Tribunal Constitucional - Sentencia TC/0542/26

República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA SENTENCIA TC/0542/26 Referencia: Expediente núm. TC-04- 2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los quince (15) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026). El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Miguel Valera Montero, primer sustituto en funciones de presidente; Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta; Fidias Federico Aristy Payano, Alba Luisa Beard Marcos, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Sonia Díaz Inoa, Army Ferreira, Domingo Gil, Amaury A. Reyes Torres y José Alejandro Vargas Guerrero, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 y 277 de la Constitución; 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 1 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I. ANTECEDENTES 1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de decisión jurisdiccional La Sentencia núm. 109, objeto del presente recurso de revisión, fue dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre del dos mil diecinueve (2019) y, rechazó el recurso mediante el dispositivo siguiente: PRIMERO: Rechazan, en cuanto al fondo, los recursos de casación interpuestos por Boya USA Inc. Y ARC Boya Corp., contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, en fecha 11 de septiembre de 2018; SEGUNDO: Condenan a los recurrentes al pago de las costas procesales, a favor y provecho del doctor Ramón A. Veras y los licenciados José Lorenzo Fermín, Radhamés Acevedo León y Wilfredo Tejada Fernández; TERCERO: Ordenan que la presente decisión sea notificada a las partes. En el presente expediente no consta depositado acto de notificación de la sentencia anteriormente descrita de manera íntegra. Solo consta la notificación del dispositivo a la parte recurrente, señores Boya USA Inc., mediante Oficio núm. 02-18630, emitido por la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 2 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL También se notificó a los señores ARC Boya Corp. mediante el Oficio núm. 02-18631, elaborado por la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecinueve (2019), y a la parte recurrida, señores Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, mediante el Oficio núm. 02-18632, de la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, del treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecinueve (2019). 2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional El presente recurso de revisión contra la referida sentencia fue incoado por los señores Boya USA Inc. y ARC Boya Corp. mediante instancia del cuatro (4) de diciembre del dos mil diecinueve (2019), depositada en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia y recibida en el Tribunal Constitucional el ocho (8) de diciembre de dos mil veintitrés (2023); fue notificado a la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos mediante el Acto núm. 035/2020, instrumentado por el ministerial Silverio Zapata Galán, alguacil ordinario de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el nueve (9) de enero del dos mil veinte (2020). 3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de decisión jurisdiccional Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, mediante su Sentencia núm. 109, de fecha nueve (9) del mes de octubre de dos mil diecinueve (2019), rechazó el recurso, arguyendo —entre otros— los motivos siguientes: Considerando, que de la lectura de los argumentos articulados en los respectivos memoriales de casación interpuestos por las partes, se verifica que de forma análoga han invocado los mismos medios; que Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 3 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL por convenir a la solución del caso y por estar estrechamente vinculados los alegatos de los recurrentes en sus respectivos recursos de casación, serán examinados y ponderados de manera conjunta dada su similitud expositiva; Considerando, que los recurrentes invocan en su primer medio, que lo jueces de la Corte a qua actuaron en violación al debido proceso y errónea a aplicación de los artículos 120 y 121 del Código Procesal Penal, alegando en síntesis, que era inadmisible la constitución en actor civil interpuesta por la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos en su contra; Considerando, que en relación a esta primera crítica invocada por los recurrentes, estas Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, han verificado en las motivaciones de la sentencia recurrida, específicamente en la página 70, párrafo II del considerando 14, que este medio fue respondido y resuelto por la Corte conforme al derecho, dando aplicación al artículo 120 del Código Procesal Penal, que instituye que la acción resarcitoria procede aun cuando no se haya individualizado al responsable; en ese entendido, en el caso que nos ocupa son hechos no controvertidos que, la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos depositó ante el ministerio público de conformidad con el artículo 121 del Código Procesal Penal, una constitución en actor civil en contra de Ramón Darmaso Castillo Díaz, Agente de Remesas y Cambio Boya S.A, en la cual hizo constar que era extensiva frente a cualquier persona que en el futuro resultase responsable penal y civilmente por los hechos perpetrados.. que después dela acusación fue presentada una instancia complementaria incluyendo a las empresas BOYA USA INC y ARC BOYA Corp., en calidades de terceras civilmente demandadas; esas instancias fueron Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 4 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL admitidas en el auto de apertura a juicio dictado por el juez de la instrucción; por lo que, la Corte al rechazar actuó acorde a la norma procesal; además del análisis del procedimiento no se advierte vulneración a las reglas del debido proceso, ni al derecho de defensa, por lo que procede la desestimación de este me Considerando, que en cuanto al segundo medio argüido en el presente escrito de casación, el recurrente plantea violación al derecho de defensa, errónea aplicación de los artículos 298 y 299 del Código Procesal Penal, violación al debido proceso; refiriéndose esencialmente a que no se le permitió depositar sus elementos de pruebas a descargo para su defensa; dio; Considerando, que con relación a este alegato, tanto la Corte a qua como el tribunal penal de primer grado se han referido al mismo aspecto, por lo que, ha sido debidamente debatido en las instancias inferiores, en razón de que, la Corte a qua se encargó de analizarlo y responderlo; atendiendo a que ese punto, se trata de una etapa precluida, por lo que el proceso no puede ser llevado a casación, pues conforme los principios procesales de progresividad y preclusión sus pretensiones no tenían lugar, ponderando además, que el tribunal de instancia valoró conforme a la sana crítica, todos y cada uno de los elementos sometidos a escrutinio y que sirvieron de soporte a la sentencia condenatoria, con lo que se cumple los requisitos del debido proceso; por consiguiente, no se encuentran conformados los vicios denunciados, deviniendo en rechazo los aspectos que se arguyen; Considerando, que en relación a su tercer medio propuesto, violación al principio de oralidad, inobservancia del artículo 74.4 de la Constitución y 25 del Código Procesal Penal, errónea aplicación de los artículos 311 y 312 del Código Procesal Penal; con respecto a la Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 5 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL solicitud de no incorporación por simple lectura de las pruebas documentales; Considerando, que en cuanto a este medio consignado las pruebas presentadas son las que forman parte cedazo de la legalidad de la etapa de que, en ninguna parte del acta figura que el por su lectura las pruebas documentales a que hace referencia, advirtiendo Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia que, con esta afirmación el Boya y recurrente se aleja de la realidad procesal del presente caso, siendo procedente desestimar el mismo; Considerando, que esta Suprema Corte de Justicia ha sido constante al establecer que estos tipos de actas a que se refiere el 312.1 de la norma procesal, resultan ser excepciones a la oralidad, y por tanto, como pruebas escritas que pueden ser, incorporadas al juicio, distingue entre pruebas documentales y las actas que esa misma normativa estipula; por lo que procede rechazar el medio analizad0; Considerando, que con relación al cuarto medio esgrimido, los reclamantes cuestionan que la sentencia es manifiestamente infundada, por presunta violación a los artículos 418 y 420 del Código Procesal Penal; la decisión recurrida es contraria a un fallo anterior de la Suprema Corte de Justicia; además arguye, falta de estatuir; Considerando, que al tenor de lo argumentado, actuando como Corte de Casación, ha advertido, que en el caso de la especie, en un primer aspecto los recurrentes alegan violación a los artículos 418 y 420 del Código Procesal Penal, en virtud de que la corte a qua, no valora los elementos probatorios y otros que fueron depositados para sustentar su recurso de apelación; Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 6 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Considerando, que al respecto, es preciso acotar que, las pruebas a que se hace referencia en el artículo 418 del Código Procesal Penal, son para acreditar defecto del procedimiento, sobre la omisión, inexactitud o falsedad del acta del debate o de la sentencia; en ese orden de ideas, una vez examinado el contenido del referido medio constatan estas Salas Reunidas, que el fundamento utilizado por los reclamantes para atribuir falta de estatuir a la Corte, no se aprecia en la decisión impugnada; más bien se evidencia, un análisis conjunto pormenorizado de los recursos de apelación y estamos acordes con lo resuelto por la Corte a qua, debido a que la sentencia impugnada cumple con los requisitos del debido proceso con relación a los requerimientos basados tanto en hechos como en derecho, plasmando adecuadamente sus motivaciones en dicho acto jurisdiccional, por lo que procedemos en consecuencia, a desestimar el argumento de los recurrentes en donde le endilgan a la sentencia recurrida ser manifiestamente infundada; Considerando, que continúa su reclamo la parte recurrente bajo el alegato de que la decisión recurrida es contraria a un fallo anterior de la Suprema Corte de Justicia; Considerando, que en cuanto a este aspecto impugnado, estas Salas Reunidas pudieron constatar la inexistencia de la alegada contradicción, toda vez que la sentencia a la que hace alusión los recurrentes , y qué dice ser contradictoria con la sentencia recurrida, se trata de una decisión la cual reitera el criterio de motivación de las decisiones y las garantías del acceso a una administración de justicia oportuna y justa, entre otras cosas; por lo que, en dichas circunstancias, no se materializa la contradicción denunciada, en razón de que, es sabido que las decisiones jurisdiccionales deben Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 7 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL corresponderse con los lineamientos que rigen el correcto pensar, y satisfagan las exigencias de una adecuada motivación; Considerando, que sobre el particular, resulta pertinente destacar que, para que se materialice la contradicción entre decisiones, deben haberse invocado las mismas impugnaciones en contra de la sentencia que se recurre, y que el tribunal decida o resuelva de manera diferente, lo que no ha ocurrido en la especie, conforme a las constataciones descritas precedentemente; en tal sentido, no lleva razón los recurrentes en su reclamo, al no verificar la aludida contradicción, por lo que procede su rechazo; Considerando, que es oportuno señalar que, la necesidad de motivar las sentencias por parte de los jueces se constituye en una obligación y de una garantía fundamental del justiciable de inexcusable cumplimiento por parte de los juzgadores, que se deriva del contenido de las disposiciones claras y precisas del artículo 24 del Código Procesal Penal; Considerando, que en esa línea discursiva, es conveniente destacar, que por motivación hay que entender aquella en la que el tribunal expresa de manera clara y ordenada las cuestiones de hecho y derecho que sirvieron de soporte a su sentencia, o en otros términos, en la que el juez o los jueces explican las razones jurídicamente válidas o idóneas para justificar su decisión; en el caso, la sentencia impugnada lejos de estar afectada de un déficit de fundamentación, como erróneamente alega el recurrente, la misma está suficientemente motivada y cumple palmariamente con los patrones motivacionales que se derivan del artículo 24 del Código Procesal Penal; por consiguiente, procede rechazar el medio de casación que se examina Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 8 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Considerando, que en el quinto y último . medio, los recurrentes arguyen inobservancia y errónea aplicación del artículo 126 del Código Procesal Penal como los artículos 1382 al 1386 del Código Civil; respecto a que no existe en la decisión recurrida, ni en la decisión de primer grado, na explicación sobre la supuesta responsabilidad civil del exponente, si es una relación comitente- preposé o una dependencia o subordinación de la exponente con el imputado; Considerando, que la responsabilidad por el hecho de otro, contenida en el artículo 1384, párrafo III, del Código Civil, constituye una -rama excepcional de la responsabilidad civil, ya que, el principio es que cada cual responde por su propio hecho como lo prevé el artículo 1382 del Código Civil, de acuerdo con esta responsabilidad excepcional, una persona que no es autora de un daño, denominada comitente, se obliga a reparar el daño causado por otra persona, llamada preposé, siempre que se demuestre que durante la ocurrencia del hecho dañoso el autor actuaba bajo el poder, dirección y supervisión de su comitente1; por lo que, la figura jurídica a la cual hacen referencia los recurrentes no tiene aplicación en- el caso de que se trata, ni se verifica en la sentencia una errónea aplicación del artículo 126 del Código Procesal Penal; Considerando, que contrario a los alegatos esgrimidos por el recurrente, la Corte a qua, además de adoptar los motivos esbozados por el tribunal de primer grado, que eran acertados, estableció también sus propios motivos, quedando demostrado que el imputado Ramón Darmado Castillo, comprometió su responsabilidad penal 1 Artículo 1384, párrafo III, del Código Civil. Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 9 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL como autor material en el hecho que se le imputa; siendo establecido por el tribunal de primer grado, en base a los documentos aportados, que tanto ARC Boya Corp., y Boya USA. Inc., son responsables civilmente de los daños ocasionados por el imputado, en razón de que él mismo, tenía el control y dominio de las operaciones de dichas empresas; en tal virtud, al encontrarse dentro del rango legal y acorde a los hechos, procede desestimar el medio propuesto; Considerando, que sin duda alguna, los razonamientos externados por la Corte a qua en su decisión, se corresponden con los lineamientos que rigen el correcto pensar, y satisfacen las exigencias de motivación; dado que en la especie, el tribunal de apelación desarrolla sistemáticamente su decisión, expone de forma concreta y precisa cómo ha valorado la sentencia apelada, y su fallo se encuentra legitimado en una fundamentación ajustada a las normas adjetivas, procesales y constitucionales vigentes y aplicables al caso en cuestión; de tal manera que estas Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, no avistan vulneración algún en perjuicio de los recurrentes, procediendo en tal sentido a desestimar los recursos que se tratan; 4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrente en revisión La parte recurrente, Boya USA Inc. y ARC Boya Corp., depositaron su instancia en revisión constitucional de decisión jurisdiccional el cuatro (4) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual pretenden que se anule la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019), sobre la base de los siguientes alegatos: Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 10 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 18. Ese alto tribunal habrá de observar que la constitución en actor civil en contra de la exponente fue depositada en fecha 13 de enero del 2015, fecha en la que aún no estaban vigentes las modificaciones de la Ley núm. 10-15. En consecuencia, las normas procesales penales aplicables a la especie con respecto a la inadmisibilidad de la Constitución en actor civil, son las disposiciones del Código Procesal Penal antes de las referidas modificaciones. 21. Es fácil advertir, al examinar la glosa procesal, que la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos se constituyó en actor civil en contra de BOYA USA INC y ARC BOYA CORP, seis (6) días después a la presentación de la acusación pública y cuatro (4) días después de haberse adherido a esa misma acusación pública; en una franca violación al artículo 121 del Código Procesal Penal, vigente al momento de su constitución en actor civil. 22.Ese honorable Tribunal Constitucional habrá de considerar que con relación al caso en concreto no aplican las modificaciones Ley núm. 10-15 efectuadas al artículo 121 del Código Procesal Penal, pues la exponente fue sometida a la rigurosidad del proceso penal con anterioridad a esa modificación. En ese sentido, expusimos que el artículo 110 de la Constitución consagra el principio de irretroactividad de la ley en República Dominicana. Ese texto constitucional no distingue entre la ley sustancial, penal procesal; por lo tanto, en aplicación del principio de favorabilidad establecido en el artículo 74.4 de la propia Constitución, la irretroactividad alcanza a toda ley, aún sea procesal, como sucede en la especie. 23.Asimismo, ese alto tribunal habrá de observar que la Querella y Constitución en Constitución en Actor Civil, depositada por la Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 11 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL querellante en fecha 6 de agosto de 2014, fue dirigida exclusivamente contra el imputado y el tercero civilmente demandado Agentes de Remesas y Cambio Boyá; esa última, es una entidad establecida en la República Dominicana, distinta a la exponente que está establecida en E.E.U.U. De lo anterior se advierte que la constitución en actor civil de fecha 6 de agosto de 2014, en nada vincula, relaciona o ata al proceso a BOYA USA INC, empresa organizada y constituida de conformidad con las leyes del Estado de New Jersey, E.E.U.U. 28.Pero la Corte a-qua y la Suprema Corte de Justicia soslayan referirse, precisamente, al hecho de que la empresa del imputado contra quien se efectuó la constitución en actor civil en agosto de 2014, fue Agentes de Remesas y Cambio Boyá, es decir, una entidad distinta a la exponente BOYA USA INC, cuya constitución en actor civil en su contra fue depositada fuera de plazo en la aludida fecha 13 de enero de 2015. 29.Peor aún, tanto la Corte a-qua como la Suprema Corte de Justicia, tratando de justificar su desatinada decisión incurren en una áspera desnaturalización de los artículos 120 y 121 del Código Procesal Penal, al decir, en síntesis, que el aludido artículo 120 establece que la acción resarcitoria procede aun cuando no se haya individualizado al responsable, razón por la cual desestima nuestro medio planteado. 31.En ese mismo orden, ese alto tribunal habrá de considerar que el ejercicio de la acción civil no procede sin una individualización del posible responsable civil, pues es obvio que si no se identifica a la persona a la cual se perseguirá civilmente es imposible iniciar una acción en su contra. De manera que en la especie ha habido una desnaturalización de la norma penal aludida, y por lo tanto una violación al debido proceso, al plasmar la irracional opinión de que Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 12 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL se puede iniciar una acción resarcitoria contra un tercero civilmente demandado que todavía no se ha identificado, lo cual es un absurdo y un dislate jurídico. 32.Examinado lo anterior, debe ese alto tribunal declarar la decisión recurrida violatoria al debido proceso, la nulidad de la sentencia impugnada y, en consecuencia, la inadmisibilidad de la constitución en actor civil depositada por la Asociación Cibao en fecha 13 de enero 2015 contra BOYA USA INC y ARC BOYA CORP, por ser extemporánea. 36.Las violaciones al debido proceso en cuanto al tema planteado siguieron manifestándose, pues la Corte a-qua y luego la Suprema Corte de Justicia se limitaron a decir que se trataba de una etapa precluida. La Corte a-qua, en una manifestación mayúscula de falta de conocimiento del procedimiento y de la glosa procesal de la especie, se limitó a decir lo siguiente: No llevan razón en su queja los apelantes, ya que la solicitud para incorporar pruebas a descargo tiene que formularse en lo que corresponde a la etapa intermedia tal y como lo dispone el artículo 299 de la norma procesal penal vigente, que obliga a que en el plazo de cinco días de recibida la notificación de la audiencia preliminar y al no hacerlo en dicho plazo el juez de la preliminar le rechaza dicha solicitud de incorporación de pruebas, de ahí que se desestima la queja. 38. La Corte a-qua, para desestimar el medio planteado por la exponente hace referencia a la situación procesal de que las partes tienen que depositar sus elementos de pruebas a descargo dentro del Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 13 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL plazo de cinco (5) días, lo cual es obvio. Pero contrario a lo plasmado en la decisión recurrida, ese plazo de cinco (5) días comienza a computarse, no a partir de la notificación de la audiencia preliminar, como ha dicho la Corte a-qua; sino a partir del momento de la notificación de la acusación conjuntamente con los medios de pruebas que la sustenten, todo conforme a los artículos 298 y 299 del Código Procesal Penal. 48. Es así honorables jueces de ese Tribunal Constitucional, como se ha perpetrado de manera descarada la injustificada acción de impedirle a la exponente depositar las pruebas que la desvincular de lo que se le acusa, en franca violación a sus derechos fundamentales. Ese alto tribunal habrá de considerar el hecho de que la exponente depositó sus elementos probatorios dentro de los cinco días en que tuvo conocimiento de la acusación; que el juzgado de la instrucción de la especie no acreditó sus pruebas descargos bajo el injustificado pretexto de que la exponente no las notificó a las demás partes del proces0 , cuando eso es una obligación de la Secretaria del tribunal, no de las exponentes; que el aquo no estatuyó al respecto ante el incidente planteado para que admitiera las pruebas presentadas dentro del plazo de ley, en virtud del artículo 305 del Código Procesal Pena12; 00 que la Corte a-qua desestima el medio bajo el infundado pretexto de tal solicitud de incorporación de pruebas a descargo debió hacerse durante la etapa intermedia, y que la Suprema Corte de Justicia, ante todas esas violaciones al debido proceso, derechos fundamentales y garantías procesales de las exponentes, ha dicho que todo está bien. 2 Artículo 305, del Código Procesal Pena1. Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 14 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 49. Es obvio que tanto la Suprema Corte de Justicia, como la Corte a- qua, el Juzgado a-quo y el juzgado de la instrucción de la especie, han conculcado de manera irregular e injusta los derechos constitucionales de la exponente, quien ha denunciado esas flagrantes violaciones desde su primera participación en los inicios mismos del presente proceso, y reiterado además en todas y cada una de las subsiguientes etapas procesales y jurisdicciones, incluyendo este alto tribunal. Situación que debe corregirse a los fines de garantizar una sana y adecuada administración de justicia, y salvaguardar los derechos y garantías procesales, del debido proceso, derecho de defensa y seguridad jurídica, establecido en nuestro marco constitucional y supra nacional. 54. La Suprema Corte de Justicia, por increíble que parezca, conculca aún más del debido proceso respecto a ese medio planteado, pues en su decisión dice que las pruebas a las que hace referencia el artículo 418 del Código Procesal Penal son, únicamente, para acreditar un defecto del procedimiento o sobre la falsedad del acta de la sentencia. Sin embargo, el referido artículo 418 establece bastante claro que También es admisible la prueba propuesta por el imputado en su favor, incluso la relacionada con la determinación de los hechos que se discuten. 5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrida en revisión La parte recurrida, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos depositó su escrito de defensa ante la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el diez (10) de febrero de dos mil veinte (2020) y fue recibido en este Tribunal Constitucional el ocho (8) de diciembre de dos mil veintitrés (2023). En dicho Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 15 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL documento alega que el presente recurso debe ser declarado inadmisible por los siguientes motivos: 15. Así las cosas, en la especie, las pretensiones de las recurrentes no alcanzan méritos constitucionales para el examen de este Tribunal Constitucional, toda vez que las quejas planteadas le corresponde a la jurisdicción ordinaria, tal y como en su momento se efectuó, por lo que este recurso de revisión constitucional debe declararse inadmisible por falta de objeto, en vista de que los motivos planteados se refieren a etapas precluidas. 36. Pese a que el recurso de revisión constitucional que nos ocupa es manifiestamente inadmisible, en lo sucesivo vamos a responder los frágiles argumentos esgrimidos por la parte recurrente. 37. Dado el enredo deliberado en la exposición de los motivos en los cuales sustentan las recurrentes su recurso, la parte recurrida se ve en la necesidad de replicar a tan infundados medios con un breve enfoque de algunas consideraciones legales respecto al derecho juzgado y aplicado en cada caso. 41. La Suprema Corte de Justicia actuó acorde al derecho al desestimar este medio del recurso de casación que sometieron las referidas sociedades comerciales, terceras civilmente demandas. Nos explicamos. 42. De entrada, lo primero que debe tomar en cuenta este honorable Tribunal Constitucional, es que los argumentos plasmados por las recurrentes en este punto, fueron los mismos que plantearon, textualmente, ante el juez de la instrucción durante la etapa preliminar; Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 16 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ante el tribunal del fondo en la etapa de juicio; ante la Corte de Apelación y ante la Suprema Corte de Justicia. 43. No obstante, a pesar de lo errado de su razonamiento, las recurrentes los reiteran ante este honorable tribunal, alegando una supuesta vulneración a las reglas del debido proceso. Razonamientos que, tal y como sucedió en la fase preliminar, en la etapa de juicio, durante la fase de apelación y ante la Suprema Corte de Justicia, no soporta el más mínimo análisis a la luz de la normativa procesal penal vigente. 45. En ese tenor, contrario a lo expuesto por las recurrentes en su primer medio, la Suprema Corte de Justicia, la Corte de apelación, al igual que lo hicieron el Juzgado de la Instrucción y el Tribunal de juicio, realizó una valoración armónica de las circunstancias propias del caso que nos ocupa y de la norma procesal aplicable, especialmente, en lo que respecta a este primer punto; y con ello, pudo hacer una correcta aplicación de los artículos 120 y 121 del Código Procesal Penal, en torno al tema de debate. 55.Con sus razonamientos, a pesar de lo atinado de la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia, lo que pretenden las recurrentes es que, sin ninguna justificación válida y de manera absurda, este honorable Tribunal Constitucional desconozca y mal interprete, en su beneficio, lo expresamente establecido en los artículos 120 y 121 del destacado código; y así mismo, soslaye el alcance combinado de los artículos 270 y 297 parte In fine de la comentada norma legal; sin importar, que esto vulnere los derechos fundamentales de la exponente, en su calidad de víctima, querellante y actora civil, los Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 17 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL cuales también deben ser garantizados por los poderes públicos y tutelados de manera efectiva. 64. En sus argumentaciones, las recurrentes olvidan explicarle a este honorable tribunal, tal y como lo hicieron ante la Suprema Corte de Justicia, y al hacerlo tergiversan la realidad de los hechos, que la verdad fue que las recurrentes dejaron vencer el plazo del artículo 299 del referido código, para incorporar sus pruebas. Por Io que, para probar lo anterior, al igual que se probó en cada etapa del proceso, y ante la Corte a-qua, es necesario recrear lo que realmente ocurrió en la etapa preliminar. 72. Por lo que, la situación cuestionada, recae sobre una decisión dictada el 25 de febrero de 2015, mediante acta de audiencia núm. 75/2015, que ni siquiera fue recurrida en la misma audiencia en que se dictó; es más que evidente que la pretensión de las recurrentes, de que la Suprema Corte de Justicia y este tribunal, retrotraiga el proceso a etapas superadas y precluidas, es absurda; pues pretendían que la Suprema Corte de Justicia estatuyera sobre un punto que no es de su competencia y ajeno a la decisión recurrida y, por ende, que escapa a las atribuciones que le confiere el artículo 427 del señalado código. 73. Por todas y cada una de estas razones, este honorable tribunal, puede sin mayor detenimiento, rechazar por INADMISIBLE este otro medio planteado por la parte recurrente. 76. De ahí que el recurso de oposición era la vía recursiva abierta en aquel entonces para plantear lo que ahora pretende por ante este Tribunal Constitucional y que adujeron también ante la Suprema Corte Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 18 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL de Justicia, si ciertamente estaba disconforme con esa decisión, no ahora y aquí. Por lo que, es absolutamente improcedente el planteamiento que a estas alturas enarbola la parte contraria, dado que se trata de una etapa precluida, y de que nadie puede invocar su propia falta. 77. Sin embargo, producto de las continuas inobservancias procesales con que se han manejado las recurrentes en todo el devenir de este caso, estas en vez de recurrir la decisión del 25 de febrero de 2015, en aquella oportunidad prefirieron optaron por depositar, después de cerrados todos los plazos y de forma extemporánea, un escrito de depósito de pruebas, que obviamente, ante esas circunstancias fue declarado INADMISIBLE, por el Juez de la Instrucción en el auto de apertura a juicio. 78. La Suprema Corte de Justicia es consciente, de que permitir el uso irrestricto de los plazos, sin ninguna justificación válida, sería "contravenir el ordenamiento jurídico, los principios y la seguridad jurídica como valor y principio fundamental que rige nuestro Proceso penal lo cual aplica mutatis mutandi, incluso en los casos de depósito tardío de pruebas e incidentes. 92. En cambio, en el caso que nos ocupa, las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia admitieron en la forma los recursos de casación de las recurrentes, sin embargo, en el fondo los rechazaron. Pero para hacerlo, motivaron su decisión, no con una fórmula genérica, sino con razonamiento lógico, fundamentando su decisión en hechos y en derecho, como se puede colegir con lo transcrito de la sentencia recurrida en el párrafo 86 de este escrito. Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 19 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 93. Con lo externado precedentemente queda demostrado que no llevan razón tampoco las recurrentes en su reclamo, en este tercer y último medio, en vista de que se refiere a una petición cuya fase o etapa está precluida, por lo que, este medio también debe ser desestimado. 94. En definitiva, como se ha podido observar con lo indicado en todo el cuerpo de este escrito de réplica, contrario a lo expresado por las recurrentes, acoger la petición formulada en dicho recurso de revisión constitucional y anular la sentencia aludida, constituiría una vulneración de la tutela judicial efectiva que tratan de garantizar el artículo 69 de la Constitución de la República y los instrumentos del derecho internacional que ordenan a los órganos jurisdiccionales adoptar medidas que tiendan a minimizar las molestias causadas a las víctimas y demoras innecesarias en la resolución de las causas. 6. Pruebas documentales En el presente expediente constan depositados, entre otros, los siguientes documentos: 1. Copia certificada de la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). 2. Copia de la Sentencia Penal núm. 359-2018-SSEN-1-164, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el once (11) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 20 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 3. Copia de la Sentencia Penal núm. 1371-04-2016-SSEN-00356, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia de Santiago el veintisiete (27) de diciembre de dos mil dieciséis (2016). II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 7. Síntesis del caso Conforme a los documentos depositados en el expediente, a los hechos y argumentos invocados por las partes, el presente caso tiene su origen en la acusación y solicitud de apertura a juicio en contra del señor Ramón Darmado Castillo Díaz por presunta violación a las disposiciones consagradas en los artículos 147, 148 y 405 del Código Penal, en perjuicio de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Apoderado el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago para el conocimiento del caso, dictó auto de apertura a juicio y el fondo del proceso fue conocido por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santiago, que dictó la Sentencia Penal núm. 1371-04-2016-SSEN-00356 en la que declaró al señor Ramón Darmado Castillo Díaz culpable de cometer el ilícito penal de estafa y uso de documentos falsos, previsto y sancionado por los artículos 405 y 148 del Código Penal dominicano en perjuicio de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. En consecuencia, lo condenó a la pena de cinco (5) años de reclusión menor, mientras que a los terceros civilmente demandados —empresas Agente de Remesas y Cambio Boya S.A, Agente de Remesa y Cambio Boya, USA y ARC Boya Corporation— los condenó al pago de las siguientes Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 21 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL indemnizaciones: cinco millones novecientos setenta y nueve mil cien dólares estadounidenses con 00/100 ($5,979,100.00) (o su equivalente en pesos dominicanos) por daños económicos o patrimoniales, y quinientos mil dólares estadounidenses con 00/100 ($500,000.00) (o su equivalente en pesos dominicanos) por daños morales o sociales en favor de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Dicho fallo fue recurrido en apelación. La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago fue apoderada y en consecuencia, dictó la Sentencia núm. 972-2-0108, el trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017), en la que desestimó en el fondo los recursos de apelación interpuestos por el señor Ramón Darmado Castillo Díaz y Boya USA, y confirmó el fallo impugnado. Inconformes interpusieron un recurso de casación ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. Mediante Sentencia núm. 485, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el siete (7) de mayo de dos mil dieciocho (2018), esta sala declaró con lugar el recurso de casación interpuesto por Boya USA, y casó y ordenó el envío del asunto ante la Primera Sala Penal de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago para que sea conocido de nuevo. Apoderada, la corte de envío dictó su Sentencia núm. 359-2018-SSEN-164, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, el once (11) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), en la que desestimó en el fondo los recursos y confirmó en todas sus partes la decisión apelada. Inconforme con esta decisión la parte recurrente interpuso un recurso de casación en contra de la referida decisión y como resultado las Salas Reunidas Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 22 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL de la Suprema Corte de Justicia dictó la Sentencia núm. 109 el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019), que rechazó el recurso. Esta decisión constituye el objeto del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional. 8. Competencia Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, en virtud de lo que disponen los artículos 185.4 y 277 de la Constitución; 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011). 9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional Este Tribunal Constitucional estima procedente la declaración de admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, en atención a los siguientes razonamientos: 9.1. Para determinar la admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional resulta ante todo imperativo evaluar la exigencia relativa al plazo de su interposición, que figura previsto en la parte in fine del artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11; o sea, a más tardar dentro de los treinta (30) días contados a partir de la notificación de la sentencia recurrida en revisión. La inobservancia de este plazo, estimado por este colegiado como Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 23 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL franco y calendario,3 se encuentra sancionada con la inadmisibilidad del recurso.4 9.2. La Sentencia núm. 109, objeto del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, fue dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019), la misma según revisión de los documentos que constan en el expediente no fue notificada a la parte recurrente, por lo que se considera que el plazo nunca comenzó a correr, y el recurso de revisión, que nos ocupa fue depositado ante la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el cuatro (4) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), fue interpuesto dentro del plazo hábil. 9.3. Observamos asimismo que el caso corresponde a una decisión que adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada5 con posterioridad a la proclamación de la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), por lo que el requerimiento prescrito por la primera parte del párrafo capital de su artículo 2776 queda satisfecho. En efecto, la decisión impugnada, expedida por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019), puso término al proceso de la especie y agotó la posibilidad de interposición de recursos dentro del Poder Judicial. 3 TC/0143/15 4 TC/0247/16 5 En ese sentido: TC/0053/13, TC/0105/13, TC/0121/13 y TC/0130/13 6 Artículo 277. Decisiones con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia. Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 24 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 9.4. Cabe también indicar que la parte recurrente invoca el tercer supuesto previsto en el artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11, el cual limita las revisiones constitucionales de decisiones jurisdiccionales a la siguiente situación: 3. Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental […]. Como puede observarse, la parte recurrente alega la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, errónea aplicación de la ley, derecho de defensa y falta de motivación. 9.5. Al tenor del indicado artículo 53.3, el recurso procederá cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma; b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada; y c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar. 9.6. Respecto del requisito dispuesto en el artículo 53.3.a), la presunta conculcación a los derechos fundamentales invocada por la parte recurrente en el presente caso se produce con la emisión de la Sentencia núm. 109 por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), respecto del recurso de casación interpuesto por Boya USA Inc. Y ARC Boya Corp. En este tenor, la parte recurrente tuvo conocimiento de las alegadas violaciones cuando obtuvo, de manera íntegra la Sentencia núm. 109, razón por la que, obviamente, no tuvo antes la oportunidad de promover la restauración de sus derechos fundamentales. En Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 25 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL este sentido, el Tribunal Constitucional estima que, siguiendo el criterio establecido por la Sentencia Unificadora TC/0123/18, se encuentra satisfecho el requisito establecido por el indicado literal a) del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11. 9.7. De igual forma, el presente recurso de revisión constitucional satisface las prescripciones establecidas en los literales b) y c) del precitado artículo 53.3, puesto que la parte recurrente agotó todos los recursos disponibles sin que la alegada conculcación de derechos fuera subsanada y la violación alegada resulta imputable de modo inmediato y directo a la acción de un órgano jurisdiccional, que en este caso fue las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia. 9.8. Además, el Tribunal Constitucional también estima que el presente recurso de revisión reviste especial trascendencia o relevancia constitucional,7 de acuerdo con el párrafo in fine del artículo 53.3 de la citada Ley núm. 137- 11.8 Este criterio se funda en que la solución del conflicto planteado permitirá a esta sede constitucional seguir afianzando el alcance al debido proceso, errónea aplicación de la ley, derecho de defensa y falta de motivación. 7 En su Sentencia TC/0007/12, el Tribunal Constitucional señaló que la especial trascendencia o relevancia constitucional […] solo se encuentra configurada, entre otros supuestos, 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal - Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional. 8 Párrafo. - La revisión por la causa prevista en el numeral 3) de este art. solo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando este considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre el asunto planteado. Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 26 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 10. Sobre el fondo del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional Respecto al fondo del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, este tribunal considera lo siguiente: 10.1. Los recurrentes, entidades comerciales Boya USA Inc. Y ARC Boya Corp., fundamentan su recurso en que mediante la sentencia impugnada las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, al rechazar el recurso de casación de referencia, violó sus derechos fundamentales de debido proceso, errónea aplicación de la ley, derecho de defensa y falta de motivación respecto de la alegada violación. Al respecto, los recurrentes sostienen lo que a continuación se consigna: 32.Examinado lo anterior, debe ese alto tribunal declarar la decisión recurrida violatoria al debido proceso, la nulidad de la sentencia impugnada y, en consecuencia, la inadmisibilidad de la constitución en actor civil depositada por la Asociación Cibao en fecha 13 de enero 2015 contra BOYA USA INC y ARC BOYA CORP, por ser extemporánea. 10.2. Previo a conocer las alegadas violaciones cometidas por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, se ha observado que los recurrentes en revisión plantean una serie de hechos con relación al proceso. Sin embargo, ante este tipo de recursos, la Ley núm.137-11 ha establecido en su artículo 53.3.c, que el Tribunal debe limitarse a determinar si se produjo o no la violación invocada y si esta es o no imputable al órgano que dictó la sentencia recurrida (...) con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar. Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 27 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 10.3. En ese sentido, el legislador ha prohibido la revisión de los hechos examinados por los tribunales del ámbito del Poder Judicial, para así evitar que el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional se convierta en una cuarta instancia o una super casación de las resoluciones de los tribunales ordinarios, con el fin de garantizar la preservación del sistema de justicia y el respeto del principio de seguridad jurídica. En efecto, no es misión del Tribunal Constitucional revisar el plano fáctico de los fallos de los tribunales o examinar si estos se adecuan al derecho ordinario objetivo, formal o material 10.4. Por consiguiente, esta sede constitucional no se referirá a los argumentos de los recurrentes basados en cuestiones que impliquen necesariamente una valoración de los hechos dirimidos en otras etapas del proceso judicial por ser una cuestión que escapa a la naturaleza de la revisión constitucional de decisión jurisdiccional. 10.5. Ahora bien, los recurrentes interpusieron el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional sobre la base de que el tribunal que dictó la Sentencia núm. 109, es decir las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, le vulneró sus derechos al debido proceso, errónea aplicación de la ley, derecho de defensa y falta de motivación. Estas violaciones se producen, según alegan los recurrentes en todas y cada una de las instancias que han dirimido este proceso que, según alegan, han omitido referirse a las violaciones constitucionales. 10.6. Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia rechazó el referido recurso de casación por considerar que […] que sin duda alguna, los razonamientos externados por la Corte a qua en su decisión, se corresponden con los lineamientos que rigen el Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 28 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL correcto pensar, y satisfacen las exigencias de motivación; dado que en la especie, el tribunal de apelación desarrolla sistemáticamente su decisión, expone de forma concreta y precisa cómo ha valorado la sentencia apelada, y su fallo se encuentra legitimado en una fundamentación ajustada a las normas adjetivas, procesales y constitucionales vigentes y aplicables al caso en cuestión; de tal manera que estas Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, no avistan vulneración algún en perjuicio de los recurrentes, procediendo en tal sentido a desestimar los recursos que se tratan; 10.7. De conformidad con lo precedentemente señalado, este tribunal ha verificado que las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, contrario a lo sostenido por la parte recurrente, realizó una correcta ponderación e interpretación de las normas aplicables al caso, motivó adecuadamente la decisión objeto del presente recurso y, por consiguiente, no vulneró los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. 10.8. Nuestra Constitución consagra en los artículos 68 y 69 que el Estado debe reconocer y procurar el cumplimiento de la tutela judicial efectiva y respeto al debido proceso como una garantía y un derecho fundamental, por tener una función social que implica obligaciones. Sobre esto último, esta corporación constitucional, mediante la Sentencia TC/0331/14, del veintidós (22) diciembre de dos mil catorce (2014), definió el debido proceso en los términos siguientes: El debido proceso es un principio jurídico procesal que reconoce que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, mediante las cuales se procura asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso que se lleve a cabo en su contra, permitiéndole tener la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 29 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL al juzgador, es por ello que la Constitución lo consagra como un derecho fundamental y lo hace exigible (...) 10.9. De igual forma, en la Sentencia TC/0048/12, dictaminó lo siguiente: El respeto al debido proceso y, consecuentemente, al derecho de defensa, se realiza en el cumplimiento de supuestos tales como la recomendación previa a la adopción de la decisión sancionatoria; que dicha recomendación haya sido precedida de una investigación; que dicha investigación haya sido puesta en conocimiento del afectado; y que éste haya podido defenderse. 10.10. A partir de lo anteriormente expuesto, esta sede constitucional ha determinado que a la parte recurrente se le preservó su derecho de defensa y garantizó la tutela judicial efectiva, ya que han podido presentar sus medios de defensa en los diferentes tribunales jurisdiccionales en los que se han presentado. 10.11. La parte recurrente invoca en su instancia que la Suprema Corte de Justicia incurrió en falta de motivación y falta de estatuir, alegando lo siguiente 53. Ese alto tribunal podrá observar que en la especie la exponente deposito, junto con su recurso de apelación, una serie de elementos probatorios para probar aspectos relativos a los hechos que se discuten. (…) 54. Sin embargo, como bien podrá advertir ese alto tribunal, en ninguna parte de la decisión recurrida la Corte a-qua valora esos elementos probatorios y otros que fueron depositados para sustentar Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 30 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL el recurso de apelación. Es más, la Corte ni siquiera hace mención de los elementos probatorios depositados por la exponente en su recurso de apelación; de lo que si hace mención la Corte es de los elementos probatorios de la contraparte. 55.Lo anterior se traduce en una evidente falta de estatuir, pues lo que debió hacer la Corte a-qua, tal cual establece el articulo 420 del Código Procesal Penal, fue ordenar la recepción de las pruebas, referirse o valorar las mismas, y dictar sentencia conforme al articulo 335 del mismo código. 56. La Suprema Corte de Justicia, por increíble que parezca, conculca aun mas del debido proceso respecto a ese medio planteado, pues en su decisión dice que las pruebas a las que hace referencia el articulo 418 del Código Procesal Penal son, únicamente, para acreditar un defecto del procedimiento o sobre la falsedad del acta de la sentencia. Sin embargo, el referido articulo 418 establece bastante claro que ¨También es admisible la prueba propuesta por el imputado en su favor, incluso la relacionada con la determinación de los hechos que se discuten¨. 10.12. Respecto a la debida motivación, este Tribunal Constitucional se ha pronunciado estableciendo que esta constituye una de las garantías del debido proceso y, por ende, de la tutela judicial efectiva. Mediante la Sentencia TC/0017/13, del veinte (20) de febrero del dos mil trece (2013), expresó lo siguiente: Este tribunal constitucional reconoce que la debida motivación de las decisiones es una de las garantías del derecho fundamental a un debido proceso y de la tutela judicial efectiva, consagrados en las Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 31 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL disposiciones de los artículos 68 y 69 de la Constitución, e implica la existencia de una correlación entre el motivo invocado, la fundamentación y la propuesta de solución; es decir, no basta la mera enunciación genérica de los principios sin la ha exposición concreta y precisa de cómo se produce la valoración de los hechos, las pruebas y las normas previstas que se aplicarán. 10.13. En la Sentencia TC/0009/13, del once (11) de febrero del dos mil trece (2013), señaló al respecto lo que sigue: a) Que reviste gran importancia que los tribunales no se eximan de correlacionar los principios, reglas, normas y jurisprudencia, en general, con las premisas lógicas de cada fallo, para evitar la vulneración de la garantía constitucional del debido proceso por falta de motivación; b) que para evitar la falta de motivación en sus sentencias, contribuyendo así al afianzamiento de la garantía constitucional de la tutela efectiva al debido proceso, los jueces deben, al momento de exponer las motivaciones, incluir suficientes razonamientos y consideraciones concretas al caso específico objeto de su ponderación; c) que también deben correlacionar las premisas lógicas y base normativa de cada fallo con los principios, reglas, normas y jurisprudencia pertinentes, de forma que las motivaciones resulten expresas, claras y completas. 10.14. En esa misma decisión el Tribunal Constitucional estableció, como precedente constitucional, los parámetros que conforman el test de la debida motivación, los cuales sirven como criterio de enjuiciamiento o de medición para determinar si una sentencia judicial ha observado esta garantía fundamental. En esa decisión este órgano constitucional precisó que para que Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 32 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL una sentencia esté debidamente motivada debe satisfacer los requisitos siguientes: a. Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus decisiones; b. exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar; c. manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada; d. evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acción; y e. asegurar, finalmente, que la fundamentación de los fallos cumpla la función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a la que va dirigida la actividad jurisdiccional.9 10.15. En este contexto, este tribunal procederá a analizar la sentencia impugnada, a fin de determinar si ha satisfecho los parámetros enunciados con anterioridad, aplicando el test de la debida motivación. a. Desarrolla sistemáticamente los medios invocados por el recurrente en casación. En efecto, en el estudio de la sentencia atacada se puede determinar 9 La exigencia relativa a los parámetros del test de la debida motivación ha sido reiterada en numerosas decisiones de este órgano constitucional, entre las que podemos citar las siguientes Sentencias: TC/0009/13, TC/0017/13, TC/0187/13, TC/0077/14, TC/0082/14, TC/0319/14, TC/0351/14, TC/0073/15, TC/0503/15, TC/0384/15, TC/0044/16, TC/0103/16, TC/0124/16, TC/0128/16, TC/0132/16, TC/0252/16, TC/0376/16, TC/0440/16, TC/0451/16, TC/0454/16, TC/0460/16, TC/0517/16, TC/0551/16, TC/0558/16, TC/0610/16, TC/0696/16, TC/0030/17, TC/031/17, TC/0070/17, TC/0079/17, TC/0092/17, TC/0129/17, TC/0150/17, TC/0186/17, TC/0178/17, TC/0250/17, TC/0265/17, TC/0258/17, TC/0316/17, TC/0317/17, TC/0382/17, TC/0386/17, TC/0413/17, TC/0457/17, TC/0478/17, TC/0520/17, TC/0578/17, TC/0610/17, TC/0485/18, TC/0968/18, TC/0385/19, TC/0636/19, TC/0466/20, TC/0513/20, TC/0049/21, TC/0198/21, TC/0294/21, TC/0399/21, TC/0491/21 y TC/0492/21. Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 33 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL que, al emitir su fallo, las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia evaluó, de manera sistemática, los medios de casación presentados por la parte recurrente. Se comprueba que esa alta corte contestó adecuadamente los medios relativos a la supuesta «violación del derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, así como la violación del derecho de defensa», por presuntamente no permitir la presentación de elementos pruebas. De igual forma, en respuesta. Las Salas Reunidas, precisó lo siguiente: Considerando, que con relación a este alegato, tanto la Corte a qua como el tribunal de primer grado se han referido al mismo aspecto, por lo que, ha sido debidamente debatido en las instancias inferiores, en razón de que, la Corte a qua se encargó de analizarlo y responderlo; atendiendo a que ese punto, se trata de una etapa precluida, por lo que el proceso no puede ser llevado a casación, pues conforme los principios procesales de progresividad y preclusión sus pretensiones no tenían lugar, ponderando además, que el tribunal de instancia valoró conforme a la sana crítica, todos y cada uno de los elementos sometidos a escrutinio y que sirvieron de soporte a la sentencia condenatoria, con lo que se cumple los requisitos del debido proceso; por consiguiente, no se encuentran conformados los vicios denunciados, deviniendo en rechazo los aspectos que se arguyen; 10.16. Ello evidencia una clara correlación entre los planteamientos esgrimidos por los recurrentes en casación y lo respondido al respecto por el tribunal a quo. b. Expone concreta y precisamente cómo fueron valorados los hechos, las pruebas y el derecho aplicable. Es decir, la decisión impugnada exhibe los fundamentos justificativos en los cuáles esa alta corte se apoyó, de forma clara y precisa, para emitir su fallo, sustentando dichas consideraciones en premisas Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 34 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL lógicas, con base, además, en normas legales aplicables al caso. En ese sentido, las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia contestó cada uno de los medios presentados por la parte recurrente amparados en los artículos 25, 311 y 312 del Código Procesal Penal, normativa aplicada a la materia. c. Manifiesta los argumentos pertinentes y suficientes para determinar adecuadamente el fundamento de la decisión. El análisis de la sentencia impugnada revela, asimismo, que las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia hizo consideraciones jurídicamente correctas, efectuando un preciso análisis justificativo de la decisión que emitió, de conformidad con el desarrollo de lo previamente indicado. En ese sentido, para rechazar el recurso de casación, verificó que la corte de apelación apoderada valoró correctamente las pruebas sometidas a su consideración y respondió cada uno de los medios presentados por las partes, justificando así su fallo. d. Evita la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que limiten el ejercicio de una acción. Este órgano constitucional ha comprobado, por igual, que la sentencia recurrida es precisa respecto de los principios y normas legales que le sirven de fundamento. Resulta obvio, por tanto, que ha evitado enunciaciones genéricas de principios y normas. Ello se comprueba en el hecho de que las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia sustentó el rechazo de los medios de casación mediante una exposición clara y precisa de los aspectos concernientes a la interpretación y a la aplicación al caso de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Penal. e. Asegura que la fundamentación de su fallo cumpla la función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a la que va dirigida la actividad jurisdiccional. Este requerimiento de legitimación de las Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 35 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL sentencias fue asimismo reiterado por esta sede constitucional mediante la Sentencia TC/0440/16, en los siguientes términos: Consideramos que, si bien es cierto que forma parte de las atribuciones propias de cada tribunal admitir o declarar inadmisible, así como rechazar o acoger una determinada demanda, instancia o recurso, cada una de estas decisiones debe estar amplia y debidamente motivada, no dejando en la oscuridad los motivos y razonamientos jurídicos que le llevaron a tomar su decisión. 10.17. En virtud de lo anterior, verificamos que la decisión impugnada contiene una motivación adecuada y lógica como fundamento de la decisión finalmente adoptada, conforme a métodos correctos y racionales de interpretación y aplicación de los principios y reglas de derecho aplicables al caso. De ello concluimos que las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia ha satisfecho, igualmente, este quinto y último requerimiento, con lo cual ha legitimado su fallo frente a la sociedad. 10.18. Sobre este particular, este órgano constitucional verifica –como precedentemente hemos dicho– que las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia respondió todos los medios propuestos en su memorial de casación por los recurrentes. De igual forma, ha quedado comprobado que la sentencia impugnada en revisión cumple con el test de la debida motivación, razón por la cual procede rechazar el medio relativo a la (alegada) violación del debido proceso y del derecho a la tutela judicial efectiva, por la supuesta falta de motivación de la sentencia impugnada. 10.19. Esta sede constitucional estima que la sentencia bajo revisión, contrario a lo argüido por la parte recurrente, si cumplió con su deber de motivar debidamente su dictamen. En efecto, observamos que la alta corte fundamentó Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 36 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL el rechazo del recurso de casación incoado por la entidad comercial en motivaciones de hecho y de derecho que justificaron la decisión dictada por las Salas Reunidas. 10.20. Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Constitucional procede a rechazar el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional. Esta decisión, aprobada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. El magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier se inhibe en la deliberación y fallo del presente caso, por haber suscrito la decisión impugnada en su condición de ex juez de la Suprema Corte de Justicia. No figuran los magistrados José Alejandro Ayuso y María del Carmen Santana de Cabrera, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto disidente de la magistrada Sonia Díaz Inoa. Consta en acta el voto salvado de la magistrada Alba Luisa Beard Marcos, el cual se incorporará a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional DECIDE: PRIMERO: DECLARAR ADMISIBLE, en cuanto a la forma, el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. Y ARC Boya Corp. contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 37 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SEGUNDO: RECHAZAR en cuanto al fondo, el referido recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional. TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en la parte capital del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011). CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Boya USA Inc. y ARC Boya Corp. y a la parte recurrida, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional. Aprobada: Miguel Valera Montero, primer sustituto, en funciones de presidente; Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta; Fidias Federico Aristy Payano, juez; Alba Luisa Beard Marcos, jueza; Manuel Ulises Bonnelly Vega, juez; Sonia Díaz Inoa, jueza; Army Ferreira, jueza; Domingo Gil, juez; Amaury A. Reyes Torres, juez; José Alejandro Vargas Guerrero, juez. Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 38 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA SONIA DÍAZ INOA Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la presente decisión; en el ejercicio de mis facultades constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 18610 de la Constitución y 3011 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, núm. 137-11, de fecha trece (13) de junio del año dos mil once (2011), en lo adelante Ley núm. 137-11, formulo el presente voto disidente fundamentado en la posición que defendí en las deliberaciones del Pleno y que expongo a continuación: I. ANTECEDENTES: 1. En la especie, Boya USA, Inc., y ARC Boya, Corp., interpusieron un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el 9 de octubre de 2019. Esa decisión rechazó sendos recursos de casación basada en que la decisión adoptada por la Corte de Apelación satisfizo las exigencias de motivación que debe contener toda decisión jurisdiccional. 2. Al conocer el recurso de revisión constitucional, este tribunal rechazó el recurso de revisión constitucional luego de comprobar la inexistencia de los vicios endilgados a la sentencia impugnada por la parte recurrente, lo cual fue 10 Artículo 186.- Integración y decisiones. El Tribunal Constitucional estará integrado por trece miembros y sus decisiones se adoptarán con una mayoría calificada de nueve o más de sus miembros. Los jueces que hayan emitido un voto disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión adoptada. 11 Artículo 30.- Obligación de Votar. Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor o en contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los votos salvados y disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido. Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 39 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL constatado al aplicar el test de la debida motivación consignado en la Sentencia TC/0009/13, de fecha once (11) de febrero de dos mil trece (2013). 3. A nuestro juicio, este colegiado debió determinar si el órgano jurisdiccional emitió una decisión fundamentada en motivos congruentes y suficientes, cuya conclusión debió arribar tras someter la sentencia recurrida a un verdadero examen de motivación, sin lugar a exponer meras consideraciones genéricas que se traducen en una ostensible vulneración de los derechos y garantías fundamentales a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de la parte recurrente. II. FUNDAMENTO DEL VOTO 4. La sentencia objeto del presente voto concluye que la Suprema Corte de Justicia sí cumplió con su deber de motivar debidamente su dictamen, al basar sus razonamientos en consideraciones de hecho y de derecho justificativos de la decisión; sin embargo, de los motivos expuestos por este colegiado no se advierte algún análisis que conduzca a determinar si la decisión recurrida en revisión constitucional es coherente, adecuada y razonable en su contenido respecto del conflicto que le fue planteado a la corte de casación. 5. En efecto, las recurrentes sostienen que se constituyeron en actor civil previo a la modificación del Código Procesal Penal que operó a tenor de la Ley núm. 10-15, de modo que al aplicarse a la especie el contenido de esa ley, se afecta el principio de irretroactividad y se incurre en desnaturalización de los artículos 120 y 121, esto último al señalar que la acción resarcitoria procede aun cuando no se haya individualizado al responsable; de modo que procedía declarar la decisión recurrida violatoria al debido proceso, la nulidad de la sentencia impugnada y, en consecuencia, la inadmisibilidad de la constitución en actor civil depositada por la Asociación Cibao en fecha 13 de Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 40 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL enero 2015 contra Boya USA, Inc., y ARC Boya, Corp., por ser extemporánea. Por igual afirman las recurrentes que pese a estos argumentos, la Suprema Corte de Justicia se decantó por considerar que se estaba frente a una etapa precluida. 6. Adicionalmente, las sociedades comerciales reprochan a las Salas Reunidas no tomar en consideración los elementos que probaban su desvinculación con los hechos que les fueron imputados, los cuales fueron depositados dentro del plazo correspondiente a partir de la notificación de la acusación; cuestiones que fueron promovidas en las distintas fases del proceso sin que se haya salvaguardado sus derechos y garantías procesales. Por igual, arguyen que la afectación del debido proceso se evidencia aún más cuando la Suprema Corte de Justicia establece que las pruebas a las que hace referencia el artículo 418 del Código Procesal Penal son únicamente para acreditar un defecto del procedimiento o sobre la falsedad del acta de la sentencia, no obstante, el indicado texto dispone que [t]ambién es admisible la prueba propuesta por el imputado en su favor, incluso la relacionada con la determinación de los hechos que se discuten. 7. Sobre estos últimos argumentos, concernientes a razonamientos que implican valorar los hechos dirimidos en otras etapas del proceso judicial, este tribunal se exime de pronunciarse sobre ellos por tratarse de asuntos que escapan a la naturaleza de la revisión constitucional de decisión jurisdiccional, atendiendo a las disposiciones del artículo 53.3 letra c) de la Ley núm. 137- 1112. 12 Conforme al artículo 53.3 letra c), este tribunal tiene la potestad de revisar las decisiones jurisdiccionales en los casos en que se invoque la violación a un derecho fundamental, supuesto en el cual se debe verificar que la conculcación sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo. Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 41 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 8. Si bien estamos de acuerdo con el razonamiento anterior, en tanto resultan cónsonos con la normativa procesal aplicable a la especie, las razones que nos conducen a emitir la disidencia conciernen a la carencia de motivación de que adolece esta decisión. 9. Y es que a pesar del desarrollo argumentativo contenido en la instancia recursiva, respecto de las falencias atribuidas a la decisión impugnada, este colegiado establece que los requerimientos sobre la debida motivación, fijados en la Sentencia TC/0009/13 y ratificados en múltiples decisiones, se encuentran satisfechos y, por tanto, la misma no adolece de los vicios endilgados por las sociedades comerciales Boya USA, Inc., y ARC Boya, Corp. 10. De acuerdo con la Sentencia TC/0009/13, para el cabal cumplimiento del deber de motivación de las decisiones jurisdiccionales, se requiere que satisfagan las condiciones siguientes: a. Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus decisiones; b. Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar; c. Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada; d. Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acción; y Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 42 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL e. Asegurar, finalmente, que la fundamentación de los fallos cumpla la función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a la que va dirigida la actividad jurisdiccional. 11. Según afirma este tribunal, los parámetros señalados previamente han sido satisfechos, puesto que los motivos de la sentencia recurrida dan cuenta de lo siguiente: 1. Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia evaluaron de manera sistemática los medios de casación presentados por la parte recurrente y dio respuesta adecuada a la presunta violación de los derechos de defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, por presuntamente no permitir la presentación de elementos pruebas, evidenciándose una clara correlación entre los planteamientos esgrimidos por los recurrentes en casación y lo respondido al respecto por el tribunal a quo. En efecto, las Salas Reunidas precisaron lo siguiente: Considerando, que con relación a este alegato, tanto la Corte a qua como el tribunal de primer grado se han referido al mismo aspecto, por lo que, ha sido debidamente debatido en las instancias inferiores, en razón de que, la Corte a qua se encargó de analizarlo y responderlo; atendiendo a que ese punto, se trata de una etapa precluida, por lo que el proceso no puede ser llevado a casación, pues conforme los principios procesales de progresividad y preclusión sus pretensiones no tenían lugar, ponderando además, que el tribunal de instancia valoró conforme a la sana crítica, todos y cada uno de los elementos sometidos a escrutinio y que sirvieron de soporte a la sentencia condenatoria, con lo que se cumple los requisitos del debido proceso; por consiguiente, no se encuentran conformados los vicios denunciados, deviniendo en rechazo los aspectos que se arguyen. Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 43 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 2. La Suprema Corte de Justicia contestó cada uno de los medios presentados por la parte recurrente con base en premisas lógicas, fundamentadas en los artículos 25, 311 y 312 del Código Procesal Penal, aplicables a la materia. 3. El análisis de la sentencia impugnada revela que las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia pronunció consideraciones jurídicamente correctas, efectuando un preciso análisis justificativo de la decisión que emitió, de conformidad con el desarrollo de lo previamente indicado. En ese sentido, para rechazar el recurso de casación, verificó que la corte de apelación apoderada valoró correctamente las pruebas sometidas a su consideración y respondió cada uno de los medios presentados por las partes, justificando así su fallo. 4. Se comprueba que la sentencia recurrida es precisa respecto de los principios y normas legales que le sirven de fundamento, por tanto, ha evitado enunciaciones genéricas de principios y normas, lo que se evidencia en el hecho de que sustentó el rechazo de los medios de casación mediante una exposición clara y precisa de los aspectos concernientes a la interpretación y a la aplicación al caso de las disposiciones contenidas en el Código Procesal Penal. 5. Dado lo anterior, se satisface el último requisito y con ello se legitima el fallo frente a la sociedad. Esto, en razón de que la decisión impugnada contiene una motivación adecuada y lógica como fundamento de la decisión finalmente adoptada, conforme a métodos correctos y racionales de interpretación y aplicación de los principios y reglas de derecho aplicables al caso. Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 44 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 12. Como se muestra, los razonamientos expuestos por este colegiado constituyen meras enunciaciones genéricas que no permiten determinar con certeza que la sentencia de casación ha sido dictada con apego a las garantías fundamentales a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en lo que concierne a la motivación, pues se decanta por exponer que los medios del recurso de casación fueron respondidos adecuadamente y se determinó su rechazo, sin embargo, de su lectura no se puede inferir a cuáles medios se refiere ni cómo llega a esa conclusión. 13. En la especie, de los motivos de esta sentencia no se pueden extraer cuáles son los razonamientos que fundamentan el rechazo del recurso de revisión constitucional, más allá de simplemente señalar que la decisión de casación cumple con la debida motivación exigida a los órganos jurisdiccionales, olvidando este tribunal que las garantías procesales deben ser observadas por todos los órganos administrativos y jurisdiccionales que en el ejercicio de sus funciones adoptan decisiones que inciden en las personas. Concretamente, esta sentencia señala que las Salas Reunidas expusieron consideraciones jurídicamente correctas sobre la valoración probatoria realizada por la Corte de Apelación y la respuesta dada a cada uno de los medios presentados por ante esa jurisdicción, sin que se advierta algún análisis por parte de este tribunal que conduzca a ese razonamiento. 14. Sobre el particular, es preciso apuntar que la insuficiencia o falta de motivación afecta las garantías fundamentales a la tutela judicial efectiva y debido proceso del recurrente, previstas en el artículo 69 de la Constitución dominicana, cuyas disposiciones establecen que toda persona tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; en el caso particular, a obtener una decisión motivada que le permita conocer los razonamientos sobre los que se funda. Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 45 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 15. En esa línea, la Sentencia TC/0082/17, de fecha 8 de febrero de 2017, se pronunció sobre la debida motivación como parte esencial de las garantías de referencia, con independencia de la naturaleza del proceso en que son emitidas, sea materia ordinaria o constitucional, en el sentido de que (…) la debida motivación de la sentencia -sea esta ordinaria o de justicia constitucional-, como garantía constitucional, constituye un derecho que cada individuo posee frente al juez o tribunal, en el sentido de que le sean expuestas de manera clara, precisa, llana y fundada las razones por las cuales ha arribado a los silogismos que le impulsan a tomar determinada decisión. Entonces, es menester del juzgador responder los planteamientos formales que hace cada una de las partes, tomando en consideración un orden procesal lógico. en procesal lógico. Al hilo de lo anterior, conviene recordar que este tribunal constitucional, sobre la motivación de las decisiones judiciales, ha fijado en su Sentencia TC/0009/13, del once (11) de febrero de dos mil trece (2013), el siguiente precedente: [L]a motivación de la sentencia es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 16. Así lo ha señalado la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia T-302/08, de fecha 3 de abril de 200813, al razonar que 13 Este Tribunal Constitucional hizo suyo este criterio en la Sentencia TC/0384/15 del 15 de octubre de 2015. Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 46 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En un estado democrático de derecho, en tanto garantía ciudadana, la obligación de sustentar y motivar de (sic) las decisiones judiciales, resulta vital en el ejercicio de la función jurisdiccional. La necesidad de justificar las decisiones judiciales, salvo aquellas en las cuales expresamente la ley ha prescindido de este deber, garantiza que sea la voluntad de la ley y no la del juez la que defina el conflicto jurídico. En este sentido, la motivación de los actos jurisdiccionales, puede ser vista como un componente que refuerza el contenido mínimo del debido proceso, dado que constituye una barrera a la arbitrariedad judicial y contribuye a garantizar la sujeción del juez al ordenamiento jurídico y el posterior control sobre la razonabilidad de la providencia. sobre la razonabilidad de la providencia. 17. La motivación en las decisiones judiciales constituye una de las manifestaciones de un estado democrático de derecho al legitimar la actuación jurisdiccional, en la medida en que las partes del proceso y los terceros pueden conocer los motivos de la sentencia o resolución que dicta el juez, con la particularidad de que también pueden prever el modo de proceder del órgano jurisdiccional ante hechos semejantes. 18. En palabras de PÉREZ LÓPEZ14, La motivación de las sentencias es vinculada como derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que implica, el derecho del justiciable de conocer las razones de las decisiones judiciales; y dentro de ésta la conecta con el derecho a obtener una resolución 14 PÉREZ LÓPEZ (Jorge A.). “La Motivación de las Decisiones Tomadas por Cualquier Autoridad Pública”. Revista Derecho y Cambio Social, p. 5. Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 47 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL fundada en derecho15; perteneciendo esta garantía a todo sujeto de derecho permitiéndole estar en aptitud de exigir que sus conflictos de intereses o incertidumbres sean resueltos a través de un proceso en el que se respeten garantías procedimentales mínimas, y esta concluya con una decisión objetivamente justa, aun cuando no necesariamente sea favorable a sus intereses. Esta exigencia es sobre todo una garantía esencial del justiciable mediante la cual, sin perjuicio de la libertad del Juez (sic) en la interpretación de las normas, se puede comprobar que la solución dada al caso es consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no del fruto de la arbitrariedad.16 19. Así pues, la motivación se erige en un instrumento de control de la actuación jurisdiccional que permite determinar si la solución del conflicto ha sido fruto del razonamiento lógico, a partir de la correlación entre los hechos, argumentos y pretensiones de las partes y la interpretación y aplicación adecuadas de las disposiciones normativas correspondientes al caso concreto; cuestión que igualmente resulta exigible al Tribunal Constitucional dado su rol de protector de los derechos y garantías fundamentales, conforme prescribe el artículo 18417 de la Carta Magna. 20. Se recuerda, pues, que el ejercicio jurisdiccional de este tribunal no está sujeto a control alguno por parte de otro órgano, de modo que al constituir la 15 CORDÓN MORENO, Faustino (1999). Las Garantías Constitucionales del Derecho Penal. Navarra, Ed Arazandi, p. 178-179. 16 CORDÓN MORENO, Faustino, Op cit, p.179. 17 Artículo 184.- Tribunal Constitucional. Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Gozará de autonomía administrativa y presupuestaria. Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 48 de 49  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL última vía de protección a la que tienen acceso las personas, este colegiado tiene el deber de cumplir con mayor rigurosidad, en lo que aquí respecta, las condiciones que exige a los demás tribunales, pues tal como sostiene la Sentencia TC/0009/13, los tribunales también deben correlacionar las premisas lógicas y base normativa de cada fallo con los principios, reglas, normas y jurisprudencia pertinentes, de forma que las motivaciones resulten expresas, claras y completas18. CONCLUSIONES: De conformidad con todo lo expuesto, este tribunal debió exponer consideraciones concretas, claras, precisas, razonables y lógicas que permitan determinar si en la especie se encontraban satisfechas las condiciones exigidas en la Sentencia TC/0009/13, en lo que concierne a la debida motivación. Sonia Díaz Inoa, jueza La presente sentencia fue aprobada por los señores jueces del Tribunal Constitucional, en la sesión del pleno celebrada en fecha dieciséis (16) del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026); firmada y publicada por mí, secretaria del Tribunal Constitucional, que certifico, en el día, mes y año anteriormente expresados. Grace A. Ventura Rondón Secretaria 18 Véase el epígrafe 9, letra D. Expediente núm. TC-04-2023-0518, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Boya USA Inc. y ARC BOYA Corp., contra la Sentencia núm. 109, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Página 49 de 49