por un lado, porque —según alegaba— el Tribunal Constitucional no se había pronunciado sobre un caso similar. Por otro lado, indicaba que este caso nos permitiría continuar desarrollando nuestro criterio sobre la tutela judicial efectiva y debido proceso. Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 57 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 63. Al referirse a la admisibilidad del recurso de revisión, la mayoría del Pleno apreció que el asunto envuelto revestía especial trascendencia o relevancia constitucional porque nos permitiría seguir profundizando en torno a las dimensiones de protección inherentes al debido proceso y a la tutela judicial, concretamente en cuanto a la igualdad procesal para acceder al recurso de casación y el límite precisado por el legislador con relación a la summa cassationis. 64. Comprendo que aquella consideración, en cuanto genérica, amplia o vaga, era insuficiente. No reflejaba un problema jurídico ni mucho menos señalaba cómo era importante para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales. 65. En efecto, sobre esto, este Tribunal Constitucional ha juzgado que «la especial trascendencia o relevancia constitucional requiere la identificación de un problema jurídico» (TC/0295/25), su «característica» o la «cuestión constitucional» que «está implicada en el presente caso» (TC/0918/25). «Esto significa que un pronunciamiento genérico sobre un derecho o garantía fundamental no revela, por sí sola ni automáticamente, la especial trascendencia o relevancia constitucional del asunto, mucho menos cuando ya esta corte ha abordado su contenido y alcance ampliamente» (TC/1158/25). 66. Además, el Tribunal Constitucional ha sido, por lo general, consistente y reiterativo en cuanto a sus criterios respecto de la tutela judicial efectiva y debido proceso, particularmente en cuanto al derecho de acceso la justicia y al derecho al recurso, incluso en casos similares a este. Por ejemplo, en la Sentencia TC/1097/24, esta corte se pronunció sobre la constitucionalidad de la summa cassationis, específicamente sobre el artículo 11, numeral 3, de la Ley 2-23; y también ha abordado problemáticas análogas, tales como en las Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 58 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL sentencias TC/0379/25 y TC/1435/25. En esa medida, no había necesidad ni utilidad de volver sobre estos criterios. Ello, por sí solo, daría lugar a la inadmisibilidad del recurso de revisión, acorde a los parámetros fijados en la Sentencia TC/0489/24. En efecto, juzgamos que esta cualidad queda evidenciada, entre otros, si «el asunto envuelto revela un conflicto respecto del cual el Tribunal Constitucional no ha establecido su criterio», lo cual permite llegar a la conclusión inversa: si el Tribunal Constitucional ya ha establecido su criterio, el asunto —al menos en principio— carecería de esta cualidad; afirmación que es incluso recogida en la citada sentencia cuando precisa que, en cambio, está ausente si «el asunto envuelto ha sido esclarecido por el Tribunal Constitucional». 67. Sobre esto, este Tribunal Constitucional ha juzgado que el recurso de revisión constitucional carece de especial trascendencia o relevancia constitucional cuando el conflicto sometido a nuestro examen «no supone una genuina controversia» o «ha sido aclarad[o] por el ordenamiento jurídico» (TC/0489/24). Esto último porque sus medios de revisión ya hayan «sido previamente tratados en la jurisprudencia dominicana» (TC/0222/25), porque nos hemos «referido múltiples veces sobre conflictos de igual naturaleza» (TC/0295/25), porque «la cuestión fáctica y de derecho» ya ha sido resuelta (TC/0964/25), porque sea «una cuestión que ha sido decidida en ocasiones anteriores» (TC/0599/24), porque la cuestión ha sido «resuelta por este tribunal constitucional en su vasta doctrina jurisprudencial sobre la materia» y «ha sido ampliamente desarrollada y reiterada» (TC/0051/26), porque las cuestiones planteadas ya han sido «conocidas, discutidas y falladas por este tribunal» (TC/0725/24), porque nos hemos «pronunciado en reiteradas ocasiones» (TC/0659/25) o «múltiples veces, de manera reiterada, consistente y constante» (TC/0295/25), o porque sea un asunto sobre el que «este colegiado ha sido reiterativo» (TC/0409/24). Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 59 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 68. Asimismo, el recurso de revisión carece de especial trascendencia o relevancia constitucional en la medida de que el recurrente o la controversia no introduce algún «elemento novedoso» o «cuestiones novedosas de índole constitucional» (TC/0222/25 y TC/0120/26), no suscita «ninguna discusión nueva» (TC/0599/24), no ofrece «algún enfoque distinto» (TC/0051/26), no «presenta una oportunidad para el tribunal de sentar nueva doctrina o precedente» (TC/0037/26), no plantea una cuestión «que requiera redefinir jurisprudencia, aclarar estándares constitucionales o interpretar alcances normativos no desarrollados» (TC/0046/26) o no revela «un conflicto sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento» (TC/0026/26). 69. En este mismo sentido, también hemos concluido que el asunto es constitucionalmente intrascendente o irrelevante cuando «no existe necesidad de dictar una nueva doctrina o realizar un cambio, corrección o redirección en la interpretación o los precedentes constitucionales» (TC/1578/25). 70. Además, las pretensiones del recurrente implicaban que el Tribunal Constitucional asumiera un rol que no le correspondía, vistiéndose de corte de casación. Suponía una revisión de la decisión que adoptó la Suprema Corte de Justicia sobre un aspecto que, realmente, no trascendía de la esfera legal. Esto reflejaba una desnaturalización del extraordinario, excepcional, subsidiario, especial y exigente recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, orientado, en este particular escenario, a la reparación de un derecho fundamental vulnerado, de manera directa e inmediata, por un órgano jurisdiccional, y no a la aplicación correcta o no que hizo el Poder Judicial sobre un aspecto de mera legalidad, puramente matemático, incluso 71. En efecto, al examinar la motivación vertida por la mayoría del Pleno para resolver el fondo del conflicto, nótese que mis colegas se adentraron a analizar la «aplicación e interpretación de las disposiciones contenidas en el artículo 11 Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 60 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL de la Ley núm. 2-12[,] sobre Recurso de Casación», que hizo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia; examinó el contenido de dicha disposición legal; constató las pretensiones originales del demandante y el monto que fue acogido por el tribunal de primera instancia; validó la suma mínima exigida por la ley, acorde al salario mínimo vigente; y terminó por concluir que la decisión jurisdiccional recurrida «aplica correctamente una regla de admisibilidad de legalidad ordinaria», no para verdaderamente determinar si hubo o no una violación de un derecho fundamental ni para emitir algún pronunciamiento de envergadura constitucional, sino para concluir que la alta corte «se limitó a aplicar una regla de procedimiento» y «realizó una correcta aplicación e interpretación de la disposición contenida en el numeral 3) del artículo 11 de la Ley núm. 2-23», como si el Tribunal Constitucional fuese una segunda corte de casación o tribunal revisor de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia en sus funciones ordinarias. 72. Ciertamente, el Tribunal Constitucional ha juzgado que no estamos facultados para resolver cuestiones de «mera legalidad» (TC/0133/25), «puramente legales» (TC/0735/24), de «pura justicia» o «pura legalidad ordinaria» (TC/1237/24 y TC/0601/25) o que «se inscriben en el ámbito del derecho común» (TC/1098/25) o del «derecho ordinario» (TC/1742/25). De ahí que, cuando el recurrente se refiere a «cuestiones de legalidad ordinaria» (TC/0397/24), concernientes, por ejemplo, a la «revisión de la selección, aplicación e interpretación» de las «normas que regulan el ordenamiento jurídico ordinario» o «que no trascienden de la esfera legal o que tienen un carácter meramente adjetivo» (TC/0489/24 y TC/0629/25), a la «valoración que —a su entender— debió realizar» el Poder Judicial (TC/0122/26) o a la «seriedad o justeza» en que fue valorado su caso (TC/1144/25), o reflejan tan solo un simple interés de «corregir la interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria» (TC/0440/24) o de «normas de carácter procesal» (TC/0413/25), se colige que sus pretensiones, por más «enmascaradas» que estén como Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 61 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL «cuestiones de carácter constitucional» (TC/1237/24), «no trascienden el umbral de la mera justicia ordinaria», «desbordan manifiestamente el ámbito del control constitucional» (TC/0159/26), «escapa[n]» o «exceden la competencia de esta jurisdicción constitucional» (TC/0198/26 y TC/0225/26), no alcanzan «ningún mérito» o el «ámbito constitucional» y, por tanto, «no se trata de un asunto que deba ser dilucidado por la justicia constitucional» (TC/0397/24, TC/0936/25, TC/0938/25 y TC/1482/25). 73. Lo mismo sucede cuando el recurrente «articula planteamientos que, en esencia, responden a una lógica nomofiláctica y de control de legalidad, propios del recurso extraordinario de casación», que, en esa medida, corresponden al «marco competencial de la jurisdicción de casación» (TC/0159/26). Así, en la sentencia recién citada, expusimos que no resulta jurídicamente posible que esta jurisdicción constitucional supla el cierre de dicha vía recursiva extraordinaria, ni que se subrogue en el examen de cuestiones que son ajenas a su competencia, y que de manera natural le hubiesen correspondido a la Corte de Casación. El recurso de revisión constitucional no puede ser utilizado como un mecanismo sustitutivo de la casación, cuando ésta se encuentra expresamente cerrada por el legislador, ni como una vía indirecta para introducir argumentos de control de legalidad ordinaria bajo el ropaje de presuntas vulneraciones constitucionales, pues su procedencia se encuentra estrictamente limitada a la verificación de violaciones directas e inmediatas a derechos fundamentales expresamente consagrados en la Constitución[.] 74. De esta forma, esta corte debe limitarse a verificar, simplemente, si los órganos jurisdiccionales han «incurrido en transgresiones de orden constitucional y no legal» (TC/0409/24). En efecto, hemos sido enfáticos al impedir que el Tribunal Constitucional sea tratado como un «tribunal de alzada» Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 62 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC/0839/25) o nueva instancia o segunda casación del Poder Judicial (TC/0735/24), evitando que «este órgano incursione en el ámbito ordinario de los tribunales judiciales» (TC/0397/24) o que sean examinados «aspectos propios de la competencia de la jurisdicción ordinaria» (TC/0120/26). 75. Por tanto, cuando el asunto no trasciende del «desacuerdo», «inconformidad» o «descontento» del recurrente «con la decisión a la que llegó la jurisdicción ordinaria» respecto de la controversia o de la «interpretación judicial de normas infraconstitucionales», específicamente si «interpretaron o aplicaron correctamente la ley», el recurso de revisión constitucional carece de especial trascendencia o relevancia constitucional (TC/0440/24, TC/0452/24, TC/0851/25, entre otras). Esto se debe a que este extraordinario recurso «no concierne a la corrección o calidad de las decisiones adoptadas por los tribunales de la jurisdicción ordinaria y cómo estos aplican el derecho infraconstitucional» (TC/0851/25). Se trata de asuntos que «no pueden ni deben ocupar la atención de este órgano constitucional» (TC/0001/26) ni «pueden ni deben ser objeto de control por parte de este Tribunal Constitucional, so pena de convertirlo en una instancia adicional u ordinaria judicial» (TC/0159/26). 76. En esa medida, el conocimiento de tales pretensiones desnaturalizaría los fines para los cuales fue concebido [este] mecanismo de protección constitucional, evidenciando que el caso no plantea una controversia constitucional sustantiva ni involucra una discusión real sobre derechos fundamentales, de manera que[] el mismo carece de los elementos propios que se procura con la dimensión objetiva y subjetiva de la revisión constitucional. (TC/1098/25) 77. En conclusión, sostengo, con el debido respeto al criterio mayoritario, que no estábamos frente de un conflicto de fondo sobre el cual el Tribunal Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 63 de 64  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Constitucional no había establecido su criterio; sobre el cual, a pesar de haber establecido su criterio, se hiciera necesaria su modificación, reorientación, redefinición, adaptación, actualización, unificación o aclaración; que revelara un problema de trascendencia, relevancia o importancia social, política, jurídica o económica; o que revelara una notoria o manifiesta violación de derechos fundamentales. Más bien, era un asunto propio de la legalidad ordinaria, que carecía de mérito constitucional, que no sobrepasaba de la mera legalidad, que reflejaba un simple desacuerdo con la decisión impugnada, que no ponía de manifiesto ningún conflicto de derechos fundamentales y que no revelaba una genuina o nueva controversia. 78. En ese sentido, me aparto, con el debido respeto, de la decisión a la que llegó la mayoría del Pleno. En cambio, comprendo, respetuosamente, que el recurso de revisión constitucional devenía en inadmisible. Fidias Federico Aristy Payano, juez La presente sentencia fue aprobada por los señores jueces del Tribunal Constitucional, en la sesión del pleno celebrada en fecha once (11) del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026); firmada y publicada por mí, secretaria del Tribunal Constitucional, que certifico, en el día, mes y año anteriormente expresados. Grace A. Ventura Rondón Secretaria Expediente núm. TC-04-2025-1090, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Carlos Alberto Rosado contra la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1466, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025). Página 64 de 64