Tribunal Constitucional - Sentencia TC/0607/26

República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA SENTENCIA TC/0607/26 Referencia: Expediente núm. TC-04- 2025-0510, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los señores Francia Stephan de los Santos y José A. Rodríguez B. contra la Sentencia núm. 0319-2024-SCIV- 00125, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, el diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los veintisiete (27) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026). El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente; Miguel Valera Montero, primer sustituto; Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta; José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Army Ferreira, Domingo Gil, Amaury A. Reyes Torres, María del Carmen Santana de Cabrera y José Alejandro Vargas Guerrero, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 y 277 de la Constitución; 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Expediente núm. TC-04-2025-0510, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los señores Francia Stephan de los Santos y José A. Rodríguez B. contra la Sentencia núm. 0319-2024-SCIV-00125, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, el diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 1 de 23  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: I. ANTECEDENTES 1. Descripción de la sentencia recurrida La decisión objeto del presente recurso de revisión es la Sentencia núm. 0319- 2024-SCIV-00125, dictada el diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, la cual falló lo que a continuación transcribimos: PRIMERO: En cuanto al fondo, ACOGE el recurso de apelación interpuesto por la señora Estela María Guerrero, a través de su abogado apoderado, mediante acto [sic] núm. 1121/2024 de fecha 26 de marzo de 2024, del ministerial Leymer Alexander Pujols Matos, alguacil de estrado de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana, contra la sentencia civil núm. 0322-2023-SCIV-00533 de fecha 29 de diciembre de 2023, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan; en consecuencia, REVOCA la sentencia objeto del recurso, por los motivos antes expuestos. SEGUNDO: CONDENA a los señores, Licda. Francia Stephan de los Santos y el Dr. José A. Rodríguez Beltré, al pago de las costas del procedimiento y que las mismas sean distraídas a favor y provecho del Licdo. Danny Alberto Sánchez Mateo, quien afirma estarlas avanzando en su totalidad. Expediente núm. TC-04-2025-0510, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los señores Francia Stephan de los Santos y José A. Rodríguez B. contra la Sentencia núm. 0319-2024-SCIV-00125, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, el diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 2 de 23  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Mediante el Acto núm. 3785/24, instrumentado el veintisiete (27) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) por el ministerial Leymer Alexander Pujols Matos, alguacil de estrados de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana, dicha sentencia fue notificada a los señores Francia Stephan de los Santos y José A. Rodríguez B., en su domicilio. 2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional Los señores Francia Stephan de los Santos y José A. Rodríguez B. interpusieron el recurso de revisión constitucional mediante instancia depositada en el Centro de Servicio Presencial del Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana el veintidós (22) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), la cual fue remitida al Tribunal Constitucional el veinticinco (25) de junio de dos mil veinticinco (2025). Dicha instancia fue notificada a la parte recurrida, señora Estela María Guerrero Tabera, mediante Acto núm. 447/2024, instrumentado el diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) por el ministerial Edgar Rogelio Marmolejos Mercedes, alguacil de estrados del Juzgado de Paz del Municipio Juan de Herrera, del Distrito Judicial de San Juan. 3. Fundamentos de la sentencia recurrida La Sentencia núm. 0319-2024-SCIV-00125 se fundamenta, de manera principal, en las siguientes consideraciones: Esta Corte es de criterio que el tribunal a-quo [sic], en la sentencia impugnada apreció de forma errónea el contrato de representación y cuota litis, lo que lo llevó a una errónea conclusión, pues este Expediente núm. TC-04-2025-0510, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los señores Francia Stephan de los Santos y José A. Rodríguez B. contra la Sentencia núm. 0319-2024-SCIV-00125, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, el diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 3 de 23  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL documento es claro y preciso y no resiste interpretación alguna, al establecer en la cláusula cuarta que la poderdante pagaría la suma de un millón de pesos a los abogados apoderados, únicamente si firmaba algún documento sin la asistencia y aprobación de los abogados apoderados, evento que nunca fue llevado a cabo por la recurrente Estela María Guerrero Tavera, no existe prueba en este expediente de algún [sic] documento firmado en ese sentido, lo que significa que la parte recurrente no firmó ningún documento referente al caso de la demanda en partición, y aún no ha firmado ninguno que perjudique a los abogados. Que el tribunal a-quo [sic] en su sentencia, yerra, al intentar interpretar una cláusula que no amerita interpretación, puesto que es bastante clara y se sustenta así misma, cuando expone que solo en caso de firmar un documento sin la asistencia y aprobación de los abogados apoderados, que el error en el razonamiento del tribunal a-quo [sic] sucede justamente cuando impone una penalidad en contra de la señora Estela María Guerrero Tabera, por remitir un acto de alguacil de desapoderamiento, sin sopesar la naturaleza propia de este requerimiento mediante el cual hace uso de su derecho como mandante de desapoderar a sus mandatarios los señores Francia Stephan de los Santos y el Dr. José A. Rodríguez Beltré de culminar su relación de cliente-abogado de mandante-mandatario, por no sentirse conforme con su gestión por las razones que en el mismo acto se detallan, entre las que está que estos abogados pusieron un letrero de se vende en un inmueble que no forma parte de la litis con el fin de hacerse pagar honorarios, lo cual es ratificado por la recurrente en su comparecencia personal, la que además expresa que aunque se obtuvieron dos sentencias en su favor en el año 2021, estos abogados no las ejecutaron y que los bienes envueltos en la litis no se han vendido, que ella le [sic] Expediente núm. TC-04-2025-0510, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los señores Francia Stephan de los Santos y José A. Rodríguez B. contra la Sentencia núm. 0319-2024-SCIV-00125, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, el diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 4 de 23  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL reconoce el derecho que tiene de cobrar sus honorarios pero en la medida que indica el contrato curta litis [sic], es decir en un 30% [sic] de lo que se ejecute a su favor, por lo que al no ejecutar aún la venta de los bienes indicados, no le ha podido pagar dichos honorarios, de ahí que a los fines de culminar con dicho proceso y a más de tres años de parálisis en los trabajos es que decide poner otro abogado, el cual previamente le notifica y le solicita un estafo [sic] detallado de los honorarios y gastos que le corresponden, lo cual la jueza del tribunal a-quo [sic] lo ha interpretado como violatorio de la cláusula 4ta, del contrato, lo que, como hemos establecido, consiste en un error ya que la penalidad allí contenida, solo es ejecutoria si la parte recurrente a [sic] firmado algún documento sin la asistencia y aprobación de los abogados apoderados. Que el hecho de desapoderar a dichos abogados, respetándole sus honorarios y ante la inercia probada en la venta de los bienes envueltos en la litis y pretender vender un bien ajeno a dicha partición, es una facultad de la poderdante que no puede interpretarse como una falta civil, y al no haberse estipulado entre las partes, en el referido contrato ningún tipo de penalidad o previsión en caso del desapoderamiento de los abogados, por lo que la jueza del tribunal a-quo [sic] cometió un error el [sic] en su sentencia, al interpreta [sic] que el desapoderamiento efectuado es violatorio de la cláusula penal establecida en el indicado contrato de representación y cuota litis. Que esta Corte es de criterio que el tribunal a-quo [sic], en la sentencia hoy recurrida, hace una mala aplicación del artículo 1226 del Código Civil Dominicano, lo cual se verifica cuando el tribunal aplica el artículo 1226 a una situación que no fue prevista por las partes en el contrato representación [sic] y cuota litis de fecha 28 de mayo del año 2019, es decir que no fue convenida, ni estipulada, ni previsto [sic] por Expediente núm. TC-04-2025-0510, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los señores Francia Stephan de los Santos y José A. Rodríguez B. contra la Sentencia núm. 0319-2024-SCIV-00125, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, el diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 5 de 23  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL las partes, nada referente al desapoderamiento de los abogados antes de culminar la gestión encomendada. Que la cláusula penal a que se refiere dicho texto, como compensación por los daños y perjuicios que el acreedor experimenta por la falta de ejecución de la obligación principal, no procede por lo que hemos señalado anteriormente referente a la cláusula cuatro del indicado contrato, la cual solo es ejecutoria si se comprueba que la recurrente, señora Estela María Guerrero Tabera firmara algún documento sin la asistencia y aprobación de los abogados apoderados, lo cual no se ha podido probar, por lo que no es pertinente al presente caso la aplicación del señalado artículo 1226 del Código Civil Dominicano. Que en lo referente a la ley 302 sobre honorarios de abogados, los recurridos Licda. Francia Stephan de los Santos y el Dr. José A. Rodríguez Beltré, estos asumieron representar, en su condición de abogados, la reclamación de los bienes mueble [sic] e inmuebles, dejados por el señor Francisco Gonzales Ferreras (fallecido) a fin de ejecutar cabalmente el mandato contenido en el contrato de representación y cuota litis antes descrito, con el compromiso por parte de la poderdante de entregarle [sic] el 30% [sic] sobre los valores que se obtengan de dicha reclamación, más los gastos del procedimiento, como así lo establece dicho contrato, que dicho 30 % [sic] está establecido sobre los valores que se obtuvieran al llevar a cabo la partición, condición esta que no se efectuó en el presente caso, no se ha probado que los bienes objetos de la partición en cuestión fueren [sic] vendidos y que la hoy recurrente haya recibido la parte correspondiente, de cuya parte los abogados hoy recurridos tienen derecho a dicho 30% [sic] estipulado, por lo que al no efectuar la culminación de la misma y no haber un resultado económico, el pago de dicho 30% [sic], está pendiente de que se ejecute la partición tal y Expediente núm. TC-04-2025-0510, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los señores Francia Stephan de los Santos y José A. Rodríguez B. contra la Sentencia núm. 0319-2024-SCIV-00125, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, el diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 6 de 23  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL como lo indica el contrato suscrito entre las partes, en ese sentido, el artículo 3 de la ley 302 sobre honorarios de abogados establece: "Los abogados podrán pactar con sus clientes contratos de cuota litis, cuya cuantía no podrá ser inferior al monto mínimo de los honorarios que establece la presente ley, ni mayor del treinta por ciento (30% [sic]) del valor de los bienes o derechos envueltos en el litigio". En cuanto a lo establecido en el párrafo III del artículo 9 de dicha ley, este no tiene aplicación al presente caso, puesto que solo procede cuando la liquidación del pacto de cuota litis, haya sido sometida al juez o al presidente de la Corte, según el caso, lo cual no ha ocurrido en el caso de la especie. […] Que, en ese orden de ideas, procede la revocación de la decisión apelada, y acoger el presente recurso de apelación por estar sustentado en derecho, de acuerdo a las motivaciones expuestas en esta sentencia, las cuales esta corte las ha hecho conforme con el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, el cual exige para la redacción de las sentencias, la observación de determinadas menciones consideradas sustanciales; de igual manera, procede la condenación en costas en contra de la parte recurrida, ordenando su distracción en favor del abogado de la parte recurrente, en virtud de las disposiciones de los artículos 130 y 133 del Código de Procedimiento Civil. 4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrente en revisión constitucional Los señores Francia Stephan de los Santos y José A. Rodríguez B. pretenden que la decisión objeto del presente recurso sea anulada. Alegan, apoyo de sus pretensiones, y de manera principal, lo siguiente: Expediente núm. TC-04-2025-0510, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los señores Francia Stephan de los Santos y José A. Rodríguez B. contra la Sentencia núm. 0319-2024-SCIV-00125, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, el diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 7 de 23  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PRIMER MEDIO: Admisibilidad del recurso constitucional de revisión jurisdiccional, contra la Sentencia recurrida. El recurso constitucional de revisión jurisdiccional, contra la Sentencia No. 0319- 2024-SCIV-00125, de fecha 10/09/2024, está fundamentado, en que se agotaron las vías jurisdiccionales que establece la Ley, para el conocimiento de una determinada litis judicial. En el presente caso, se trata de una demanda en ejecución de contrato de cuota litis, y al estar prohibido el Recurso de Casación por la Ley 2-23, en su artículo 10, numeral 6; los accionantes se ven en la obligación de acudir al Tribunal Constitucional, para que allí sea revisada en el aspecto constitucional, la Sentencia emitida por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana. SEGUNDO MEDIO: Violación a [sic] los Arts. 68 y 69 de la Constitución de la República, con relación al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Es un criterio general de las normas, la doctrina y la jurisprudencia, que los tribunales de segundo grado, actuando en materia de apelación, deben hacer una revisión de la sentencia, dada por el primer grado, y subsanar cualquier situación que pueda contener la misma, ya que todo tribunal o corte de apelación, tiene la facultad de emitir y producir su propia sentencia, con la finalidad de garantizar los derechos fundamentales de los litigantes, en la Página 16, de la sentencia recurrida, el tribunal a-quo [sic], manifiesta textualmente, lo siguiente: “ésta [sic] corte es de criterio, que el tribunal a-quo [sic], en la sentencia recurrida, hace una mala aplicación del Artículo 1226 del Código Civil Dominicano, lo cual se verifica cuando este tribunal Expediente núm. TC-04-2025-0510, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los señores Francia Stephan de los Santos y José A. Rodríguez B. contra la Sentencia núm. 0319-2024-SCIV-00125, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, el diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 8 de 23  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL aplica el artículo 1226, a una situación que no fue prevista por las partes en el Contrato de Representación y Cuota Litis de fecha 28 de Mayo del año 2019; es decir, que no fue convenida ni estipulada ni previsto [sic] por las partes, nada referente al desapoderamiento de los abogados antes de culminar la gestión encomendada”. Pero resulta, que contrario a lo manifestado por la corte, el Contrato de Cuota Litis, de fecha 28 de Mayo del año 2019, en su cláusula 4ta. establece, queda entendido que la poderdante no puede firmar documento alguno, sin la asistencia y aprobación de los abogados apoderados, y de hacerlo se compromete a pagar a los abogados la suma de un millón de pesos (RD$1,000,000.00), por los daños que les sean ocasionados, así como por sus diligencias profesionales. La accionada, Sra. Estela María Guerrero Taberas, mediante un Poder Tácito [sic], dado al Ministerial Jhon J. Rodríguez Ogando, Alguacil Ordinario del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, cuando notifica mediante el acto No. 99/2023, de fecha 20/02/2023 [sic], produjo un acto de desapoderamiento a [sic] los accionantes Lic. Francia Stephan de los Santos y Dr. José A. Rodríguez Beltre, a nombre de la accionada Sra. Estela María Guerrero Tabera, lo que en buen derecho significa, que el alguacil actuante, firma el acto de desapoderamiento en nombre de la requeriente [sic] del acto, la indicada Sra. Estela María Guerrero Taberas. El acto No. 99/2023, de fecha 20/02/2023 [sic], fue hecho por un mandato tácito, donde se manifiesta la voluntad del mandante y dicho acto está firmado por el mandatario, motivo por el cual no aplican [sic] los conceptos y fundamentaciones emitidos por la Corte de Apelación, para revocar la sentencia de Primer Grado. El tribunal a-quo [sic], al Expediente núm. TC-04-2025-0510, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los señores Francia Stephan de los Santos y José A. Rodríguez B. contra la Sentencia núm. 0319-2024-SCIV-00125, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, el diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 9 de 23  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL producir la sentencia hoy recurrida, ha incurrido en la violación de los Artículos 68 y 69 de la Constitución de la República, sobre la tutela judicial efectiva y el debido proceso, razón por la cual, la misma debe ser anulada en todas sus partes. Sobre la base de dichas consideraciones, la parte recurrente concluye solicitando al Tribunal lo que a continuación transcribimos: PRIMERO: DECLARAR ADMISIBLE, el Presente Recurso Constitucional de Revisión Jurisdiccional, contra la Sentencia Civil No. 0319-2024-SCIV-00125, de fecha 10/09/2024 [sic], dada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan, por haberse hecho dentro de los plazos y demás formalidades legales. SEGUNDO: Que el Tribunal Constitucional ANULE TOTALMENTE, la Sentencia Civil No. 0319-2024-SCIV-00125, de fecha 10/09/2024, dada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan, y que proceda a enviarla al tribunal de donde procede la misma, para los trámites legales correspondientes. 5. Hechos y argumentos de la parte recurrida en revisión constitucional de decisión jurisdiccional La señora Estela María Guerrero pretende que el recurso de revisión de decisión jurisdiccional sea declarado inadmisible. Como fundamento de su pedimento, alega, de manera principal, lo que transcribimos a continuación: Expediente núm. TC-04-2025-0510, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los señores Francia Stephan de los Santos y José A. Rodríguez B. contra la Sentencia núm. 0319-2024-SCIV-00125, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, el diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 10 de 23  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I- Inadmisibilidad del recurso: "Este recurso, carente de sustento y justificación, debe ser desestimado como inadmisible, pues no se han agotado los recursos ordinarios previstos por la ley." Atendido; A que Según el artículo 53 de la Ley 137-11, el Tribunal Constitucional tiene potestad para revisar decisiones jurisdiccionales en casos específicos. Las sentencias de las Cortes de Apelación no son susceptibles de revisión constitucional, como se establece en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En este sentido, en la sentencia TC/0090/12 se indica que "las decisiones dictadas por los tribunales de apelación son susceptibles del recurso de casación". Asimismo, en la sentencia TC/0096/13 se concluye que "la sentencia recurrida no cumple con los requisitos establecidos, ya que fue dictada por una Corte de Apelación, decisión que es recurrible en casación". Por lo tanto, el recurso interpuesto por los recurridos debe considerarse inadmisible. Atendido: a que Es fundamental resaltar que el artículo 53.3 de la Ley 137-11 establece que, para que un recurso de revisión constitucional sea admisible, el interesado debe haber agotado todos los recursos disponibles en la vía jurisdiccional. En este caso, los recurridos no han interpuesto el recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, lo cual constituye una falta grave en el proceso. Este requisito es esencial para que el Tribunal Constitucional pueda revisar una sentencia, y su incumplimiento debe llevar a la inadmisibilidad del recurso. Expediente núm. TC-04-2025-0510, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los señores Francia Stephan de los Santos y José A. Rodríguez B. contra la Sentencia núm. 0319-2024-SCIV-00125, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, el diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 11 de 23  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Atendido: A que El Tribunal Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que, para que un recurso sea admitido por violación de derechos fundamentales, es necesario que dicha violación haya sido formalmente invocada en el proceso y que se hayan agotado todos los recursos disponibles. En el presente caso, los recurridos no han presentado evidencia que demuestre la invocación de derechos fundamentales ni han agotado los recursos ordinarios, lo que hace que su pretensión carezca de fundamento. Atendido: Además, el principio de legalidad y el derecho al debido proceso están consagrados en la Constitución Dominicana. El hecho de no agotar los recursos ordinarios para corregir cualquier posible error en la sentencia de la Corte de Apelación podría ser considerado como un acto que vulnera el derecho al debido proceso. Los recurrentes tienen la carga de demostrar la supuesta violación a sus derechos, lo que no han hecho hasta el momento. Jurisprudencia relevante: En la sentencia TC/0121/13, el Tribunal Constitucional estableció que "las violaciones en que incurra un tribunal de primer grado deben ser subsanadas por la Corte de Apelación, y las cometidas por esta última corresponde corregirlas a la Suprema Corte de Justicia". Esta jurisprudencia refuerza la idea de que el recurso debe ser presentado en la instancia adecuada, y no ante este Tribunal. II Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional. Expediente núm. TC-04-2025-0510, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los señores Francia Stephan de los Santos y José A. Rodríguez B. contra la Sentencia núm. 0319-2024-SCIV-00125, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, el diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 12 de 23  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL “Es imperativo que este Tribunal Constitucional considere la ausencia de un desarrollo adecuado en las alegaciones de los recurrentes, lo que convierte su recurso en un mero ejercicio de insatisfacción”. Inexistencia de violaciones a derechos fundamentales: Los recurrentes alegan que la decisión de la Corte de Apelación vulnera sus derechos fundamentales, señalando específicamente que el tribunal incurrió en violaciones a los artículos 68 y 69 de la Constitución. Sin embargo, estas afirmaciones carecen de sustento, ya que el recurrente [sic] no desarrolla ni explica cómo se produjeron las violaciones alegadas. Falta de desarrollo y argumentación: El recurrente [sic] se limita a afirmar que los conceptos y fundamentaciones emitidos por el tribunal no proceden, pero no proporciona un análisis detallado que justifique esta afirmación. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece que para que un recurso sea considerado, el recurrente debe presentar una argumentación clara y precisa que sustente sus alegaciones. En este caso, la falta de desarrollo en los motivos es un defecto esencial que debe llevar a la inadmisibilidad del recurso. Vulneración al derecho a la defensa: La ausencia de una argumentación adecuada por parte del recurrente [sic] no solo afecta la claridad del recurso, sino que también vulnera su derecho a la defensa. Los artículos 68 y 69 garantizan el derecho a un debido proceso y a la defensa efectiva, pero este derecho no puede ser Expediente núm. TC-04-2025-0510, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los señores Francia Stephan de los Santos y José A. Rodríguez B. contra la Sentencia núm. 0319-2024-SCIV-00125, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, el diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 13 de 23  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ejercido si las partes no explican de manera efectiva las violaciones que alegan. Sin una exposición adecuada, el tribunal no puede evaluar la veracidad de las afirmaciones ni realizar un análisis correspondiente. Desacuerdo con la valoración de pruebas: El desacuerdo con la valoración de pruebas, específicamente el acto no.99/2023 de fecha 20/02/2023 [sic]. realizada por la Corte de Apelación no constituye, por sí mismo, una violación a derechos fundamentales. Como se ha señalado, el Tribunal Constitucional ha establecido que las instancias superiores tienen la facultad de interpretar y valorar las pruebas según su criterio, siempre que se respete el debido proceso. Por lo tanto, la mera disconformidad con la decisión no es suficiente para justificar un recurso de revisión. Con base en dichas consideraciones, la parte recurrida solicita al Tribunal Constitucional lo siguiente: PRIMERO: Declarar la Inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional depositado por los señores José Rodríguez y Francia Estefan, en fecha 15/10/2024. Vía secretaria [sic] de la Cámara Civil, Comercial Y De Trabajo De La Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana. Debido a la falta de agotamiento del recurso de casación y a la falta de desarrollo y fundamentación en sus alegaciones. SEGUNDO: En cuanto al Fondo del Recurso de Revisión constitucional el mismo debe ser rechazado porque los recurrentes no han logrado justificar la existencia de violaciones a sus derechos fundamentales, ya que no presentaron un análisis claro sobre cómo se produjeron dichas Expediente núm. TC-04-2025-0510, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los señores Francia Stephan de los Santos y José A. Rodríguez B. contra la Sentencia núm. 0319-2024-SCIV-00125, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, el diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 14 de 23  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL violaciones y las supuestas violaciones a los artículos 68 y 69 de la Constitución. TERCERO: Declarar el proceso excepto de costas, en virtud de lo establecido en la ley 137-11. 6. Pruebas documentales Entre los documentos que obran en el expediente relativo al presente recurso de revisión, los más relevantes son los siguientes: 1. La Sentencia núm. 0319-2024-SCIV-00125, dictada el diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana. 2. La instancia contentiva del recurso de revisión, depositada el diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) y recibida en el Tribunal Constitucional el veinticinco (25) de junio de dos mil veinticinco (2025). 3. La instancia contentiva del escrito de defensa de la parte recurrida, depositada el veintidós (22) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) en el Centro de Servicio Presencial del Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana. 4. Una copia del Acto núm. 3785/24, instrumentado el veintisiete (27) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) por el ministerial Leymer Alexander Pujols Matos, alguacil de estrados de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana. Expediente núm. TC-04-2025-0510, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los señores Francia Stephan de los Santos y José A. Rodríguez B. contra la Sentencia núm. 0319-2024-SCIV-00125, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, el diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 15 de 23  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 5. Una copia del Acto núm. 447/2024, instrumentado el diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) por el ministerial Edgar Rogelio Marmolejos Mercedes, alguacil de estrados del Juzgado de Paz del Municipio Juan de Herrera, Distrito Judicial de San Juan de la Maguana. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 7. Síntesis del conflicto El conflicto al que este caso se refiere tiene su origen en la demanda que, en ejecución de contrato de representación y cuota litis, fue interpuesta por los señores Francia Stephan de los Santos y José A. Rodríguez B. contra la señora Estela María Guerrero Tabera. La demanda tuvo como resultado en primer grado la Sentencia núm. 0322-2023-SCIV-00533, dictada el veintinueve (29) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan, la cual acogió dicha demanda y condenó a la señora Estela María Guerrero Tabera a pagar a los demandantes la suma de un millón de pesos dominicanos (RD$1,000,000.00), por concepto de «ejecución o liquidación de la cláusula penal convenida por las partes en el contrato de cuota litis suscrito por ellos». En desacuerdo con esa decisión, la señora Estela María Guerrero Tabera interpuso un recurso de apelación que fue acogido por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana mediante la Sentencia núm. 0319-2024-SCIV-00125, dictada el diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). Inconforme con dicha decisión, los señores Francia Stephan de los Santos y José A. Rodríguez B. interpusieron el presente recurso revisión constitucional. Expediente núm. TC-04-2025-0510, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los señores Francia Stephan de los Santos y José A. Rodríguez B. contra la Sentencia núm. 0319-2024-SCIV-00125, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, el diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 16 de 23  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 8. Competencia El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional en virtud de los artículos 185.4 y 277 de la Constitución; 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de mil once (2011). 9. Inadmisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional El Tribunal Constitucional considera que el presente recurso es inadmisible, de conformidad con las siguientes consideraciones: 9.1. La admisibilidad del recurso de revisión está condicionada a que se interponga en el plazo de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de la sentencia, según el artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11, que dispone: «El recurso se interpondrá mediante escrito motivado depositado en la Secretaría del tribunal que dictó la sentencia recurrida o en un plazo no mayor de treinta días a partir de la notificación de la sentencia». 9.2. Con relación al plazo previsto en el texto transcrito, el Tribunal Constitucional estableció en la Sentencia TC/0143/15, de primero (1ro.) de julio de dos mil quince (2015), que este es de treinta (30) días francos y calendario, lo que quiere decir que para calcular el plazo son contados –desde su notificación– todos los días del calendario y se descartan el día inicial (dies a quo) y el día final o de su vencimiento (dies ad quem); además, resulta prolongado hasta el siguiente día hábil cuando el último día sea sábado, domingo o día feriado. Expediente núm. TC-04-2025-0510, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los señores Francia Stephan de los Santos y José A. Rodríguez B. contra la Sentencia núm. 0319-2024-SCIV-00125, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, el diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 17 de 23  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 9.3. Es oportuno recordar lo juzgado por este órgano constitucional mediante la Sentencia TC/0109/24, de primero (1ro) de julio de dos mil veinticuatro (2024), en la cual estableció el criterio de que para que la notificación de una sentencia (tanto en los recursos de revisión constitucional de sentencias de amparo como en los recursos de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales) habilite el cómputo del plazo para el ejercicio del derecho a dicho recurso, esta debe hacerse dirigida a persona o en el domicilio real de las partes involucradas.1 9.4. A este respecto ha de ser tomada en consideración el artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil en lo concerniente al aumento del plazo en razón de la distancia, conforme al precedente establecido por este órgano constitucional mediante su Sentencia TC/1222/24, del treinta (30) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024). 9.5. En este sentido, el Tribunal ha constatado, conforme a los documentos que obran en el expediente, que la sentencia recurrida, marcada como núm. 0319- 2024-SCIV-00125, fue notificada en el domicilio de la parte recurrente, señores Francia Stephan de los Santos y José A. Rodríguez B., mediante el Acto núm. 3785/24, instrumentado el veintisiete (27) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), mientras que el recurso de revisión fue interpuesto el quince (15) de octubre del año dos mil veinticuatro (2024). En este sentido es necesario precisar que entre San Juan de la Maguana y el lugar del depósito del recurso (Distrito Nacional) hay 191 (191) kilómetros, razón por la cual al plazo inicial es necesario sumarle siete (7) días en razón de la distancia, además de los dos 1 Véase, en este sentido, el párrafo 10.14 de dicha decisión, en el que indicamos lo siguiente: Así las cosas, a partir de la presente decisión este tribunal constitucional se aparta de sus precedentes y sentará como nuevo criterio que el plazo para interponer recursos ante esta instancia comenzará a correr únicamente a partir de las notificaciones de resoluciones o sentencias realizadas a la persona o al domicilio real de las partes del proceso, incluso si estas han elegido un domicilio en el despacho profesional de su representante legal. Este criterio se aplicará para determinar cuándo la parte que interpone el recurso ha tomado conocimiento de la decisión impugnada y, en consecuencia, para calcular el plazo establecido por la normativa aplicable”. Expediente núm. TC-04-2025-0510, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los señores Francia Stephan de los Santos y José A. Rodríguez B. contra la Sentencia núm. 0319-2024-SCIV-00125, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, el diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 18 de 23  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL días francos. Por tanto, el último día para interponer el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional era lunes veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024). Ello quiere decir que el recurso fue interpuesto dentro del plazo previsto por el señalado artículo 54.1. 9.6. Asimismo, el recurso de revisión constitucional procede, según lo establece el artículo 277 de la Constitución y el 53 de la Ley núm. 137-11, contra las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada después de la proclamación de la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010). En este sentido, la recurrida, señora Estela María Guerrero, solicita que sea declarada la inadmisibilidad del presente recurso de revisión sobre la base de que la sentencia impugnada no tiene la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Alega al respecto que dicha decisión tiene abierto el recurso de casación por haber sido dictada por una corte de apelación. Dicho pedimento constituye una cuestión previa, la cual, como tal, debe ser decidida antes de cualquier consideración sobre el fondo del asunto. 9.7. Sobre la obligación de cumplir con el requerimiento de los citados textos, el Tribunal Constitucional estableció en su Sentencia TC/0130/13 (siguiendo el criterio de las Sentencias TC/0053/13 y TC/0121/13) lo siguiente: En efecto, tomando en consideración la naturaleza de la figura del recurso de revisión de decisión jurisdiccional, este solo procede en contra de sentencias –con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada– que pongan fin a cualquier tipo de acción judicial relativa al mismo objeto y con las mismas partes (Sentencia TC/0053/13), situación que solo se puede evidenciar en dos casos particulares: (i) sentencias que resuelven el fondo del asunto presentado por ante la jurisdicción correspondiente; y (ii) sentencias incidentales que, en vista Expediente núm. TC-04-2025-0510, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los señores Francia Stephan de los Santos y José A. Rodríguez B. contra la Sentencia núm. 0319-2024-SCIV-00125, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, el diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 19 de 23  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL de la decisión tomada, ponen fin definitivo al procedimiento o establecen que otra jurisdicción es competente para conocer el caso (por ejemplo, cuando se acoge un medio de inadmisión, excepción de incompetencia o excepción de nulidad). La presentación ante el tribunal constitucional de recursos que tienen por objeto asuntos incidentales que no ponen fin al procedimiento y que, por ende, no desapoderan al Poder Judicial, en la medida en que no resuelven el fondo del asunto, son ajenos al propósito fundamental del recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales y tienden a constituirse en obstáculos al desarrollo normal y razonable del caso en cuestión ante el juez de fondo. 9.8. En efecto, en la citada Sentencia TC/121/13 precisamos lo que sigue: […] el Tribunal Constitucional no ha sido instituido como una instancia ordinaria de protección de los derechos fundamentales, motivo por el cual no procede acudir directamente a él sin que previamente los órganos jurisdiccionales hayan tenido la oportunidad de subsanar o reparar la lesión por vía del sistema de recursos. El indicado presupuesto de agotamiento de todos los recursos disponibles impide, en consecuencia, que el justiciable pueda acceder per saltum (de un salto) a la revisión constitucional. 9.9. En este sentido, este órgano constitucional ha advertido que, ciertamente, como afirma la parte recurrida, la Sentencia núm. 0319-2024-SCIV-00125, dictada el diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, objeto del presente recurso de revisión constitucional, es susceptible de ser recurrida en casación. Ello es Expediente núm. TC-04-2025-0510, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los señores Francia Stephan de los Santos y José A. Rodríguez B. contra la Sentencia núm. 0319-2024-SCIV-00125, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, el diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 20 de 23  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL así conforme a lo previsto en este sentido por el artículo 154 de la Constitución, de manera general, y, de manera concreta, por los artículos 1, 4, 6 y 10 de la Ley núm. 2-23, sobre el Recurso de Casación, ya que la sentencia impugnada, dictada por una corte de apelación, se refiere a una demanda en responsabilidad civil, por la alegada violación de un contrato de cuota litis, sobre la que ha intervenido una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto, dictada, por tanto, en última instancia, susceptible aún –como se ha dicho– del indicado recurso. 9.10. En este sentido, reiteramos el criterio adoptado en la Sentencia TC/0444/18, en la cual juzgamos lo siguiente: […] resulta oportuno destacar que el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional que nos ocupa es inadmisible, aún [sic] en la eventualidad de que no fuera extemporáneo, ya que la sentencia objeto del mismo fue dictada por un tribunal de primera instancia, es decir, que mediante la misma no se resolvió el último recurso previsto en el ámbito del Poder Judicial, hipótesis en la cual este tribunal ha establecido que debe declararse la inadmisibilidad. 9.11. Conforme a lo expuesto, el Tribunal Constitucional estima procedente acoger la solicitud de la parte recurrida en el sentido indicado y, en consecuencia, declarar la inadmisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, interpuesto por los señores Francia Stephan de los Santos y José A. Rodríguez B. contra la Sentencia núm. 0319- 2024-SCIV-00125, dictada el diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, ya que no satisfice el requisito establecido por el artículo 53.3.b de la Ley núm. 137-11, sin necesidad de examinar el otro medio de inadmisibilidad planteado ni el fondo del recurso, Expediente núm. TC-04-2025-0510, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los señores Francia Stephan de los Santos y José A. Rodríguez B. contra la Sentencia núm. 0319-2024-SCIV-00125, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, el diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 21 de 23  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL en virtud de lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley núm. 834, aplicable de manera supletoria en esta materia, de conformidad con el artículo 7.12 de la Ley núm. 137-11. Esta decisión, aprobada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran los magistrados Sonia Díaz Inoa, Manuel Ulises Bonelly Vega y Fidias Federico Aristy Payano, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional DECIDE: PRIMERO: DECLARAR inadmisible el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los señores Francia Stephan de los Santos y José A. Rodríguez B. contra la Sentencia núm. 0319-2024-SCIV- 00125, dictada el diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana. SEGUNDO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de conformidad con el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011). TERCERO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señores Francia Stephan de los Santos y José A. Rodríguez B., y a la parte recurrida, señora Estela María Guerrero Tabera. Expediente núm. TC-04-2025-0510, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los señores Francia Stephan de los Santos y José A. Rodríguez B. contra la Sentencia núm. 0319-2024-SCIV-00125, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, el diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 22 de 23  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CUARTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional. Aprobada: Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente; Miguel Valera Montero, primer sustituto; Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta; José Alejandro Ayuso, juez; Alba Luisa Beard Marcos, jueza;; Army Ferreira, jueza; Domingo Gil, juez; Amaury A. Reyes Torres, juez; María del Carmen Santana de Cabrera, jueza; José Alejandro Vargas Guerrero, juez. La presente sentencia fue aprobada por los señores jueces del Tribunal Constitucional, en la sesión del pleno celebrada en fecha doce (12) del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026); firmada y publicada por mí, secretaria del Tribunal Constitucional, que certifico, en el día, mes y año anteriormente expresados. Grace A. Ventura Rondón Secretaria Expediente núm. TC-04-2025-0510, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los señores Francia Stephan de los Santos y José A. Rodríguez B. contra la Sentencia núm. 0319-2024-SCIV-00125, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, el diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 23 de 23