Tribunal Constitucional - Sentencia TC/0529/26

República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA SENTENCIA TC/0529/26 Referencia: Expediente núm. TC-05- 2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024- SSEN-00715 dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los diez (10) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026). El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente; Miguel Valera Montero, primer sustituto; Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta; José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Army Ferreira, Domingo Gil, Amaury A. Reyes Torres, María del Carmen Santana de Cabrera y José Alejandro Vargas Guerrero, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 de la Constitución; 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 1 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I. ANTECEDENTES 1. Descripción de la decisión recurrida en revisión constitucional de amparo La decisión objeto del presente recurso de revisión es la Sentencia núm. 0030- 1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), la cual decidió lo siguiente: PRIMERO: DECLARA regular y válida, en cuanto a la forma, la acción de amparo, interpuesta en fecha 26 septiembre de 2024, por el señor DIEGO CONFESOR LASSIS ABREU, en contra de la DIRECCIÓN GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES (DGJP), y el MINISTERIO DE HACIENDA, por haber sido incoada de conformidad con la Ley. SEGUNDO: ACOGE, parcialmente, en cuanto al fondo, la referida acción constitucional; en consecuencia, ORDENA a la DIRECCIÓN GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES (DGJP) y al MINISTERIO DE HACIENDA, pagar al señor DIEGO CONFESOR LASSIS ABREU, la pensión por vejez en base al 60% del salario promediado de los últimos tres (03) años laborados, según la escala establecida en la ley. TERCERO: DECLARA el proceso libre de costas. CUARTO: ORDENA que la presente sentencia sea comunicada por secretaría a las partes envueltas en el proceso y a la PROCURADURÍA GENERAL ADMINISTRATIVA. Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 2 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUINTO: ORDENA que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Superior Administrativo. Mediante el Acto núm. 856/2024, instrumentado el veinte (20) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por el ministerial Plinio Franco Gonell, alguacil ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, se notificó, en su domicilio, la referida decisión al Ministerio de Hacienda, recibida el veintiséis (26) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024). Dicha notificación fue realizada en el domicilio de la parte recurrente, Ministerio de Hacienda, ubicado en la avenida México núm. 45, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional. 2. Presentación del recurso de revisión en materia de amparo El Ministerio de Hacienda interpuso el presente recurso de revisión mediante instancia depositada ante el Centro de Servicio Presencial del Palacio de Justicia de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional en fecha ocho (8) de enero de dos mil veinticinco (2025), la cual fue recibida en el Tribunal Constitucional el cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025). Mediante el Acto núm. 0000025, instrumentado el veintidós (22) de enero de dos mil veinticinco (2025) por el ministerial Luis Toribio Fernández, alguacil de estrados de la Presidencia del Tribunal Superior Administrativo, se notificó la instancia recursiva al señor Diego Confesor Lassis Abreu. 3. Fundamentos de la decisión recurrida en revisión constitucional en materia de amparo La Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, objeto del presente recurso de revisión, se fundamenta, de manera principal, en las siguientes consideraciones: Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 3 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL […] 23. Los beneficios derivados de la seguridad social, como es el derecho al trabajo y los derechos adquiridos durante el período laboral, se conocen como derechos específicos relativos al régimen de seguridad social, los cuales son de configuración legal, lo que indica que el legislador puede modularlos y en virtud de la potestad reglamentaria que asiste a la Administración Pública, esta puede emitir disposiciones reglamentarias que hagan más efectivo el régimen de la seguridad social o que faciliten la aplicación de las disposiciones legales existentes, siempre y cuando no se perturbe el contenido esencial del derecho a la seguridad. […] 29. Debido a la naturaleza de lo pretendido, es necesario indicar que, en nuestro país existen distintos tipos de régimen de pensiones, lo cual incluye el sistema de reparto, que es el sistema de pensión basado en aportaciones definidas que van a un fondo común del cual los afiliados en edad de retiro reciben las pensiones definidas y amparadas en las Leyes núm. 379-81 y 1896- 48; y el sistema de capitalización individual que es el registro individual unificado de los aportes que, de conformidad con el artículo 59 de la Ley núm. 87-01, son propiedad exclusiva de cada afiliado. 33. Es fundamental destacar que, aunque la Ley núm. 379-81 no exige como requisito para recibir la pensión estatal la transferencia de fondos desde el sistema de capitalización individual al sistema de reparto, es igualmente cierto que dicho sistema de capitalización individual no existía en el momento de la promulgación de la Ley núm. 379-81. Este sistema fue creado posteriormente mediante la Ley núm. 87-01, del 9 de Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 4 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL mayo de 2001. Esto significa que, al promulgar la Ley núm. 379-81, el legislador no podía prever la existencia del sistema de capitalización individual, ni tampoco podía anticipar los requisitos necesarios para que una persona se beneficiara de una pensión estatal del sistema de reparto establecido en la mencionada Ley núm. 379-81, mientras estuviera afiliada al sistema de capitalización individual. […] 41. De acuerdo con la documentación aportada al expediente, se advierte, que, el señor Edgar Diego Confesor Lassis Abreu, nació el 12 de mayo de 1962, por lo que, a la fecha tiene 62 años de edad, y, laboró por 21 años y 02 meses, en diversas instituciones públicas, las cuales, han sido descritas anteriormente, culminando sus labores en la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana desde el desde 05 de abril de 2000 hasta el 28 de agosto de 2000, reintegrándose el 13 de septiembre de 2004 hasta el 10 de agosto de 2020, desempeñando el puesto de Director de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles, devengando un sueldo mensual de doscientos seis mil ochenta pesos dominicanos con 00/100 (RD$206,080.00). 42. Así las cosas, el Tribunal comprueba que la parte recurrente, cumple favorablemente con los requisitos formales para la adopción de una pensión, toda vez que tiene una antigüedad de 21 años de servicios y 62 años de edad, por lo que procede ordenar a la DIRECCIÓN GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES (DGJP), y el MINISTERIO DE HACIENDA, a favor del señor Edgar DIEGO CONFESOR LASSIS ABREU, la pensión por vejez, en base al 60% de los últimos 36 salarios percibidos, de conformidad con la escala establecida en la ley que rige la materia. Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 5 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrente Mediante el presente recurso de revisión, el Ministerio de Hacienda persigue que la decisión impugnada sea revocada. En apoyo de sus pretensiones, la parte recurrente alega, de manera principal, lo siguiente: 2.7. En relación con el fondo del presente recurso de revisión, el Ministerio de Hacienda, pretende demostrar que la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo, emitió una sentencia, de imposible ejecución, toda vez como hemos expresado el señor Diego Confesor Lassis Abreu, según en sus instancia de acción de amparo, estableció que laboro por más de 21 años en diferentes instituciones de la Administración Pública, realizando sus aportes al Sistema de Capitalización Individual, específicamente a la AFP RESERVAS, el cual no es compatible con el sistema previsional de la República Dominicana, sistema sustentado por el principio de contributiva, razón por la cual el señor Diego cotizó en la AFP RESERVAS, institución por donde debe iniciar su trámite para su pensión, no así, en la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGPJ). 2.8. conforme el artículo 3, de la Ley 87-01, el Sistema Nacional del Seguridad Social, se rigen por un sinnúmero de principios, dentro de los cuales se encuentra el Principio De Solidaridad; el cual establece; "Solidaridad: basada en la contribución según el nivel de ingreso y en el acceso a los servicios de salud y riesgos laborales, sin tomar en cuenta el aporte individual realizado; de igual forma, cimienta en el derecho a una pensión mínimа garantizando el Estado en las condiciones establecidas por la presente Ley". A que así mismo, el artículo 3, prevé el Equilibrio Financiera, el cual establece; "Equilibrio Financiero: Basado en la correspondencia entre Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 6 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL las prestaciones garantizadas y el monto del financiamiento, a fin de asegurar la sostenibilidad del Sistema Dominicano de Seguridad Social" 2.9. En tal sentido, el Art.1 de la Ley Núm. 379-81 establece que el Presidente de la República hará efectivo el beneficio de la jubilación con Pensiones vitalicias del Estado con cargo al Fondo de Pensiones y jubilaciones Civiles de la ley de Gastos Públicos, a los Funcionarios y Empleados Civiles que hayan prestado servicios en cualquier institución dependencia del Estado durante veinte (20) a veinticinco (25) años y desde veinticinco (25) a treinta (30) años y hayan cumplido la edad de sesenta (60) años. Debiéndose tomar en cuenta que estos años son años cotizando al sistema de reparto estatal, es decir haciendo aportes a un sistema que se basa en la solidaridad, como bien se ha referido este honorable Tribunal Constitucional en su sentencia TC/0073/18 de fecha 23 de marzo de 2018, donde ha expresado en cuanto al sistema de reparto: "...(...) se rige en virtud del principio de solidaridad, en el cual los cotizantes activos financian a los beneficiarios de pensiones del sistema a través de los aportes que realizan al fondo y dicha contribuciones se despersonalizan del contribuyentes y pasan a integrar el patrimonio común y solidario a la masa de los empleados...(...)". 2.10. El tribunal aquo yerro, en su sentencia de marras, al ordenar "a la DIRECCIÓN GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO GJP) y al MINISTERIO DE HACIENDA, pagar al señor DIEGO CONFESOR LASSIS ABREU, la pensión por vejez en base al 60% del salario promediado de los últimos tres (03) años laborados según la escala establecida en la ley", sin que el señor Diego Confesor Lassis Abreu se encontrara cotizando en el indicado sistema Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 7 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL de reparto de la Ley No. 379-81, resultando la misma contradictoria, a las normas preestablecidas en el sistema de la seguridad social y violatoria al principio de Vinculariedad, prevista por el artículo 7, inciso 13, de la Ley 137- 11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. [sic] Sobre la base de dichas consideraciones, la parte recurrente concluye solicitando al Tribunal: PRIMERO: Declarar bueno y valido en cuanto a la forma el recurso de revisión interpuesto por el Ministerio de Hacienda, contra la Sentencia No. 0030-1642-2024-SSEN-00715, de fecha 13 de noviembre de 2024, evacuada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo, por haber sido interpuesta en tiempo hábil y de conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia. SEGUNDO: En cuanto al Fondo, acoger el presente Recurso de Revisión, y en consecuencia REVOCAR la sentencia impugnada por ser imposible su ejecución y violatoria a las normas vigentes, y en virtud de las prerrogativas conferidas a este Honorable Tribunal Constitucional, RECHAZAR la acción de amparo de que se trata en razón, por IMPROCEDENTE, MAL FUNDADA Y CARENTE DE BASE LEGAL. TERCERO: Declarar el proceso libre de costas, por disposición expresa de la ley que rige la materia. Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 8 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrida en revisión constitucional La parte recurrida, Diego Confesor Lassis Abreu, depositó su escrito de defensa el treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025), en el cual arguye, de manera principal, lo siguiente: Atendido: A que, en fecha 8 de enero de 2025, el Ministerio de Hacienda interpuso un Recurso de Revisión Constitucional ante el Tribunal Constitucional contra la Sentencia No.0030-1642-2024-SSEN-00715, Expediente No.2024-0121689, de fecha 13/11/2024, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Atendido: A que, la parte recurrente pretende ser beneficiaria de un Recurso de Revisión Constitucional, en relación la citada sentencia, evacuada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Atendido: A que, la parte recurrida que obtuvo ganancia de causa está legalmente amparado por la Ley No.379-81 sobre el Sistema de Reparto, G.O. No.9568, ver Informe de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones que establece claramente un 60%, a las personas con un tiempo de labor de 20 a 25 años y 60 años de edad, que, siendo hoy la parte recurrida, está claro y evidenciado de que procede dicha pensión. Atendido: A que, la parte recurrente interpuso recurso fuera de plazo, en virtud de las disposiciones del art.95 de la Ley No.137-11, toda vez que, recibimos sentencia notificada por Secretaria General el día 18/12/2024, y notificando posteriormente el día 20/12/2024, según Acto No.856/2024. Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 9 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Con base en dichas consideraciones, el señor Diego Confesor Lassis Abreu solicita al Tribunal: DE MANERA PRINCIPAL PRIMERO: En cuanto a la forma, ACOGER como bueno y valido el presente escrito de defensa contra el Recurso de Revisión Constitucional ante el Tribunal Constitucional contra la Sentencia No.0030-1642-2024-SSEN-00715, Expediente No.2024-0121689, de fecha 13/11/2024, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo, por ser justo у reposar sobre base legal. SEGUNDO: En cuanto al fondo del recurso, declarar inadmisible el presente Recurso de Revisión Constitucional ante el Tribunal Constitucional contra la Sentencia No.0030-1642- 2024-SSEN-00715, Expediente No.2024-0121689, de fecha 13/11/2024, dictada por Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo, por improcedente, mal fundado, carente de base legal, por el plazo prefijado y por prescripción, toda vez que, la sentencia adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, toda vez que, la sentencia recurrida fue notificada por Secretaria General el día 18/12/2024, y por la parte recurrida mediante Acto No.856/2024 de fecha 20/12/2024, por lo que el plazo para recurrir prescribió. En virtud de lo que establece el art.44 de la ley No.834 sobre Procedimiento Civil. De manera subsidiaria y sin renunciar a lo principal PRIMERO: En cuanto a la forma, rechazar el presente escrito de defensa contra el Recurso de Revisión Constitucional ante el Tribunal Constitucional contra la Sentencia No.0030- 1642-2024-SSEN-00715, Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 10 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente No.2024-0121689, de fecha 13/11/2024, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo, por improcedente, mal fundado y carente de base legal. SEGUNDO: Confirmar en todas sus partes la Sentencia No.0030-1642- 2024-SSEN-00715, Expediente No.2024-0121689, de fecha 13/11/2024, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo, toda vez que la misma fue dictada de conformidad con la constitución de la República y la Ley No.379-80 sobre Sistema de Reparto a los Trabajadores del Estado, más disposiciones administrativas de la dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado. TERCERO: Condenar al Ministerio de Hacienda y a su titular Jochi Vicente al pago de un astreinte conminatorio, ascendente a la suma de Veinte Mil Pesos Dominicanos (RD$20,000.00) por cada día de retardo en la ejecución de la sentencia a intervenir, liquidables cada treinta (30) días. CUARTO: Compensar las costas del proceso, por tratarse de un Acción de Amparo. 6. Pruebas documentales Los documentos más relevantes en el legajo de piezas que conforman el expediente concerniente al presente recurso son los siguientes: 1. Una copia de la Sentencia núm. 0030- 1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 11 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 2. La instancia contentiva del recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030- 1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). 3. Acto núm. 856/2024, instrumentado por el ministerial Plinio Franco Gonell, alguacil ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el veinte (20) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024). 4. Acto núm. 0000025, instrumentado por el ministerial Luis Toribio Fernández, alguacil de estrados de la Presidencia del Tribunal Superior Administrativo, contentivo de la notificación del recurso al señor Diego Confesor Lassis Abreu, el veintidós (22) de enero de dos mil veinticinco (2025). II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 7. Síntesis del conflicto El presente caso tiene su origen en la acción constitucional de amparo interpuesta por el señor Diego Confesor Lassis Abreu contra el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones (DGPJ). De dicha acción quedó apoderada la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo, que, mediante la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (24), acogió parcialmente la acción y ordenó a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) y al Ministerio de Hacienda pagar al señor Diego Confesor Lassis Abreu la pensión por vejez con base en el sesenta por ciento (60%) del salario promediado de los últimos tres años laborados, según la escala establecida en la ley. Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 12 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Inconforme con dicha decisión, el Ministerio de Hacienda interpuso el recurso de revisión de sentencia de amparo que ahora ocupa la atención de este tribunal. 8. Competencia Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo en virtud de lo que disponen los artículos 185.4 de la Constitución; 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucional, del trece (13) de junio de dos mil once (2011). 9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo 9.1. El Tribunal Constitucional estima que el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo que nos ocupa es admisible por las siguientes razones: 9.2. Conforme las disposiciones del artículo 94 de la Ley núm. 137-11, todas las sentencias emitidas por el juez de amparo solo son susceptibles de ser recurridas en revisión y en tercería. 9.3. Como dispone el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, el recurso de revisión se interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado en la Secretaría del juez o tribunal que rindió la sentencia, en un plazo de cinco (5) días contados a partir de la fecha de su notificación, la cual debe ser a persona o domicilio (Sentencia TC/0109/24). El referido plazo de cinco (5) días es hábil y franco, es decir, no se le computarán los días no laborales, ni el primero ni el último día de la notificación de la sentencia (Sentencia TC/0080/12: p. 6), siempre en aquellos días en que el órgano jurisdiccional se encuentre apto para recibir dicho acto procesal, presidida de una notificación de la sentencia íntegra para el inicio Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 13 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL del indicado plazo (Sentencias TC/0001/18, TC/0262/18 y TC/0363/18, entre otras). 9.4. Que el señor Diego Confesor Lassis Abreu solicitó en su escrito de defensa la declaratoria de inadmisibilidad del presente recurso, sustentando dicha solicitud en que el plazo legal para recurrir había prescrito; al efecto, formuló las siguientes conclusiones: SEGUNDO: En cuanto al fondo del recurso, declarar inadmisible el presente Recurso de Revisión Constitucional ante el Tribunal Constitucional contra la Sentencia No.0030-1642- 2024-SSEN-00715, Expediente No.2024-0121689, de fecha 13/11/2024, dictada por Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo, por improcedente, mal fundado, carente de base legal, por el plazo prefijado y por prescripción, toda vez que, la sentencia adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, toda vez que, la sentencia recurrida fue notificada por Secretaria General el día 18/12/2024, y por la parte recurrida mediante Acto No.856/2024 de fecha 20/12/2024, por lo que el plazo para recurrir prescribió. En virtud de lo que establece el art.44 de la ley No.834 sobre Procedimiento Civil. 9.5. El citado plazo empieza a computarse a partir de la notificación de la sentencia objeto del recurso, según se dispone en el texto transcrito anteriormente. En el caso en concreto, este tribunal constata que la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715 fue notificado en Ministerio de Hacienda, mediante el Acto núm. 856/2024, de fecha veinte (20) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), instrumentado por Plinio Franco Gonell, alguacil ordinario de la Cuarta Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mientras que el recurso fue interpuesto en fecha ocho (8) de enero de dos mil veinticinco (2025). Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 14 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 9.6. Tomando en consideración que, conforme a las reglas del cómputo procesal, no se cuentan ni el día de la notificación ni el día del vencimiento del plazo, y excluyendo igualmente los días feriados durante los cuales los tribunales suspendieron sus labores, a saber: miércoles veinticuatro (24), jueves veinticinco (25) y viernes veintiséis (26) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), así como viernes dos (02) y lunes seis (6) de enero de dos mil veintiséis (2026), se concluye que el recurso de revisión constitucional fue interpuesto dentro del plazo hábil de cinco (5) días establecido por la norma. En consecuencia, se considera que el recurso de revisión constitucional fue interpuesto en plazo hábil (Sentencias TC/0109/24 y TC/0163/24). 9.7. En consecuencia, esta alzada procede a rechazar el medio de inadmisión incoado por la parte recurrida, señor Diego Confesor Lassis Abreu, en su escrito de defensa, sin la necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva de la presente sentencia. 9.8. Para la admisibilidad del recurso de revisión de sentencia de amparo se requiere además que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley núm. 137-11, que establece lo siguiente: «El recurso contendrá las menciones exigidas para la interposición de la acción de amparo, y que en este se harán constar además de forma clara y precisa los agravios causados por la decisión impugnada». 9.9. Este tribunal verifica el cumplimiento de este requisito, pues la parte recurrente argumenta, en síntesis, que el tribunal de amparo incurrió una errónea interpretación de las Leyes núm. 87-01 y 379-81, así como la violación al principio de vinculatoriedad previsto en el artículo 7, inciso 13 de la Ley núm. 137-11. Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 15 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 9.10. En lo atinente a la exigencia prevista por el precedente sentado en la Sentencia TC/0406/14, de que solo las partes que participaron en la acción de amparo ostentan la calidad para recurrir en revisión en materia de amparo contra la decisión que resuelve la acción, la parte recurrida, el Ministerio de Hacienda, ostenta la calidad procesal exigida, en tanto que figuró como accionada en la acción de amparo decidida por la sentencia objeto del presente recurso. 9.11. Asimismo, la admisibilidad de los recursos de revisión en materia de amparo, se encuentra supeditada al cumplimiento del artículo 100 de la indicada Ley núm. 137-11, que de manera específica la sujeta a tener especial trascendencia o relevancia constitucional: (…) a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales. 9.12. La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción abierta e indeterminada, razón por la que este tribunal la definió en la Sentencia TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de marzo, en el sentido de que la misma se configura en aquellos casos que, entre otros: (…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) introduzcan respecto a estos últimos un Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 16 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional. 9.13. Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que el recurso es admisible y debemos conocer su fondo. La especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que el conocimiento del caso permitirá continuar con el desarrollo jurisprudencial en lo relativo a los derechos adquiridos de seguridad social y pensión en los términos de la transferencia de fondos desde el sistema de capitalización individual al sistema de reparto, de conformidad con la Ley núm. 87-01. 9.14. Por tanto, al satisfacer el recurso de revisión todas las formalidades requeridas por los artículos 94, 95, 96 y 100 de la Ley núm. 137-11, este tribunal constitucional declara su admisibilidad y procederá a conocer su fondo. 10. Sobre el fondo del presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo Con respecto al fondo del presente recurso de revisión, este tribunal constitucional considera lo siguiente: 10.1 El Tribunal Constitucional ha sido apoderado de un recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo. La parte recurrente solicita a este tribunal acoger el recurso y revocar la referida sentencia por ser de imposible ejecución y ser violatoria a las normas vigentes. Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 17 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 10.2 La sentencia primigenia estableció que la acción de amparo interpuesta por el señor Diego Confesor Lassis Abreu tuvo como objetivo, entre otros pedimentos, que le fuese concedida una pensión por vejez y pagos retroactivos sobre la base de un salario de doscientos seis mil pesos dominicanos con cero centavos (RD$206,000.00), esto en los términos de la antigua Ley núm. 379- 81. 10.3 La sentencia recurrida procedió a acoger parcialmente la acción de amparo, ordenando a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones y al Ministerio de Hacienda al pago de la pensión por vejez sobre la base del sesenta por ciento (60%) del salario promediado en los últimos tres años, decisión fundamentada esencialmente en que: (…) 29. Debido a la naturaleza de lo pretendido, es necesario indicar que, en nuestro país existen distintos tipos de régimen de pensiones, lo cual incluye el sistema de reparto, que es el sistema de pensión basado en aportaciones definidas que van a un fondo común del cual los afiliados en edad de retiro reciben las pensiones definidas y amparadas en las Leyes núm. 379-81 y 1896- 48; y el sistema de capitalización individual que es el registro individual unificado de los aportes que, de conformidad con el artículo 59 de la Ley núm. 87-01, son propiedad exclusiva de cada afiliado. 33. Es fundamental destacar que, aunque la Ley núm. 379-81 no exige como requisito para recibir la pensión estatal la transferencia de fondos desde el sistema de capitalización individual al sistema de reparto, es igualmente cierto que dicho sistema de capitalización individual no existía en el momento de la promulgación de la Ley núm. 379-81. Este sistema fue creado posteriormente mediante la Ley núm. 87-01, del 9 de mayo de 2001. Esto significa que, al promulgar la Ley núm. 379-81, el legislador no podía prever la existencia del sistema de capitalización Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 18 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL individual, ni tampoco podía anticipar los requisitos necesarios para que una persona se beneficiara de una pensión estatal del sistema de reparto establecido en la mencionada Ley núm. 379-81, mientras estuviera afiliada al sistema de capitalización individual. […] 41. De acuerdo con la documentación aportada al expediente, se advierte, que, el señor Edgar Diego Confesor Lassis Abreu, nació el 12 de mayo de 1962, por lo que, a la fecha tiene 62 años de edad, y, laboró por 21 años y 02 meses, en diversas instituciones públicas, las cuales, han sido descritas anteriormente, culminando sus labores en la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana desde el desde 05 de abril de 2000 hasta el 28 de agosto de 2000, reintegrándose el 13 de septiembre de 2004 hasta el 10 de agosto de 2020, desempeñando el puesto de Director de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles, devengando un sueldo mensual de doscientos seis mil ochenta pesos dominicanos con 00/100 (RD$206,080.00). 42. Así las cosas, el Tribunal comprueba que la parte recurrente, cumple favorablemente con los requisitos formales para la adopción de una pensión, toda vez que tiene una antigüedad de 21 años de servicios y 62 años de edad, por lo que procede ordenar a la DIRECCIÓN GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES (DGJP), y el MINISTERIO DE HACIENDA, a favor del señor Edgar DIEGO CONFESOR LASSIS ABREU, la pensión por vejez, en base al 60% de los últimos 36 salarios percibidos, de conformidad con la escala establecida en la ley que rige la materia. 10.4 Del análisis de la sentencia recurrida, esta alzada constitucional considera que la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo incurrió en omisión de Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 19 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL estatuir respecto de las conclusiones formuladas por la parte accionante, hoy recurrida, cuando el tribunal de amparo acogió parcialmente la acción sin haber dado respuesta a la totalidad de los pedimentos realizados por el señor Diego Confesor Lassis Abreu, específicamente al no referirse a la solicitud de los pagos retroactivos reclamados por éste último. En consecuencia, es menester de esta alta corte dar respuesta expresa a dicha vulneración, en virtud del papel activo que ostenta el juez de amparo, así como del principio de oficiosidad consagrado en el artículo 7, numeral 11, de la Ley núm. 137-11.1 10.5 Conforme la Sentencia TC/0483/18, de quince (15) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), «la omisión o falta de estatuir surge cuando un tribunal no responde a las conclusiones formuladas por las partes». Por igual, mediante Sentencia TC/0578/17, se expresó que «la falta de estatuir, vicio en el cual incurre el tribunal que no contesta todas las conclusiones formuladas por las partes, implica una violación al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 69 de la Constitución». 10.6 Los precedentes antes citados resultan categóricos al conceptualizar la omisión de estatuir como una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. En el caso de la especie, se ha verificado que el juez de la acción de amparo incurrió en dicha omisión al no dar respuesta expresa al petitorio formulado por la parte accionante en sus conclusiones de fecha trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), limitándose a acoger parcialmente la acción sin ofrecer ponderación alguna respecto de la siguiente conclusión: TERCERO: Condenar a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) y al Ministerio de Hacienda al pago de los 1Oficiosidad. Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar de oficio, las medidas requeridas para garantizar la supremacía constitucional y el pleno goce de los derechos fundamentales, aunque no hayan sido invocadas por las partes o las hayan utilizado erróneamente. Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 20 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL retroactivos que pudieron ocasionarse desde el día de la solicitud de la pensión bajo el informe realizado por la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) de fecha veinticuatro (24) del mes de agosto del año 2023. 10.7 Por lo anterior, procede acoger el presente recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y, en consecuencia, revocar la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715. En tal sentido, este tribunal constitucional procederá a conocer de la presente acción constitucional de amparo, de conformidad con lo decidido en su Sentencia TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), en la que se estableció que en virtud de los principios que rigen los procesos constitucionales, en especial el principio de autonomía procesal, correspondería a este colegiado conocer de la acción de amparo en aquellos casos en que se revoque la decisión. 11. Sobre la acción de amparo 11.1. En este contexto, de acuerdo con el dictamen de este colegiado en TC/0025/19, reiterado en la Sentencia TC/0988/23, al producirse el apoderamiento del tribunal por efecto de una acción de amparo, incumbe al juez apoderado verificar la posible configuración de alguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 70 de la Ley núm. 137-11. En el presente caso, la procedencia solo puede ser ponderada si la acción de amparo ha sido presentada dentro del plazo prescrito por la ley porque las normas relativas a vencimiento de plazos son normas de orden público, por lo cual su cumplimiento es preceptivo y previo al análisis de cualquier otra causa de inadmisibilidad (Sentencia TC/0543/15). Por lo tanto, procederemos a ponderar el cumplimiento del plazo previsto para la presentación de la acción. Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 21 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 11.2. En cuanto a las condiciones de forma de la acción de amparo ordinario, el propio legislador ha consignado los presupuestos de admisibilidad para su sometimiento, figurando, en primer lugar, que la acción sea incoada en un plazo de sesenta (60) días luego de que el agraviado haya tenido conocimiento del hecho, tal como lo prescribe el artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11. Este presupuesto de admisibilidad se suspende en el tiempo si al hecho generador de la presunta afectación de derechos fundamentales le es aplicable la doctrina de ilegalidad continuada, que ha sido abordada por esta sede constitucional en la Sentencia TC/0033/16, bajo los siguientes términos: (…) una violación continua es aquella en la que la vulneración jurídica cometida continúa ininterrumpidamente, es decir, que existe una acción que se prolonga en el tiempo sin resolverse, y que el afectado realiza actos sucesivos tendentes a que la situación que ha provocado la alegada violación sea subsanada. Se puede distinguir, en este contexto, que existen los actos lesivos únicos y los actos lesivos continuados, en donde los únicos tienen su punto de partida desde que se inicia el acto y a partir del mismo se puede establecer la violación; mientras los actos lesivos continuados, se inician y continúan con sucesivos actos que van renovando la violación y, de igual manera, el cómputo del plazo se renueva con cada acto. 11.3. Sobre este particular, este órgano ha mantenido el criterio de que el acceso la justicia en lo referente al derecho a la seguridad social es imprescriptible, al margen del artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11, tal como se pronunció en la Sentencia TC/0255/20, al establecer: Este tribunal es de criterio que la Administración pública debe actuar con debida diligencia a fin de proteger los derechos fundamentales de las personas, máxime cuando se trata de un derecho imprescriptible e Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 22 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL inherente a la persona como es el derecho a la seguridad social; en la especie, esa debida diligencia no fue observada oportunamente, pues la Administración permitió que el señor Pedro Antonio Peña Valdez continuara ejerciendo sus funciones en la Lotería Nacional, en lugar de conceder de manera automática el beneficio de la pensión, por haber cumplido la edad física y de ejercicio laboral exigidas para tales fines en el artículo 1 de la Ley núm. 379. 11.4. En ese sentido, este colegiado ha verificado que sí se satisface el requisito de admisibilidad del artículo 70.2, con respecto al plazo de sometimiento de la acción de amparo incoada por el señor Diego Confesor Lassis Abreu en fecha veintiséis (26) de septiembre de (2024). 11.5.Adicionalmente, la parte accionada, Ministerio de Hacienda, aduce que las pretensiones de la parte accionante resultan notoriamente improcedentes, por cuanto esta no habría dado cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 104 y 105 de la Ley núm. 137-11, solicitando al efecto lo siguiente: SEGUNDO: De manera subsidiaria en el caso de que nuestra solicitud anterior no sea acogida, solicitamos que se declare improcedente la presente acción de amparo incoada en contra del Ministerio de Hacienda y de su ministro, por no cumplir con lo establecido en los artículos números 104 y 105 de la ley 137-11. 11.6. En el examen de los artículos 104 y 105 de la Ley núm. 137-11 se advierte que dichas disposiciones regulan exclusivamente los procedimientos relativos a la acción de amparo de cumplimiento, figura que, como ha quedado establecido en el curso de la presente decisión, no corresponde a la naturaleza de la acción que nos ocupa. En consecuencia, este colegiado tiene a bien rechazar el referido medio de inadmisión, sin necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva de la presente sentencia. Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 23 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 11.7. Previo al análisis de fondo, es menester de esta alzada responder el pedimento incidental promovido por la parte accionada, Ministerio de Hacienda, que solicita la exclusión propia y del ministro José Manuel Vicente, solicitando al efecto lo siguiente: PRIMERO: De manera principal solicitamos la exclusión del Ministerio de Hacienda y de su ministro el señor José Manuel Vicente, de la presente acción de amparo incoada por el señor Diego Confesor Lassis Abreu en virtud de lo dispuesto en el artículo núm. 106 de la ley 137-11, que establece que en la indicación del recurrido la acción de cumplimiento se dirigirá contra la autoridad o funcionario renuente de la administración pública que le corresponda el cumplimiento de una norma legal o la ejecución de un acto administrativo, por consiguiente el accionante lo que procura es el otorgamiento de una pensión y la misma debe ser gestionada a través de la AFP reservas la cual es la institución donde se encuentra cotizando y no se ha evidenciado que dichos fondos han sido transferidos al sistema de reparto, tal como lo establece la comunicación de fecha veintidós (22) del mes de mayo del año 2022 mediante la cual le fue denegada la transferencia por requisitos legales por consiguiente el Ministerio de Hacienda no ha comprometido su responsabilidad. 11.8. Esta corte constitucional ha establecido en reiteradas ocasiones que la exclusión es un medio de defensa en ocasión de un proceso de amparo que puede emplear la parte accionada o que haya sido llamada a defenderse con el fin de desvincularse del proceso y evitar la oponibilidad de la decisión a intervenir, siempre que exista una pluralidad de accionados o recurridos (TC/0258/23: Pár. 11.m., pp. 27 y 28). Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 24 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 11.9. En estos casos, esta alta corte ha establecido que, en relación con la acción de amparo, la exclusión procede cuando sea evidente que la solicitante no pueda ser responsable de la violación del derecho fundamental que invoca el accionante, ni pueda tener un rol en la subsanación o protección directa del derecho fundamental ni en su supervisión, de manera que no pueda determinarse un vínculo jurídico entre el solicitante y accionante (TC/0258/23: pp. 27 y 28). 11.10. En el caso de la especie, resulta evidente que tanto el Ministerio de Hacienda como su titular pueden ser válidamente invocados como partes accionadas en el presente proceso, por cuanto dicho ministerio constituye el órgano estatal responsable de la tutela y supervisión de sus dependencias, entre las cuales figura la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, órgano adscrito al propio Ministerio de Hacienda, cuyas funciones incluyen las de «recibir, evaluar y proponer la aprobación de las solicitudes y modificaciones de jubilaciones y pensiones correspondientes a los sistemas de las leyes núm. 1896 y 379»; y «liquidar el pago de las jubilaciones y pensiones correspondientes a los sistemas de las leyes núm. 1896 y 379», así como lo establece el artículo 16 de la Ley núm. 494-06, de Organización de la Secretaría de Estado de Hacienda, lo que determina la legitimación pasiva de ambos en la presente acción. En consecuencia, procede el rechazo de la solicitud de exclusión sometida por el Ministerio de Hacienda, sin necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva de esta decisión. 11.11. Conforme a los argumentos esgrimidos por la parte accionante, así como de los documentos que constan depositados en el expediente, hemos comprobado que el presente caso versa sobre la acción de amparo interpuesta por el señor Diego Confesor Lassis Abreu contra el Ministerio de Hacienda, su ministro, Licdo. Jochi Vicente y la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado, con la finalidad de que se ordene a esta institución a proceder con el pago de una pensión por vejez a su favor, según lo Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 25 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL establecido por la Ley núm. 379-81, así como al pago retroactivo de dicha pensión, concluyendo ante el tribunal de amparo de la manera siguiente: PRIMERO: Acoger en cuanto a la forma como bueno y válido la presente acción de amparo en pensión por vejez y pago de retroactivos, por ser justa y reposar sobre base legal; SEGUNDO: En cuanto al fondo, acoger la presente acción de amparo y por vía de consecuencia condenar al Ministerio de Hacienda y a su titular el licenciado Jochi Vicente, al pago de la pensión por vejez en favor del ex trabajador y accionante señor Diego Confesor Lassis Abreu y en efecto se le otorgue la pensión por vejez, sobre la base de un salario de doscientos seis mil pesos dominicanos con cero centavos (RD$ 206,000.00), o lo que estime el tribunal pertinentemente; TERCERO: Condenar a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) y al Ministerio de Hacienda al pago de los retroactivos que pudieron ocasionarse desde el día de la solicitud de la pensión bajo el informe realizado por la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) de fecha veinticuatro (24) del mes de agosto del año 2023; CUARTO: Condenar al Ministerio de Hacienda, a su titular el licenciado Jochi Vicente y a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) al pago de un astreinte conminatorio, ascendente a la suma de veinte mil pesos dominicanos con cero centavos (RD$ 20,000.00), por cada día de retardo en la ejecución de la presente sentencia a intervenir, liquidables cada treinta (30) días, o el monto que estime razonable el presidente del tribunal; QUINTO: Solicitamos que se nos otorgue el plazo de la ley, a los fines de producir y depositar un escrito justificativo y ampliatorio de conclusiones; SEXTO: Solicitamos que se haga constar en el acta de audiencia lo establecido en la ley 379 del sistema de reparto de los empleados públicos; SEPTIMO: Solicitamos que se compensen las Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 26 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL costas del procedimiento, por tratarse de una acción de amparo, y haréis justicia honorable presidencia. Por su parte, el Ministerio de Hacienda concluyó ante el tribunal de amparo de la siguiente manera: (…) TERCERO: De manera más subsidiaria en el caso de que las anteriores solicitudes no sean acogidas vamos a solicitar en cuanto al fondo que se rechace la presente acción de amparo incoada en contra del Ministerio de Hacienda y de su ministro, por improcedente, mal fundada y carente de base legal; CUARTO: Solicitamos que se declare el proceso libre de costas de conformidad con lo establecido en el artículo núm. 66 de la ley 137- 11. 11.12. Esta alzada constitucional debe de recalcar que la Ley núm. 87-01 establece en su artículo 43 el reconocimiento de los derechos adquiridos de personas que estuvieron amparadas en la Ley núm. 379-81, establecido que: Art. 43.- Reconocimiento de los derechos adquiridos Todos los ciudadanos conservarán los años acumulados y los derechos adquiridos en sus respectivos planes de pensiones, como sigue: a) Los actuales pensionados y jubilados por las leyes 1896 y 379, y de los otros planes existentes continuarán disfrutando de su pensión actual, con derecho a actualizarla periódicamente de acuerdo al índice de precios al consumidor; b) Los afiliados amparados por las leyes 1896 y 379 con más de 45 años de edad recibirán una pensión de acuerdo a las mismas, con derecho a actualizarla periódicamente de acuerdo al índice de precios al consumidor (…) 11.13. Para hacer efectivo este derecho, la Superintendencia de Pensiones emitió (entre otras) la Resolución núm. 344-12, que establece el procedimiento para el traspaso del Sistema de Capitalización Individual al Sistema de Reparto en virtud de la Resolución núm. 189-06, del Consejo Nacional de la Seguridad Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 27 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Social (CNSS) y que sustituye la Resolución núm. 292-09. El preámbulo de la misma motiva las razones por las cuales pretende garantizar los derechos adquiridos en caso de personas que fueron afiliados a una administradora de fondos de pensiones, es decir, al Sistema de Capitalización Individual automáticamente o por desconocimiento o desinformación. En ese sentido, parte del preámbulo de esta resolución establece lo siguiente: CONSIDERANDO: Que mediante Resolución No. 189-06 de fecha 4 de septiembre de 2008 el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) aprobó el proceso de traspaso del Sistema de Capitalización Individual al Sistema de Reparto durante un período de seis (6) meses contados a partir de la fecha de la citada Resolución, para aquellos trabajadores que tienen derechos adquiridos en ese Sistema que fueron afiliados automáticamente o que por desconocimiento o desinformación hayan suscrito un contrato de afiliación con una Administradora de Fondos de Pensiones, AFP; CONSIDERANDO: Que concluido el plazo para que los afiliados solicitaran sus traspasos y en vista de la gran cantidad de casos que quedaron pendientes de ser conocidos por la Comisión Interinstitucional creada por el CNSS para esos fines, el CNSS dictó otras resoluciones ampliando el plazo, pero aún así muchos afiliados que cuentan con derechos adquiridos en el Sistema de Reparto no pudieron ser beneficiados con esta medida; CONSIDERANDO: Que mediante Resolución No. 289-03 de fecha 15 de marzo de 2012 el CNSS aprobó que todos aquellos afiliados que al momento del inicio del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia, el 1 de junio del año 2003, tenían más de 45 años de edad, contaban con derechos adquiridos por las leyes 1896-48 sobre Seguros Sociales y/o 379-81 sobre las Jubilaciones y Pensiones de los Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 28 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Empleados del Sector Público y fueron afiliados de manera automática o voluntaria a una AFP, podrán solicitar su traspaso al Sistema de Reparto al momento de cumplir con los requisitos de pensión establecidos por las citadas leyes. 11.14. Que el recurrido, Señor Diego Confesor Lassis Abreu solicitó a la DIDA, mediante carta de fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil veintitrés (2023), que fuese ordenado su traspaso al sistema de reparto, a los fines probar su elegibilidad para el reconocimiento de sus derechos adquiridos y el referido traspaso. 11.15. El señor Diego Confesor Lassis Abreu aportó al expediente los documentos que a continuación se detallan, debidamente certificados, a los fines de acreditar el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para el otorgamiento de su pensión: 11.15.1. Copia de la cédula de identidad y electoral del Señor Diego Confesor Lassis Abreu, en donde certifica que su fecha de nacimiento es el doce (12) de mayo de mil novecientos sesenta y dos (1962), fecha que es confirmada por el extracto de acta de nacimiento folio núm. 0399, acta núm. 000399, del año mil novecientos sesenta y dos (1962), expedida en fecha uno de septiembre de dos mil veinte (2020), teniendo actualmente sesenta y cuatro (64) años de edad. 11.15.2. Certificación expedida por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) de fecha cuatro (4) de agosto del año dos mil veintitrés (2023), mediante la cual se hace constar que el señor Diego Confesor Lassis Abreu laboró en dicha institución desde el diez (10) de enero de mil novecientos noventa y siete (1997) hasta el once (11) de abril del año dos mil (2000), desempeñando el cargo de Técnico de la División de Conservación y Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 29 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Mejoramiento del Departamento de Distritos de Riego, con un tiempo de servicio total de tres (3) años, tres (3) meses y un (1) día. 11.15.3. Certificación expedida por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, de fecha once (11) de agosto del año dos mil veintitrés (2023), mediante la cual se hace constar que el señor Diego Confesor Lassis Abreu laboró en dicha institución desde el primero (1) de septiembre de dos mil dos (2002) hasta el primero (1) de octubre del año dos mil cuatro (2004), desempeñando el cargo de Técnico de la Dirección de Planeamiento Urbano, con un tiempo de servicio total de dos años (2) años y un (1) mes. 11.15.4. Certificación expedida por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), de fecha once (11) de agosto del año dos mil veintitrés (2023), mediante la cual se hace constar que el señor Diego Confesor Lassis Abreu laboró en dicha institución desde el cinco (5) de abril del años dos mil (2000) hasta el veintiocho (28) de agosto del año dos mil (2000), reintegrándose el trece (13) de septiembre del dos mil cuatro (2004) hasta el diez (10) de agosto del dos mil veinte (2020), desempeñando el cargo de Director de Mantenimiento de Obras Civiles, bajo la dependencia de la Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles, con un tiempo de servicio total de dieciséis (16) años, tres (3) meses y veinte (20) días, devengando un salario mensual de doscientos seis mil pesos dominicanos (RD$206,000.00). 11.15.5. Con fundamento en los hechos anteriormente establecidos y no controvertidos por las partes, este tribunal verificó que el señor Diego Confesor Lassis Abreu cumple con los requisitos previstos en los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 379-812 a los fines de obtener su pensión por vejez. En efecto, el 2 Art. 1.‐ El presidente de la República hará efectivo el beneficio de la jubilación con pensiones vitalicias del Estado con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones Civiles de la ley de Gastos Públicos, a los funcionarios y empleados Civiles que Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 30 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL recurrente acredita veintiún (21) años de servicio acumulado al Estado y cuenta actualmente con sesenta y cuatro (64) años de edad, condiciones que, conforme a la referida ley, le confieren el derecho a una jubilación equivalente al sesenta por ciento (60 %) del promedio del salario mensual devengado durante los últimos tres (3) años de servicio, para un monto mensual de ciento veintitrés mil seiscientos cuarenta y ocho pesos dominicanos (RD$123,648.00). 11.16. De los argumentos precedentemente expuestos se desprende que el señor Diego Confesor Lassis Abreu se encontraba afiliado y cotizando bajo el Régimen de Capitalización Individual. En virtud de ello, el recurrente formalizó ante la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) la solicitud de traslado al sistema de reparto previsto en la Ley núm. 379-81, a los fines de acceder a los beneficios de jubilación y pensión reconocidos por dicha normativa. 11.17. Sobre este particular, el Tribunal Constitucional, mediante su Sentencia núm. TC/0741/25, de fecha cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), ha establecido que el Estado se encuentra en la obligación de garantizar los derechos adquiridos de aquellas personas que pretenden beneficiarse de su pensión bajo el régimen de reparto, señalando al efecto lo siguiente: Este tribunal comparte el criterio asumido por la Administración Pública a través del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y la Superintendencia de Pensiones, al garantizar los derechos adquiridos en los casos de afiliación automática, los cuales son reveladores de un vicio del consentimiento, y, en los casos de afiliación hayan prestado servicios en cualquier institución o9999 dependencia del Estado durante veinte (20) a veinticinco (25) años y desde veinticinco (25) a treinta (30) años y hayan cumplido la edad de sesenta (60) años. Dichos beneficios serán concedidos por el presidente de la República a requerimiento de los interesados según lo establecido en el Art. 7 de esta ley (…). Art. 2.‐ En el caso del Art. 1ro., las jubilaciones estarán sometidas a la siguiente escala: a) De veinte (20) años de servicio a veinticinco (25) años y sesenta (60) años de edad, el beneficiario recibirá mensualmente el equivalente al sesenta por ciento (60 %) del promedio del sueldo mensual en los últimos tres (3) años (…). Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 31 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL voluntaria por desconocimiento y desinformación, son reveladores de un vicio del consentimiento por no constituir una decisión bien informada respecto de lo que sería la renuncia de un derecho íntimamente relacionada con el derecho fundamental a la seguridad social, de un régimen notoriamente más ventajoso a un régimen mucho menos garantista para los mayores de cuarenta y cinco (45) años quienes solo disponían quince (15) años o menos para acumular la cantidad de cotizaciones requeridas por el Sistema de Capitalización Individual. 11.18.Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos por ley, este tribunal considera que la negativa de la aludida institución a otorgar la pensión que corresponde al accionante, señor Diego Confesor Lassis Abreu, constituye una vulneración a su derecho a la seguridad social, previsto en el artículo 60 de la Constitución dominicana3, prerrogativa que este tribunal considerado como una «garantía al derecho a vivir una vida digna frente al desempleo, la vejez, la discapacidad o la enfermedad»4 y con relación a la cual se reconoce una protección reforzada, que entre otros aspectos, implica que los órganos y entes públicos correspondientes asuman un rol proactivo de acompañamiento y diligencia en este ámbito, así como lo establece este tribunal en sus Sentencias TC/0257/23, del dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023), y TC/0051/25, del veintiocho (28) de marzo de dos mil veinticinco (2025). 11.19. En tal virtud, este tribunal procederá a ordenar al Ministerio de Hacienda el pago de la pensión por vejez correspondiente al señor Diego Confesor Lassis Abreu tomando como referencia el promedio del salario recibido por este durante los últimos tres (3) años de labores. Al verificar que el sesenta por ciento (60%) de esta suma excede el tope establecido en el párrafo del artículo 2 de la 3 Articulo 60.- Derecho a la seguridad social. Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulara el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez. 4 Sentencia TC/0203/13, del trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013). Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 32 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Ley núm. 3795, toda vez que el salario mínimo vigente para el sector público está fijado en la suma de diez mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$10,000.00) mensuales, y que las pensiones otorgadas en virtud de la referida legislación no pueden exceder de los ochenta mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$80,000.00) mensuales, esta alzada debe de asignar este como el monto de la pensión, así como se hará contar en la parte dispositiva de la presente decisión. 11.20. Por otra parte, en cuanto a la solicitud de pago de los retroactivos hecha por la parte accionante, hoy recurrida, se verifica que el señor Diego Confesor Lassis Abreu realizó la solicitud del traspaso de la pensión del sistema de capitalización individual al sistema de reparto y así lo demuestra el formulario de traspaso núm. DOD-02, de fecha 24/08/2023, asunto que no fue respondido por parte del Ministerio de Hacienda. 11.21. En este caso, podemos advertir que el Ministerio de Hacienda, al no haber respondido la solicitud interpuesta por la parte accionante, ha incurrido en silencio administrativo negativo. Respecto de esta figura, en la Sentencia TC/0420/16, establecimos lo siguiente: «[s]e conoce como silencio administrativo negativo a la omisión de respuesta de una solicitud realizada a una autoridad administrativa». 11.22. De igual manera, en la Sentencia TC/0564/18, definimos el silencio administrativo «como una ficción jurídica que permite a las personas considerar acogida o desestimada una solicitud presentada a la Administración cuando esta última no responde expresamente a ella dentro del plazo legal o razonable»; reiterando el precedente establecido en la precitada Sentencia TC/0420/16 en cuanto al silencio administrativo negativo, al precisar que «este se manifiesta 5 PÁRRAFO: En ningún caso el monto de la pensión será menor al sueldo mínimo nacional vigente, ni mayor a la cantidad que resulte de la suma de ocho (8) de estos sueldos ni será gravado por ningún tipo de impuestos. Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 33 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL mediante el rechazo implícito de la Administración respecto a la solicitud planteada. Tiene lugar sin necesidad de una norma que así lo disponga». 11.23. Así las cosas, el silencio administrativo equivaldría a un acto de denegación, tal y como establecimos en la Sentencia TC/0593/19: al transcurrir dicho plazo sin que fuese contestada la solicitud, se configuraba en la especie un acto recurrible, según lo dispuesto en el art. 47 de la indicada ley núm. 107-13: Los actos administrativos que pongan fin a un procedimiento, imposibiliten su continuación, produzcan indefensión, lesionen derechos subjetivos o produzcan daños irreparables podrán ser directamente recurridos en vía administrativa. 11.24. Que, en el caso de la especie, el silencio administrativo en que ha incurrido la referida entidad estatal se traduce en una vulneración del derecho fundamental a la seguridad social, consagrado en el artículo 60 de la Constitución de la República, vulneración que, además, incide de manera directa sobre otros derechos fundamentales íntimamente vinculados, tales como la dignidad humana prevista en el artículo 38, la seguridad alimentaria reconocida en el artículo 61, el derecho a la salud consagrado en el artículo 60, y el derecho a una vida digna en la vejez. 11.25. Del examen de los documentos aportados por la parte accionante, esta alzada constitucional verifica que el silencio administrativo negativo se configura a partir de los siguientes hechos debidamente acreditados en el expediente: 11.25.1. Que el señor Diego Confesor Lassis Abreu presentó ante la DIDA el formulario de solicitud de traspaso de CCI al sistema de reparto en fecha 24/08/2023 a fines de pensión por vejez, sobre la base del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley núm. 379-81. Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 34 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 11.25.2. Que al no recibir respuesta, la parte accionante procedió a intimar y a poner en mora al Ministerio de Hacienda y Economía y a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado, mediante Acto núm. 531/2024, de fecha veintiocho de junio de dos mil veinticuatro. Instrumentado por el ministerial Roberto Eufracia Ureña, alguacil de estrados del Tribunal Superior Administrativo, a fin de que le sea otorgada la pensión por vejez bajo el sistema de reparto. 11.25.3. Que al no obtemperar con su solicitud, la parte accionante procedió a reiterar el referido acto de intimación y a puesta en mora al Ministerio de Hacienda y Economía y a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado, mediante Acto núm. 645/2024, de fecha veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), instrumentado por el ministerial Roberto Eufracia Ureña, alguacil de estrados del Tribunal Superior Administrativo. 11.25.4. Del estudio de los documentos que obran en el expediente, podemos concluir que el señor Diego Confesor Lassis Abreu, al momento de solicitar su pensión por vejez, reunía los requisitos establecidos en los citados artículos 1 y 2 literal a) de la Ley núm. 379-81, lo que le confería, por mandato expreso de dicha norma, el derecho a la pensión solicitada, con independencia de los trámites burocráticos y del tiempo que tardare en ser respondida su solicitud. De ese estudio también constamos que entre la fecha de la referida solicitud de traspaso por ante la DIDA y la expedición de esta sentencia han transcurrido dos (2) años y nueve (9) meses sin haber obtemperado en su solicitud, lo que se traduce en treinta y trés (33) meses. 11.25.5. Verificadas estas vulneraciones, este tribunal constitucional procede, en consecuencia, ordenar a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) y al Ministerio de Hacienda a dar inicio al trámite correspondiente y efectuar el pago retroactivo de los montos dejados de percibir por el señor Diego Confesor Lassis Abreu desde el veinticuatro (24) de agosto Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 35 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL del año dos mil veintitrés (2023), así como se dispondrá expresamente en la parte dispositiva de la presente sentencia. 11.25.6. Finalmente, el accionante solicita la fijación de una astreinte, por la suma de veinte mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$20,000.00) por cada día de retardo en el cumplimiento de esta sentencia, pretensión que es procedente, en la medida que constreñirá a la institución en falta a darle cumplimiento a la obligación que se le impondrá. 11.25.7. El artículo 93 de la Ley núm. 137-11 reconoce la posibilidad de imponer una astreinte para garantizar el efectivo y oportuno cumplimiento de lo ordenado en su decisión. Esta facultad ha sido validada por decisiones de esta jurisdicción constitucional como la Sentencia TC/0239/21, del veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021), y la Sentencia TC/0172/22, del veintisiete (27) de junio de dos mil veintidós (2022). 11.25.8. Este tribunal estima que el presente caso amerita la imposición de una astreinte que constriña a las entidades accionadas a dar cumplimiento a lo ordenado mediante la presente decisión. En consecuencia, dicha medida coercitiva se fija en la suma de cinco mil pesos dominicanos (RD$5,000.00) por cada día de retardo en el cumplimiento, monto que este tribunal considera razonable y proporcional a las circunstancias del caso, apartándose así de la suma solicitada por la parte accionante. La referida astreinte comenzará a computarse una vez transcurridos sesenta (60) días laborables contados a partir de la notificación de la presente sentencia, sin que la entidad condenada haya dado cumplimiento a lo aquí ordenado. Esta decisión, aprobada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran los magistrados Sonia Díaz Inoa y Fidias Federico Aristy Payano, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Constan en acta los votos Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 36 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL disidentes de los magistrados Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente; y Alba Luisa Beard Marcos, los cuales se incorporarán a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional DECIDE: PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto la forma, el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda, contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo. SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el indicado recurso de revisión y, en consecuencia, REVOCAR la sentencia impugnada. TERCERO: ACOGER, de conformidad con las precedentes consideraciones, la acción de amparo incoada por él señor Diego Confesor Lassis Abreu y, en tal virtud, ORDENAR a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) y al Ministerio de Hacienda el pago a favor de dicho señor, de la pensión por vejez con base en el sesenta (60%) del salario promediado de los últimos tres (3) años laborados, según la escala y el monto tope establecido en la ley, es decir, en la suma de ochenta mil pesos dominicanos con cero centavos (RD$80,000.00). CUARTO: ORDENAR a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) y al Ministerio de Hacienda el pago en favor del señor Diego Confesor Lassis Abreu de la suma de dos millones seiscientos cuarenta mil pesos Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 37 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL dominicanos con 00/100 (RD$2,640,000.00), por concepto de treinta y tres (33) meses de pensión por vejez vencidas, acumuladas y no pagadas. QUINTO: OTORGAR un plazo de sesenta (60) días laborables, a contar de la fecha de la notificación de esta decisión, a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) para que cumpla con el mandato de los ordinales TERCERO y CUARTO de esta sentencia. SEXTO: IMPONER, en contra de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) y a favor de la señora Milady Altagracia García Acosta, una astreinte de cinco mil pesos dominicanos con 00/100 ($5,000.00) por cada día de retardo en la ejecución de la presente decisión, a contar del vencimiento del plazo otorgado en el ordinal QUINTO de esta sentencia. SÉPTIMO: DECLARAR el presente proceso libre de costas, según lo dispuesto por los artículos 72, parte in fine, de la Constitución de la República y 7 y 66 de la Ley núm. 137-11 OCTAVO: ORDENAR la comunicación, por Secretaría, de la presente sentencia, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Ministerio de Hacienda, a la parte recurrida, Diego Confesor Lassis Abreu y a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP). NOVENO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional. Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 38 de 39  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Aprobada: Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente; Miguel Valera Montero, primer sustituto; Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta; José Alejandro Ayuso, juez; Alba Luisa Beard Marcos, jueza; Manuel Ulises Bonnelly Vega, juez; Army Ferreira, jueza; Domingo Gil, juez; Amaury A. Reyes Torres, juez; María del Carmen Santana de Cabrera, jueza; José Alejandro Vargas Guerrero, juez. La presente sentencia fue aprobada por los señores jueces del Tribunal Constitucional, en la sesión del pleno celebrada en fecha diez (10) del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026); firmada y publicada por mí, secretaria del Tribunal Constitucional, que certifico, en el día, mes y año anteriormente expresados. Grace A. Ventura Rondón Secretaria Expediente núm. TC-05-2025-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00715, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Página 39 de 39