Tribunal Constitucional - Sentencia TC/0457/26

República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA SENTENCIA TC/0457/26 Referencia: Expediente núm. TC-04- 2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026). El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Miguel Valera Montero, primer sustituto en funciones de presidente; Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta; José Alejandro Ayuso, Fidias Federico Aristy Payano, Alba Luisa Beard Marcos, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Sonia Díaz Inoa, Domingo Gil, Amaury A. Reyes Torres y José Alejandro Vargas Guerrero, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 y 277 de la Constitución; 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 1 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I. ANTECEDENTES 1. Descripción de la sentencia recurrida La Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211 fue dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Dicha decisión rechazó el recurso de casación interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. 334-2022-SSEN-00269, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el tres (3) de junio de dos mil veintidós (2022), y confirmó la decisión impugnada. El dispositivo de la decisión recurrida es el siguiente: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Emilio Corcino Galván, contra la sentencia penal núm. 334-2022-SSEN- 00269, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 3 de junio de 2022, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; en consecuencia, confirma dicha decisión. Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas del proceso. Tercero: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes y al juez de ejecución de la pena del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís. Dicha sentencia fue notificada al señor Emilio Corcino Galván, en el estudio profesional de sus abogados constituidos y apoderados especiales, mediante el Acto núm. 507/2023, instrumentado por el ministerial Ángeles J. Sánchez J., alguacil ordinario de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023). Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 2 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional El presente recurso de revisión contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211 fue interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván el doce (12) de enero de dos mil veinticuatro (2024), ante el Centro de Servicio Presencial de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial. La instancia que lo contiene y los documentos que lo avalan fueron remitidos al Tribunal Constitucional el dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025). La instancia recursiva y los documentos anexos a esta fueron notificados a la parte recurrida, la Procuraduría General de la República, en su domicilio, mediante el Acto núm. 125/2024, instrumentado por el ministerial José Luis Capellán, alguacil de estrados del Tribunal Superior Administrativo, el diecinueve (19) de enero de dos mil veinticuatro (2024). 3. Fundamentos de la sentencia recurrida La Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211 se fundamenta, de manera principal, en los siguientes motivos: Consideraciones de la Segunda Sala. Exposición sumaria. Puntos de derecho. El imputado fue condenado por el tribunal de primer grado a 2 años de prisión correccional, y al pago de una indemnización de (RD$3,000,000.00), a favor de los querellantes y actores civiles; tras ser declarado culpable de violar las disposiciones contenidas en el artículo 319 del Código Penal dominicano, en perjuicio de Juan José Silvestre Pacheco (occiso); decisión que fue confirmada por la corte de apelación. Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 3 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Al efecto, la revisión de las piezas del expediente permite comprobar que el primer acto procesal del caso fue lo [sic] concerniente a la medida de coerción impuesta al procesado Emilio Corcino Galván, mediante la resolución núm. 434-2018-SMDC-00363, emitida por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Hato Mayor, en fecha 10 de agosto de 2018, la cual será retenida como punto de partida para computar el plazo de extinción previsto en el artículo 148 del Código Procesal Penal […]. El artículo 148 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, dispone que: “La duración máxima de todo proceso es de cuatro años, contados a partir de los primeros actos del procedimiento, establecidos en los artículos 226 y 287 del presente código, correspondientes a las solicitudes de medidas de coerción y los anticipos de pruebas. Este plazo solo se puede extender por doce meses en caso de sentencia condenatoria, a los fines de permitir la tramitación de los recursos” […]; por su parte, el artículo 149 del indicado texto legal establece la sanción al incumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo 148, al disponer que: vencido el plazo previsto en el artículo precedentemente [sic], los jueces, de oficio, o, [sic] a petición de parte, declaran extinguida la acción penal, conforme lo previsto por este código. Es evidentemente comprensible que la cláusula que se deriva de la letra del referido artículo 148 del Código Procesal Penal, está pensada como una herramienta ideal para evitar que los proceso [sic], en materia penal, se eternicen en el devenir del tiempo sin una respuesta oportuna dentro de un plazo razonable por parte del sistema de justicia; sin embargo, a nuestro modo de ver, es un parámetro para fijar limites [sic] razonables a la duración del proceso, pero no constituye una regla inderrotable, pues asumir ese criterio meramente a lo previsto en la Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 4 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL letra de la ley sería limitado a una simple operación y cálculo exclusivamente matemático, sin observar los criterios que deben guiar al juzgador en su accionar como ente adaptador de la norma en contracto [sic] con diversas situaciones concretas conjugadas por la realidad del sistema y la particularidad de cada caso en concreto, lo que conduce, indefectiblemente, a que la aplicación de la norma comentada no sea pura y simplemente taxativa. […] En este sentido, el Tribunal Constitucional ya se ha referido a los distintos aspectos a tomar en cuenta al momento de ponderar la extinción de un proceso, por el vencimiento del plazo máximo de duración, pues mediante sentencia [sic] núm. TC/0394/18, de fecha 11 de octubre de 2018, fijó unos parámetros razonables que justifican la dilación de un proceso, sobre todo, en el complejo mundo procesal dominicano, donde la difícil estructura del sistema judicial impide, por multiplicidad de acciones y vías recursivas que se producen en sede judicial, concluir un caso en el tiempo previsto en la norma de referencia; en ese sentido, el Tribunal Constitucional ha establecido que: “existe una dilación justificada a cargo de los de los [sic] jueces y representante [sic] del Ministerio Público cuando la demora judicial se da por una circunstancia ajena a ellos, producida por el cúmulo de trabajo, por la complejidad misma del caso o por la existencia de problema estructural dentro del sistema judicial”. En este orden, la Corte Constitucional de Colombia ha indicado en su sentencia T-230/13 que: La jurisprudencia ha señalado que, atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales. Así, por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 5 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL para su estudio, para valorar pruebas o para analizar la normativa existente. Por ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En el caso, el cómputo del plazo de duración máxima del proceso inició, como fue establecido, con la medida de coerción impuesta en contra del imputado, en fecha 10 de agosto de 2018, pronunciándose sentencia condenatoria el 23 de febrero de 2021, la cual fue recurrida en apelación el 29 de abril de 2021, la cual fue recurrida en apelación el 29 de abril de 2021 [sic] e intervenido sentencia el 3 de junio de 2022, siendo interpuesto su recurso de casación el 8 de julio de 2022, lo cual permite establecer las fechas relevantes para realizar el cómputo del plazo establecido en el citado artículo 148 del Código Procesal Penal. Luego de la sala de casación penal realizar un minuciosos [sic] examen a las piezas que conforman el expediente, comprueba que, si bien a la fecha ha sido sobrepasado el tiempo establecido por el legislador para que haya intervenido una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada para el conocimiento de todo proceso penal, no es menos cierto que, conforme a los criterios razonables y objetivos establecidos, no pudieron ser detectadas actuaciones realizadas durante el proceso que constituyan demoras procesales injustificadas e irracionales que dieran lugar a la extinción del mismo. Observando que el proceso ha transitado por las fases procesales normales, produciéndose aplazamientos para darle oportunidad a los abogados titulares de la defensa de estar presentes, citar testigos, por lo avanzado de la hora en el conocimiento del proceso, ordenar el arresto de los testigos incomparecientes [sic], trasladar al imputado, dar oportunidad a la defensa de preparar medios, regularizar la citación de la Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 6 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL querellante, estar presentes los agraviados y reiterar su citación, dar oportunidad al imputado de recuperar su salud al encontrarse afectado de COVID-19, y para citar, en la puerta del tribunal a la querellante; todo ello con la finalidad de preservar el derecho de defensa de todas las partes en el proceso. En virtud de lo anteriormente establecido, la superación del plazo previsto en la norma procesal penal, computado a partir de la imposición de la medida de coerción emitida en fecha 10 de agosto de 2018 hasta la fecha de la [sic] particularidades del caso, la capacidad de respuesta del sistema y el legítimo ejercicio de las vías recursivas dispuestas a favor de las partes, en especial del imputado; de tal manera que el proceso no se ha prolongado indebida o irrazonablemente, lo que conlleva a desestimar el planteamiento de extinción de la acción penal, sin necesidad de haberlo [sic] constar en la parte dispositiva de la presente decisión. Una vez determinada la improcedencia de la solicitud de extinción de la acción penal, procede conocer los vicios planteados por el recurrente contra la sentencia impugnada, los cuales, en síntesis, giran en torno al rechazo, en las instancias previas, de la teoría de la legítima defensa de un tercero. En tal sentido, con el fin de contribuir a una mayor comprensión del caso, procede realizar una síntesis de los hechos fijados por ante [sic] el tribunal de primer grado, y que fueron debidamente corroborados por la Corte a qua [sic], a saber: En fecha 3/8/18, a las 11:30 p. m., cuando el imputado, agente policial Teniente Coronel Emilio Corcino Galván, designado como subcomandante de la dotación policial del Departamento de Hato Mayor, había terminado varios operativos se encontró con una conocida María Acevedo Félix, [...] y salieron en el vehículo de ella a cenar, que al llegar a las inmediaciones de la discoteca El Klan, en la calle San Antonio casi Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 7 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL esquina Palo Hincado, -lugar que estaba muy concurrido-, de repente apareció un vehículo en vía contraria, conducido por José Silvestre Pacheco, quien iba en compañía de 4 personas más, el imputado procedió a desmontarse del vehículo para evitar que ocurriera un accidente y procedió a identificársele al conductor, y le preguntó qué de dónde eran y ellos le dijeron que de Bávaro e iban hacia allá. En ese momento, el imputado le solicitó a los ocupantes del vehículo sus documentos para hacerle un chequeo, debido a que notó sospechosos a los jóvenes; que el agente, mientras se dirigía a la parte trasera del vehículo a verificar la placa, llamó por la radio de policía por asistencia para el registro, que en ese momento el conductor Juan José Silvestre Pacheco retrocedió rápidamente impactando al imputado con el retrovisor izquierdo, y mientras retrocedía iba atropellando en la parte trasera a César Augusto Ruiz Vásquez, quien estaba detrás del vehículo montado en una pasola porque también había entrado en vía contraria en la referida vía, arrastrándolo hasta el medio de la intersección que formaban las calles San Antonio y Palo Hincado, cerca del Banco de Reservas; es en estas condiciones que el agente Emilio Corcino Galván realizó un disparo al conductor Juan José Silvestre Pacheco, con la intención de que detuviera su marcha, el disparo fue realizado a menos de un metro de la víctima, impactando a este último y ocasionándole la muerte por la herida por proyectil de arma de fuego a distancia, […] con entrada en costado izquierdo y salida en el flanco derecho que causó un shock hemorrágico […]. Establecido lo anterior, prosigue el desarrollo de los vicios planteados con relación al rechazo de la teoría de la legítima defensa de un tercero, siendo argumentado por el recurrente que el fallo impugnado carece de una motivación adecuada y suficiente, al limitarse la Corte a qua [sic] a reseñar lo decidido por el tribunal de juicio, y citar supuestas bases Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 8 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL legales, al validar, erróneamente, que el accionar imprudencial del imputado no se corresponde con los reglamentos de la respuesta policial, violentando el principio de legalidad, pues no fue establecido a cuál reglamento se refería, y de acuerdo a este cuál sería la respuesta policial idónea. El recurrente aludió, además, que resulta ilógico y contradictorio que la corte de apelación validara que las acciones llevadas a cabo por él resultaron imprudentes porque dieron al traste con la pérdida de una vida humana, e ilegal al expresar que este debió realizar un tiro al aire, olvidando que estos hechos ocurrieron en la vía pública y hacer un tiro a una goma o al aire implicaba el riesgo de herir otra persona que no estuviera involucrada con el asunto, y no se precisó una norma o protocolo que así lo estableciera; por demás, la acción de disparar al aire se encuentra expresamente prohibida por el riesgo que representa; señaló, también, que es oportuno establecer la distinción del Código de Conducta de los Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley, creado mediante la Ley núm. 672-82, y el supuesto reglamento inexistente al que hizo referencia la Corte a qua [sic]. En atención a lo anteriormente transcrito, conviene precisar que esos alegatos constituyen el cotejo de los vicios formulados por el recurrente en los medios primero, segundo y tercero del presente recurso de casación, los cuales han sido examinados de manera conjunta debido a su estrecha vinculación, lo que ha permitido determinar, mediante la confrontación de los agravios argüidos en el escrito de apelación, que la aludida violación al principio de legalidad por haber citado la Corte a qua [sic] lo expresado por el tribunal de primer grado, con relación a que el accionar imprudencial del recurrente no se corresponde con los reglamentos de la respuesta policial, por considerar que estos resultan inexistentes, la distinción a que hace referencia el recurrente Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 9 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL entre el Código de Conducta de los Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley, creado mediante la Ley núm. 672-82, y el reglamento inexistente, la crítica de que no describió el marco legal que establece el protocolo de disparar a las llantas o el tiro al aire, así como el señalamiento de que la legítima defensa fue condicionada a la realización de una actuación ilegal, como lo es tirar un tiro al aire, constituyen medios nuevos; puesto que del examen de la sentencia impugnada, de las piezas que conforman el proceso, específicamente del recurso de apelación incoado y de las pretensiones planteadas en la audiencia del debate de dicho recurso, revela que el impugnante no formuló por ante la jurisdicción de apelación pedimento o manifestación alguna, formal o implícita, en el sentido ahora argüido, a propósito de que aquella dependencia judicial pudiera sopesar la pertinencia o no de la pretensión y estatuir en consecuencia. En tal sentido, ha sido juzgado que no es posible hacer valer por ante la Suprema Corte de Justicia, en funciones de corte de casación, ningún medio que no haya sido expresa o tácitamente sometido por la parte que lo alega al tribunal del cual proviene la sentencia criticada; de ahí pues la imposibilidad de poder invocarlos por primera vez ante esta sede casacional [sic]. En sus críticas contra el fallo impugnado, el recurrente denunció en el punto 2.1.5 de la presente decisión, con excepción de aquellos aspectos que constituyen los medios nuevos up supra transcritos, que al momento de suceder los hechos se encontraba ejerciendo sus funciones policiales dentro de la jurisdicción que tenía asignada, lo que reconoció el tribunal de primer grado, por lo cual entiende que su conducta debió ser examinada desde las reglas y normas que regulan el ejercicio de la función policial en la legislación dominicana, lo que hacía imprescindible evaluar si su “actuación” se enmarca dentro de lo establecido por normas como el Código de conducta de funcionarios Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 10 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL encargados de hacer cumplir la ley, los principios básicos del uso de la fuerza y el manual del uso de la Fuerza Policial, siendo en este sentido que considera que debió aplicarse la legítima defensa de un tercero. Asimismo, criticó que el rechazó [sic] de su solicitud sobre la base de que previo a hacer uso del arma de fuego, debió ingeniarse otros medios alternos antes de disparar, lo que a su consideración, posiblemente hubiese ocasionado la muerte de la persona que estaba siendo atropellada y la cual intentaba proteger; por lo cual considera que debió ser tomada en cuenta la normativa del uso de la fuerza, así como algunas de las circunstancias, como el tiempo de reacción, la poca o nula efectividad de los mecanismos señalados por el tribunal como medios a agotar previo al uso del arma [sic]. En este sentido, la revisión del fallo impugnado pone de manifiesto, que la Corte a qua [sic] ofreció una apropiada fundamentación en función a los planteamientos realizados en el recurso de apelación, ponderando así, contrario a lo denunciado, que el tribunal de juicio realizó una adecuada interpretación de los hechos y una justa aplicación del derecho, presentando fundamentos técnicos en lo jurídico y basados en las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia [...]. De ahí que, esa alzada reflexionara que la calificación jurídica fijada de homicidio involuntario y sobre la cual se le retuvo responsabilidad penal al recurrente es la más idónea conforme a la subsunción del cuadro fáctico descrito en la acusación por el órgano acusador, y que la figura de la legítima defensa que ha diseñado la parte imputada no ha quedado debidamente establecida ante el plenario, validando los argumentos del juez de la inmediación, el cual, según advierte la corte de casación penal valoró que […] entre sus elementos constitutivos la legítima defensa debe ser proporcional, entendiéndose así que el mal causado no debe ser mayor que él que se trate de evitar, sino solo el mal mínimo con eficacia defensiva que puedan justificar un Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 11 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL mal relevante y mayor, como la muerte de una persona; por lo que concluyó que en el caso la reacción del imputado fue desproporcionada y excesiva al optar por disparar directamente a la víctima y no agotar todos los medios posibles para lograr el propósito de detener la marcha del vehículo o de amedrentar al agente de la infracción [sic] . A tales fines, resulta pertinente destacar que el artículo 328 del Código Penal dominicano establece que: No hay crimen ni delito, cuando el homicidio, las heridas y los golpes se infieran por la necesidad actual de la legítima defensa de sí mismo o de otro. La doctrina la define como la repulsa de la agresión ilegítima, actual o inminente, por el atacado o tercera persona, contra el agresor, sin traspasar la necesidad de la defensa y dentro de la racional proporcionalidad de los medios empleados para impedirla o repelerla; con lo cual su configuración se encuentra condicionada a la verificación de los siguientes requerimientos: a) una agresión actual e inminente; b) una agresión injusta; c) la simultaneidad entre la agresión y la defensa; y d) proporcionalidad entre los medios de defensa y la agresión [sic]. Sobre el particular, conviene destacar el aporte de la doctrina, de que, cuando se habla de proporcionalidad entre los medios de defensa y la agresión, se refiere a la vida e integridad física personal y de otros. De lo reseñado previamente, resulta evidente que en el caso no se encontraban reunidos los elementos constitutivos para la configuración de la legítima defensa, pues si bien fue demostrado, mediante la valoración de las pruebas sometidas al contradictorio [sic], conforme al sistema de la sana crítica racional, que la víctima José Silvestre Pacheco al retroceder, de manera apresurada en su vehículo, había atropellado a César Augusto Ruiz Vásquez y lo iba arrastrando con la pasola en que se encontraba detenido detrás del vehículo conducido por la víctima; no es menos cierto que, la acción del recurrente de dispárale Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 12 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL [sic], dio al traste con la perdida [sic] de una vida humana, aun cuando su propósito no era quitarle la vida, sino lograr que detuviera la marcha del vehículo, generándose así un mal mayor al que pretendía prever. En tal sentido, las instancias previas advirtieron, de manera razonada, que no hubo proporcionalidad entre el medio de defensa empleado y la agresión de que era objeto el tercero - César Augusto Ruiz Vásquez- [sic]. En sus quejas el recurrente planteó, de manera genérica, que el tribunal de primer grado no estableció si su actuación se enmarca dentro de las normas como el Código de conducta de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los principios básicos del uso de la fuerza y el manual del uso de la fuerza policial, siendo en este sentido que consideraba que le debió ser aplicada la figura de la legítima defensa de un tercero; sin embargo, en el sustento de su argumento no profundizó con relación a la supuesta inobservancia de las normas indicadas, en consonancia con lo juzgado por el tribunal de juicio, limitando su argumento a señalar que al momento del hecho era miembro activo de la Policía Nacional, se encontraba debidamente uniformado y en el ejercicio de sus funciones policiales, cuestiones estas que el propio recurrente advirtió que habían sido observadas por el referido tribunal. En tal sentido, la revisión de la decisión del tribunal de primer grado, validada por la Corte a qua [sic], pone de manifiesto que fue establecido que, aun cuando el recurrente se encontraba en el ejercicio de sus funciones, su actuación fue negligente al haber utilizado, como primera vía de acción, el medio más letal, cuando pudo haber maniobrado de un modo menos lesivo, sobre la base de lo establecido en la Ley núm. 590-16 y su reglamento de aplicación en cuanto al manejo de los agentes policiales con el uso de las armas [sic], infiriendo dicho juez Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 13 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL que los [sic] agentes policiales se les [sic] está prohibido manipular su arma de fuego reglamentaria a menos que se haga imprescindible, es decir, que su manipulación solo debe realizarse en presencia de peligro inminente y ante la ausencia de otros medios para lograr repeler agresiones, lo que no le ocurría al imputado en la presente causa, ya que como se ha establecido, pudo haber obrado tomando otras medidas de disuasión, por lo que resulta un derivado lógico que el imputado en la presente causa con su comportamiento violó los reglamentos de la institución policial para la cual ejercía funciones. Por consiguiente, asimismo [sic] resultan infundadas las críticas en cuanto a que existía la posibilidad de que las medidas sugeridas por el tribunal resultarán ineficaces y debió ser ponderado el tiempo que tuvo para reaccionar, al no observarse, en el proceso, según los hechos fijados, que el uso del arma fuera inevitable, debiendo este actuar con moderación y proporcionalidad a la gravedad del hecho y al objetivo legítimo que perseguía, lo que no sucedió. En la especie, la sala de casación penal comprobó que, en contraposición a la teoría de la defensa, en el proceso quedó debidamente tipificada la violación a las disposiciones del artículo 319 del Código Penal dominicano, que consagra el homicidio involuntario, sin que pueda advertirse que procede acoger a su favor la figura jurídica de la legítima defensa, aspectos estos que fueron racionalmente ponderados por la Corte a qua [sic], en el conocimiento del recurso de apelación interpuesto, quedando destruida la presunción de inocencia que le asiste al imputado Emilio Corcino Galván, fuera de toda duda legal; por lo cual, el fallo impugnado cumple con los parámetros motivaciones [sic] del artículo 24 del Código Procesal Penal; en consecuencia, procede rechazar el recurso y, consecuentemente, confirmar en todas sus partes la decisión recurrida, todo ello en consonancia con las disposiciones del numeral 1 del artículo 427 del Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 14 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, del 10 de febrero de 2015. 4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrente El señor Emilio Corcino Galván solicita que la sentencia objeto del presente recurso sea declarada nula. En apoyo de sus pretensiones alega, de manera principal, lo siguiente: Motivaciones contenidas en la Sentencia de la SCJ objeto del Recurso de Revisión Constitucional de Decisión Jurisdiccional. Establece la SCJ que si bien es cierto que se sobrepasó el tiempo, y que las “demoras procesales no fueron injustificadas ni irracionales” para dar lugar a la extinción del mismo, con la gravedad de que no realizó ningún computo [sic] de como [sic] estas “demoras” afectaron el proceso, inclusive atribuyendo demoras que NO corresponde [sic] a la responsabilidad del imputado y que el mismo se vio afectada [sic] por ellas, con la agravante de que durante estas demoras el imputado se encontraba guardando medida de prisión preventiva. Rechazando la solicitud de extinción por que [sic] el exceso de tiempo fue por un “período razonable” [sic]. […] […] en la sentencia dictada en ocasión del [sic] recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, sin que la Segunda Sala estudiará [sic] y ponderará [sic] sus alegatos, ya que no revisó ni analizó los argumentos presentados en los medios de casación, toda vez que en la misma se promovía violaciones al derecho de defensa y una errada y mala interpretación de la Ley, así como incorrecta aplicación del Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 15 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL derecho, así como una desnaturalización de los hechos a cargo de los jueces de casación; […] Dichas faltas no solo se cometieron en la fase de Juicio de Fondo en el Tribunal Colegiado de Primera Instancia de Hato Mayor, sino que fue refrendados [sic] por la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, y por la Suprema Corte de Justicia, con la gravedad de que algunos de los medios presentados a la SCJ fueron rechazados por considerarlos, de manera muy errónea, como “nuevos medios”. […] Rechaza la SCJ la configuración de la Legitima [sic] Defensa por que [sic] se “generó un mal mayor”, al ocasionarse una muerte, y que de manera razonada las instancias anteriores advirtieron de manera razonada la falta de proporcionalidad, y realizamos nuevamente la sana crítica de a [sic] partir de cuales [sic] criterio [sic] los tribunales actuantes establecieron la falta de proporcionalidad. Se promovió como medio que los tribunales actuantes NO tomaron en consideración la legislación que establece el código de conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, los principios básico [sic] del uso de la fuerza y el manual del uso de la fuerza, estableciendo la SCJ que no se profundizó con relación a la inobservancia de las normas indicadas, sin embargo, si [sic] se estableció que para la correcta tipificación e identificación de la legítima defensa de tercero, se debía realizar a partir de la condición de funcionario encargado de hacer cumplir la ley, ya que el mismo está sometido a una [sic] normas adicionales, por lo que se hacía indispensable verificar que el mismo cumplió con los protocolos establecidos en dichas normas. Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 16 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Finalmente, de manera errónea, la SCJ establece que el oficial fue negligente por utilizar como primera vía de acción el medio más letal, incurre la SCJ en una desnaturalización de los hechos al omitir todos los procesos agotados por parte del oficial, incluyendo la verbalización, el llamado a la obediencia y otros medios agotados previo al disparo, con la gravedad de que NO asume la SCJ las vidas preservadas por el oficial por su actuar [sic], como la de la persona que se encontraba siendo arrastrada por el vehículos [sic] y cualquier otro que fuera a impactar sino hubiera logrado detenerlo. Motivos del con [sic] sus fundamentos. Norma violada y solución pretendida. Primer Medio: Falta de Motivación Adecuada y suficiente y violación al principio de legalidad al justificar y sustenta [sic] su decisión en un reglamento de la respuesta policial inexistente al momento de los hechos para rechazar la legitima [sic] defensa de un tercero. La SCJ, al momento de estatuir, NO debió limitarse a reseñar las motivaciones de la sentencia impugnada […]. […] Segundo Medio: Contradicción e ilogicidad manifiesta de la sentencia al condicionar una legítima defensa a la realización de una actuación ilegal como realizar disparos al aire. La SCJ incurre en ilogicidad y contradicción al identificar presentes todos los elementos constitutivos de la Legítima Defensa de un tercero, sin embargo, la Corte en un razonamiento sin sentido y sin explicación señala que las acciones llevadas a cabo por el imputado resultaron Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 17 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL imprudentes por que [sic] dieron al traste con la pérdida de una vida humana, siendo así, de conformidad con el razonamiento de la corte y de la SCJ, en los casos de que exista un fallecido NO se puede alegar legítima defensa a partir de esa motivación. Recae el tribunal en una motivación no solo ilógica sino ILEGAL, al justificar la decisión señalando que debió de hacer “un disparo al aire”, olvidando el tribunal que los hechos ocurrieron en vía pública [sic] y en frente a [sic] decenas de personas, hacer un tiro al aire ó [sic] a la goma implica un riesgo de herir a una de las personas que se encontraban presentes en el lugar y que NO estaban involucradas en el incidente, por demás que esta actuación de hacer disparos al aire está expresamente prohibidas por el riesgo que representan; por lo que resulta ilógico y contradictorio que el tribunal “condicione” la legítima defensa a realizar un acto ilegal y prohibido como es realizar disparos en el aire [sic] (lo cual es un absurdo toda vez que esto no detendría el retroceso del vehículo). Se le recuerda al tribunal, que los disparos al aire caen por efecto de la gravedad, y que los disparos a las gomas, pueden rebotar en el aro, el asfalto o en el chasis del vehículo e impactar a otros. Es oportuno establecer que este criterio fue establecido por la Corte en sus motivaciones, por lo que la SCJ NO puede considerarlo como un elemento nuevo y desestimarlo, por que dicha crítica fue un criterio de la Corte no del Tribunal Colegiado. A que no solo incurre el tribunal en una ilegalidad al sugerir un actuar sin respetar el principio de subordinación reglamentaria (ver sentencia TC 0601-18) [sic] por parte el oficial actuante, toda vez que ciertamente está sometido a los reglamentos de la policía, sin embargo [sic] el tribunal OMITE de establecer cuales [sic] reglamentos y mucho menos, de acuerdo a los reglamentos cuales [sic] eran las actuaciones que debió agotar el oficial en cuestión. Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 18 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Tercer Medio: Errónea aplicación de la Ley. A que la Corte, de manera indirecta establece “se pudo haber disparado a una llanta del vehículo o a realizar un disparo al aire”, sin embargo, el tribunal en las motivaciones NO establece que [sic] marco legal establece como protocolo agotar dicha actuación, y presumen los juzgadores que esa actuación ilegal por demás, como explicamos anteriormente, garantizaría de manera inequívoca que el vehículo se detuviera, a que la SCJ consideró que dichas fundamentaciones eran suficientes para ser consideradas como motivaciones adecuadas, a pesar del gran vacío legal que las mismas promueven, ocasionando un estado de indefensión y violentando la motivación adecuada. Argumentos adicionales a todos los medios promovidos. Es de lugar establecer que el ciudadano EMILIO CORCINO GALVAN, al momento de suceder los hechos, era miembro activo de la Policía Nacional, que se encontraba debidamente uniformado y presentado y ejerciendo sus funciones policiales dentro de la jurisdicción que tenía asignada, lo cual es reconocido por el tribunal. Partiendo de esta realidad, debe de observarse la conducta del mismo a partir de las reglas y normas que regulan el ejercicio de la función policial en nuestra legislación, por lo que se hace imprescindible evaluar (que NO se ha hecho), si la “actuación” desempeñada por el oficial el día de los hechos, se enmarca dentro de lo establecido normas [sic] como el Código de Conducta de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los principios básicos del uso de la fuerza y el manual del uso de la Fuerza Policial, y no de un supuesto reglamento de la respuesta policial. Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 19 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Es a partir de esta normativa, que la defensa del ciudadano EMILIO CORCINO GALVÁN, tomando de base [sic] las circunstancias de los hechos, y todos los demás elementos, que de manera armoniosa han interactuado para crear una noción de la realidad de los hechos, la cual sostuvo inequívocamente la existencia de la Legítima Defensa a favor del ciudadano imputado. Más allá de la tipificación promovida por el ministerio público, y la otorgada por el tribunal en su sentencia, podrá el juzgador de alzada conciliar que en el caso de la especie debe de aplicarse en todo su contexto el artículo 328 del Código Penal Dominicano […]. […] Que en el caso de la especie [sic], la Corte de Apelación NO realiza el ejercicio de identificar de manera puntual los requerimientos de la legítima defensa, y desecha la teoría de legítima defensa de un tercero, en base a [sic] una “apreciación” de como [sic] debió actuar el imputado, sostenida sobre la base de la aplicación de una norma inexistente. […] Debe observar el TC, que los medios de casación rechazados por la SCJ por ser considerados nuevos, si [sic] fueron promovidos en el recurso de apelación, por lo que constituye una omisión en estatuir por parte de la SCJ, rechazarlos sin verificar la certeza de la crítica. En otro orden, NO puede tampoco la SCJ tipificar como elementos nuevos las críticas directas y especificas [sic] a las motivaciones de la CORTE (independientes de las del Tribunal Colegiado), toda vez que esos medios surgieron a partir de la sentencia de apelación por lo que se Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 20 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL hace imposible cuestionarla en otra fase que no sea la casación. Esto ocasiona una flagrante violación al derecho de defensa del imputado. En resumen, la tesis argumentada por la defensa sostiene a partir del relato fáctico, de la condición de miembro de la policía nacional, en pleno ejercicio de sus funciones legales y constitucionales, que se encuentra de servicio y patrullando, y que de manera clara y precisa se ve en una situación por la comisión de un ilícito de un tercero (transitar en vía contraria por una zona muy concurrida por se [sic] un área comercial, en esas condiciones el juzgador debió tomar en cuento [sic] todo esto, incluyendo el cumplimiento de los reglamentos policiales respecto del uso de la fuerza, con lo que queda claramente configurado [sic] la figura de la legítima defensa de un tercero, que iba siendo arrastrado debajo del vehículo que arbitrariamente daba reversa de manera violenta y que lo hacía para evadir una inspección policial, haciendo caso omiso a las llamada [sic] de alto del oficial, y al llamado de la multitud de persona [sic] que se encontraba en el lugar advirtiendo que estaba arrastrando una persona [sic]. Ante toda esta circunstancia, la SCJ omite de estatuir [sic] al no establecer de manera clara, precisa y sin lugar a duda los parámetros legales y jurisprudenciales que utilizó para descartar la teoría de la defensa, así como en que [sic] norma o reglamento se basó para establecer el “medio previo que debió agotar”, y minimiza los posibles efectos de la actuación del infractor (hoy occiso) conductor del vehículo en perjuicio de terceros. Se constituye violación al debido proceso, violentando el derecho de defensa, así como los principios de legalidad, al no basar la solución dada en un marco legal, doctrinario o jurisprudencial, promoviendo una solución basada en un criterio particular de los jueces, de que debió hacer primero un tiro al aire, o a las gomas, modificando este criterio la SCJ, solo señalando que debió agotar una medida antes de hacer el disparo sin establecer “que [sic] medida” Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 21 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL debió de agotar [sic] y en base a que [sic] norma se sustenta que el oficial debió hacer dicha actuación. Con base en dichas consideraciones, el señor Emilio Corcino Galván solicita al Tribunal: PRIMERO (1°): ADMITIR, en cuanto a la forma, el presente Recurso de Revisión Constitucional de Sentencia Jurisdiccional por cumplir con todos los requisitos de forma; SEGUNDO (2°): ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional de sentencia jurisdiccional incoado por EMILIO CORCINO GALVAN, contra la sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, de fecha 31/10/2023, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que decidió el Recurso de Casación incoado en contra de la Sentencia Penal No. 334-2022-ssen-00269, de fecha 03/06/2022, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, y por vía de consecuencia ANULAR la referida decisión de la SCJ, y ORDENAR el envío del referido expediente ante la Suprema Corte de Justicia, para que se cumpla la preceptiva establecida en el numeral 10 del artículo 54 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), con la finalidad de que conozca el Proceso. TERCERO (3°): DECLARAR el presente proceso libre de costas al tenor de lo establecido en la Constitución República Dominicana [sic]; y en la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 22 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrida Se hace constar que en el expediente relativo al presente recurso no hay constancia de que la instancia que contiene el recurso de referencia fuera notificada a la parte recurrida. Tampoco figura escrito o documento alguno proveniente de esta, señores Juan Silvestre Mercedes, Rosa Lidia Yudelki Pacheco Rosario y Bella Iris Alejo Rosario. 6. Dictamen de la Procuraduría General de la República Mediante escrito contentivo de su dictamen, depositado el veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024) ante el Centro de Servicio Presencial de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial, y recibido en el Tribunal Constitucional el dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025), la Procuraduría General de la República solicita que el recurso de revisión interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván sea declarado inadmisible. Su pedimento está fundamentado, de manera principal, en los alegatos siguientes: En este sentido, el recurrente no identifica en qué medida la Segunda Sala incurrió en violación a derechos fundamentales, sino que se limita a cuestionar la apreciación de las pruebas, sin señalar detallada y concretamente dónde estuvo la violación a derechos fundamentales en que presuntamente incurrieron los tribunales inferiores, muy especialmente el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hato Mayor, apoderado para el conocimiento del fondo del presente proceso. El Tribunal Constitucional ha fijado posición con respecto a la motivación del escrito introductorio del recurso de revisión jurisdiccional, en su Sentencia TC/0605/17, en la cual se precisa lo siguiente: Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 23 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL “Por todo lo anterior, al estar desprovisto el presente recurso de revisión de decisión jurisdiccional de argumentos que den visos de la supuesta vulneración a la Constitución en que incurrió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia al dictar la Sentencia núm. (…), resulta evidente que el escrito introductorio del mismo no cumple con un mínimo de motivación en cuanto al señalamiento de los argumentos que lo justifican, conforme lo prevé el artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11, al exigir que el recurso sea interpuesto por medio de un escrito motivado. En tal sentido, ha lugar a declarar inadmisible el presente recurso”. Cuando el recurrente cuestiona en su escrito la valoración de las pruebas, ponderación del principio de legalidad, legítima defensa y la respuesta policial del recurrente, se refiere a aspectos de fondo sobre los cuales el Tribunal Constitucional no tiene competencia para pronunciarse en el curso de un proceso como el que nos ocupa, por lo que su línea argumentativa desnaturaliza la finalidad de la revisión constitucional. Opinión: El presente recurso de revisión constitucional deviene en inadmisible por no cumplir con el requisito de debida motivación, exigido en el artículo 54.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. Con base en dichas consideraciones, la Procuraduría General de la República solicita al Tribunal: ÚNICO: DECLARAR INADMISIBLE el presente recurso de revisión constitucional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván, en contra de la Sentencia No. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 31 de octubre del 2018, Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 24 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL por no cumplir con el requisito de debida motivación, exigido en el artículo 54.1 de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 7. Pruebas documentales Entre los documentos que obran en el expediente relativo al presente recurso de revisión figuran, de manera relevante, los siguientes: 1. Una copia de la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). 2. El Acto núm. 507/2023, instrumentado por el ministerial Ángeles J. Sánchez J., alguacil ordinario de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023). 3. La instancia que contiene el recurso de revisión de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ- SS-23-1211, depositada el doce (12) de enero de dos mil veinticuatro (2024) ante el Centro de Servicio Presencial de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial, y remitida a este tribunal el dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025). 4. El Acto núm. 125/2024, instrumentado por el ministerial José Luis Capellán, alguacil de estrados del Tribunal Superior Administrativo, el diecinueve (19) de enero de dos mil veinticuatro (2024). 5. El escrito contentivo del dictamen de la Procuraduría General de la República, depositado ante el Centro de Servicio Presencial de la Suprema Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 25 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial el veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024). 6. Una copia de la Sentencia núm. 334-2022-SSEN-00269, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el tres (3) de junio de dos mil veintidós (2022), con motivo de los recursos de apelación interpuestos por el señor Emilio Corcino Galván y el Ministerio Público del Distrito Judicial de Hato Mayor contra la Sentencia núm. 960-2021-SSEN-00014, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hato Mayor el veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiuno (2021). 7. Una copia de la Sentencia núm. 960-2021-SSEN-00014, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hato Mayor el veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiuno (2021), con motivo de la acusación pública presentada por la señora Jeanny E. Ramírez Rijo, procuradora fiscal de Hato Mayor, contra el señor Emilio Corcino Galván. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 8. Síntesis del conflicto El conflicto a que este caso se refiere tiene su origen en la acusación presentada el veinticinco (25) de enero de dos mil diecinueve (2019) por la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Hato Mayor contra el señor Emilio Corcino Galván, por la alegada violación de los artículos 295 y 304 del Código Penal, que tipifican el ilícito de homicidio voluntario, en perjuicio de Juan José Silvestre Pacheco. Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 26 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL La referida acusación tuvo como resultado la Resolución núm. 434-2020- SAC00052, dictada por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Hato Mayor el nueve (9) de marzo de dos mil veinte (2020), mediante la cual dicho órgano judicial dictó auto de apertura a juicio en contra del imputado Emilio Corcino Galván, a fin de que dicho señor fuere juzgado por los delitos contenidos en los artículos 295 y 304 del Código Penal. El Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hato Mayor fue apoderado para el conocimiento del juicio de fondo y mediante la Sentencia núm. 960-2021-SSEN-00014, dictada el veintitrés (23) de febrero del dos mil veintiuno (2021), decidió lo siguiente: PRIMERO: Declara al ciudadano Emilio Corcino Galván, dominicano, mayor de edad, Teniente Coronel de la Policía Nacional, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 010-0067176-6, localizable en la calle Los Julio, Residencial Felipe II, Edificio D, Piso 4, Apto 401, del sector Alameda, municipio de Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo; culpable de violar el artículo 319 del Código Penal Dominicano, que tipifica el homicidio involuntario, en perjuicio del occiso Juan José Silvestre Pacheco, en consecuencia condena al ciudadano Emilio Corcino Galván, a cumplir dos (02) [sic] años de prisión, en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís. SEGUNDO: Condena al imputado Emilio Corcino Galván, al pago de las costas penales del proceso. TERCERO: Ordena el decomiso a favor del Estado Dominicano de un casquillo calibre 9 milímetro disparado, una pistola marca Glock, calibre 9 milímetro, color negro, serie HHZ291; cuatro (04) [sic] Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 27 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL fragmentos de blindajes y cuatro (04) [sic] fragmentos de plomo mutilados. CUARTO: Declara buena y válida en cuanto a la forma la querella y constitución en actor civil interpuesta por los señores Juan Silvestre Mercedes, Rosa Lidia Yudelka Pacheco y Bella Iris Alejo Rosario, por haber sido hecha de acuerdo a las normas procesales vigentes; en cuanto al fondo acoge dicha constitución en actor civil y condena al imputado Emilio Corcino Galván; en cuanto al fondo acoge dicha constitución en actor civil y condena al imputado Emilio Corcino Galván, al pago de la suma de Tres Millones de Pesos (RD$3,000,000.00) como justa indemnización por los daños morales ocasionados a éstos, producto de la muerte de Juan José Silvestre Pacheco; divididos de la manera siguiente: Un Millón Quinientos Mil Pesos (RD$1,500,000.00) en favor de los señores Juan Silvestre Mercedes y Rosa Lidia Yudelkis Pacheco Rosario, en calidad de madre y padre del occiso; y Un Millón Quinientos Mil Pesos (RD$1,500,000.00) a favor de la señora Bella Iris Alejo Rosario, en representación de los hijos menores de edad del occiso. QUINTO: Condena al imputado Emilio Corcino Galván, al pago de las costas civiles del proceso, ordenando su distracción a favor y provecho de los abogados que representan la demanda civil [sic]. SEXTO: Informa a las partes que cuentan con un plazo de veinte (20) días para recurrir la presente decisión a partir de la notificación. Inconformes con dicha decisión, tanto el señor Emilio Corcino Galván como la señora Jeanny E. Ramírez Rijo, representante del Ministerio Público del Distrito Judicial de Hato Mayor, interpusieron sendos recursos de apelación que fueron decididos mediante la Sentencia núm. 334-2022-SSEN-00269, dictada por la Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 28 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Hato Mayor el tres (3) de junio de dos mil veintidós (2022), la cual acogió los desistimientos depositados por los señores Juan Silvestre Mercedes, Rosa Lidia Yudelki Pacheco Rosario y Bella Iris Alejo Rosario a favor del imputado Emilio Corcino Galván; revocó los ordinales cuarto y quinto de la sentencia recurrida por efecto del desistimiento de los querellantes y confirmó los demás aspectos, es decir, los ordinales primero, segundo y tercero. Esta última decisión fue recurrida en casación, pero el recurso fue rechazado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia mediante la sentencia objeto del presente recurso de revisión constitucional. 9. Competencia El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional en virtud de lo previsto por los artículos 185.4 y 277 de la Constitución y 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011). 10. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional 10.1. Como cuestión previa, es preciso que el Tribunal Constitucional determine si el presente recurso satisface las condiciones de admisibilidad a que lo someten la Constitución y las leyes adjetivas. 10.2. En cuanto al procedimiento de revisión, el artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11 dispone: «El recurso se interpondrá mediante escrito motivado depositado en la Secretaría del tribunal que dictó la sentencia recurrida, en un plazo no mayor de treinta días a partir de la notificación de la sentencia». Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 29 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Conforme a lo precisado por este órgano constitucional en la Sentencia TC/0143/151, el plazo para la revisión constitucional de decisión jurisdiccional será franco y calendario. Este plazo debe ser computado de conformidad con lo establecido en el artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil, texto que se aplica en este caso en virtud del principio de supletoriedad. 10.3. De conformidad con el criterio establecido por este órgano constitucional en la Sentencia TC/0247/16, de veintidós (22) de junio de dos mil dieciséis (2016), la inobservancia de dicho plazo se encuentra sancionada con la inadmisibilidad del recurso de revisión de decisión jurisdiccional. 10.4. Además, este tribunal constitucional estableció, mediante la Sentencia TC/0001/182, que el evento procesal que da inicio al cómputo del plazo para interponer el recurso de revisión constitucional es la fecha en que la parte recurrente toma conocimiento de la decisión íntegra. Cabe reiterar, asimismo, que, a partir de la Sentencia TC/0109/24, 3 el señalado plazo procesal se computa a partir de la notificación de la decisión realizada a persona o en el domicilio de la parte recurrente, aunque esta última haya elegido como domicilio el estudio profesional de sus abogados constituidos y apoderados especiales con ocasión de la última instancia jurisdiccional que conociera del asunto. 10.5. En el presente caso, el Tribunal Constitucional ha verificado que la sentencia impugnada fue notificada de manera íntegra en el domicilio de los abogados constituidos y apoderados especiales del recurrente, señor Emilio 1 Dictada el primero (1ero.) de julio de dos mil quince (2015). 2 Sentencia dictada el 2 de enero de 2028. 3 Sentencia dictada el primero (1o) de julio de dos mil veinticuatro (2024), la cual estableció lo siguiente: Así las cosas, a partir de la presente decisión este tribunal constitucional se aparta de sus precedentes y sentará como nuevo criterio que el plazo para interponer recursos ante esta instancia comenzará a correr únicamente a partir de las notificaciones de resoluciones o sentencias realizadas a la persona o al domicilio real de las partes del proceso, incluso si estas han elegido un domicilio en el despacho profesional de su representante legal. Este criterio se aplicará para determinar cuándo la parte que interpone el recurso ha tomado conocimiento de la decisión impugnada y, en consecuencia, para calcular el plazo establecido por la normativa aplicable. Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 30 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Corcino Galván, mediante el Acto núm. 507/20234, el quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), por lo que dicha notificación no será tomada en cuenta para el inicio del cómputo del plazo, mientras que el presente recurso de revisión de decisión jurisdiccional fue interpuesto el doce (12) de enero de dos mil veinticuatro (2024). De ello se concluye que el plazo para interponer el presente recurso se encontraba abierto cuando dicho recurso fue incoado, conforme al precedente sentado en la referida Sentencia TC/0109/24. 10.6. Es necesario precisar el alcance del plazo establecido en el artículo 54.3 de la Ley núm. 137-11 para el depósito del escrito de defensa en estos casos, aplicable, por igual, para el depósito del escrito contentivo del dictamen del Ministerio Público. Dicha disposición establece que el escrito de defensa deberá ser depositado en la Secretaría del tribunal que dictó la sentencia recurrida en revisión constitucional en un plazo no mayor de treinta (30) días, a partir de la fecha de notificación del escrito de revisión. 10.7. En la especie, el estudio de los documentos que conforman el expediente permite dar por cierto y establecido que el recurso de revisión fue notificado a la Procuraduría General de la República el diecinueve (19) de enero de dos mil veinticuatro (2024). Asimismo, consta que dicha institución depositó el escrito contentivo de su dictamen el veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024). De lo anterior concluimos que el escrito depositado es válido, por haber sido depositado dentro del plazo de treinta (30) días previsto en el artículo 54.3 de la Ley núm. 137-11, en razón de lo cual será tomado en consideración para los fines del presente recurso de revisión. 10.8. Otro de los requisitos para la admisibilidad del recurso de revisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley núm. 137-11, es su debida motivación. En cuanto a la satisfacción de este requisito, la Procuraduría 4 Instrumentado el quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) por el ministerial Ángeles J. Sánchez J., alguacil ordinario de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia. Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 31 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL General de la República solicitó la inadmisibilidad del presente recurso, alegando el incumplimiento de la debida motivación requerida. Este órgano constitucional indicó, en la Sentencia TC/0324/165, lo siguiente: Al interponer el referido motivo, la parte recurrente sólo se limitó a enunciarlo, sin desarrollar el citado medio, lo que imposibilita determinar las argumentaciones que fundamentan el mismo y las pretendidas vulneraciones de derechos fundamentales que -se arguye- contiene la decisión atacada; razón por la cual el tribunal no puede pronunciarse en relación con este motivo, por ser un requisito exigido por la referida ley núm. 137-11, que el recurso de revisión se interponga por medio de un escrito motivado, lo que hacía imperativo que esta parte cumpliera [sic]. 10.9. El análisis de la instancia depositada por el recurrente permite a este tribunal advertir que la instancia del presente recurso cumplió satisfactoriamente con el requisito exigido en el artículo 54.1, al comprobar la debida motivación del escrito. En efecto, hemos constatado que el recurrente hace mención de los derechos fundamentales conculcados por la sentencia recurrida. Se evidencia que el recurrente expone argumentos claros, precisos y determinantes en cuanto al supuesto perjuicio que le ha ocasionado la sentencia recurrida. En consecuencia, procede rechazar la inadmisibilidad planteada, sin necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva de la sentencia. 10.10. Según lo prescrito por los artículos 277 de la Constitución y 53 de la Ley núm. 137-11, las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad a la Constitución de veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010) son susceptibles del recurso de revisión constitucional. En el presente caso se satisface el indicado requisito en razón de 5 Dictada el veinte (20) de julio de dos mil dieciséis (2016). Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 32 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL que la sentencia recurrida, marcada como SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023), puso fin al proceso a que este caso se refiere, lo que significa que adquirió la referida autoridad, con lo que ha sido satisfecho este otro requisito de admisibilidad del recurso. 10.11. Adicionalmente, el señalado artículo 53 de la Ley núm. 137-11 prescribe que el recurso de revisión constitucional está sujeto, en cuanto a su admisibilidad, a que se presente uno de los siguientes escenarios: 1) cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional; 3) cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental. 10.12. El estudio de la instancia recursiva pone de manifiesto que el recurrente imputa, en esencia, a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia haberle violado, mediante la sentencia ahora impugnada, su derecho de defensa como garantía fundamental del debido proceso y, consecuentemente, el derecho a la tutela judicial efectiva. De manera concreta, el recurrente alega, en este sentido, que la Suprema Corte de Justicia incurre en la violación del principio de legalidad, errónea valoración de las pruebas aportadas, desnaturalización de los hechos, contradicción e ilogicidad de la sentencia y errónea aplicación de la ley; alegadas violaciones que –según considera– constituye una incorrecta motivación de la sentencia impugnada. 10.13. De lo anteriormente transcrito concluimos que el recurrente ha invocado la violación, en su contra, de derechos fundamentales, escenario consagrado en el artículo 53.3, el cual exige, a su vez, el cumplimiento de otros requisitos, a saber: Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 33 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma. b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada. c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar. 10.14. Al analizar el cumplimiento de los indicados requisitos, a la luz del precedente contenido en la Sentencia TC/0123/18, de cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho (2018), se verifica que estos han sido satisfechos. En efecto, la alegada violación de los derechos fundamentales por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia no podía ser invocada antes de ser dictada dicha decisión. Tampoco existen recursos ordinarios disponibles contra esa sentencia, lo que significa que esta adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada en sede judicial. Además, la referida violación ha sido directamente imputada al tribunal que dictó la sentencia impugnada, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, conforme a los alegatos que sustentan el recurso. 10.15. La admisibilidad del recurso de revisión constitucional está condicionada, asimismo, a que exista especial trascendencia o relevancia constitucional, según el párrafo del mencionado artículo 53, por lo que en el Tribunal recae la obligación de determinar si en el presente recurso se cumple esa condición de admisibilidad. De acuerdo con el artículo 100 de la Ley núm. 137-11 –que el Tribunal Constitucional estima aplicable a esta materia, debido a la falta de precisión del párrafo del señalado artículo 53–, la especial trascendencia o relevancia constitucional «se apreciará atendiendo a su Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 34 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y concreta protección de los derechos fundamentales». La referida noción, de naturaleza abierta e indeterminada, fue precisada por este tribunal en la Sentencia TC/0007/12, de veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), en el sentido de que esta se configura en aquellos casos que, entre otros: […] 1) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) introduzcan respecto a estos últimos, un problema jurídico de trascendencia social, política o económica, cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional. 10.16. El Tribunal Constitucional considera que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional. Ésta radica en que el conocimiento del fondo del recurso le permitirá continuar el desarrollo expuesto por este órgano respecto del derecho al plazo razonable, como parte esencial del debido proceso, estadio básico de la tutela judicial efectiva en el curso de procesos penales. 10.17. En consecuencia, procede declarar la admisibilidad del presente recurso de revisión. Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 35 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 11. Sobre el fondo del presente recurso de revisión 11.1. Como se ha indicado, el presente recurso de revisión ha sido interpuesto contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Esa decisión rechazó el recurso de casación interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. 334-2022-SSEN-00269, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el tres (3) de junio de dos mil veintidós (2022). 11.2. Este órgano constitucional ha constatado que, ciertamente, la decisión recurrida rechazó el recurso de casación interpuesto por el Emilio Corcino Galván. Dicho rechazo se sustenta, de manera principal, en las siguientes consideraciones: En la especie, la sala de casación penal comprobó que, en contraposición a la teoría de la defensa, en el proceso quedó debidamente tipificada la violación a las disposiciones del artículo 319 del Código Penal dominicano, que consagra el homicidio involuntario, sin que pueda advertirse que procede acoger a su favor la figura jurídica de la legítima defensa, aspectos estos que fueron racionalmente ponderados por la Corte a qua [sic], en el conocimiento del recurso de apelación interpuesto, quedando destruida la presunción de inocencia que le asiste al imputado Emilio Corcino Galván, fuera de toda duda legal; por la cual, el fallo impugnado cumple con los parámetros motivaciones del artículo 24 del Código Procesal Penal; en consecuencia, procede rechazar el recurso y, consecuentemente, confirmar en todas sus partes la decisión recurrida, todo ello en consonancia con las disposiciones del numeral 1 del artículo 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, del 10 de febrero de 2015. Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 36 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 11.3. Como se ha señalado, el recurrente alega que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia vulneró su derecho de defensa, en tanto que garantía esencial del debido proceso, y, por consiguiente, su derecho a la tutela judicial efectiva. En virtud de ello, solicita la nulidad de la sentencia impugnada. Sostiene, principalmente, que dicho órgano judicial incumplió el deber de motivación al rechazar la solicitud de extinción del proceso, pese a que la Suprema Corte de Justicia había advertido que, en efecto, habría sido sobrepasado el plazo razonable. Indica, de igual forma, que la Segunda Sala infringió el principio de legalidad al no revisar ni ponderar adecuadamente los medios de casación planteados. Asimismo, afirma que el tribunal a quo incurrió en la desnaturalización de los hechos y de las pruebas. A su juicio, la decisión adolece de falta de motivación, pues aplica incorrectamente la ley y no valora debidamente las pruebas aportadas, lo que pone de manifiesto una contradicción e ilogicidad evidentes. 11.4. Resulta preciso referirse de manera puntual a la alegada vulneración del derecho al plazo razonable invocada por el recurrente, como consecuencia del rechazo de la solicitud de extinción del proceso penal, planteada como cuarto medio de casación. En ese sentido, expone lo siguiente: Establece la SCJ que si bien es cierto que se sobrepasó el tiempo, y que las “demoras procesales no fueron injustificadas ni irracionales” para dar lugar a la extinción del mismo, con la gravedad de que no realizó ningún computo [sic] de como [sic] estas “demoras” afectaron el proceso, inclusive atribuyendo demoras que NO corresponde a la responsabilidad del imputado y que el mismo se vio afectada por ellas, con la agravante de que durante estas demoras el imputado se encontraba guardando medida de prisión preventiva. Rechazando la solicitud de extinción por que [sic] el exceso de tiempo fue por un “período razonable” [sic]. Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 37 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 11.5. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia fundamentó el rechazo de la referida solicitud de extinción del proceso penal, sustentando su decisión, de manera principal, en los motivos que transcribimos a continuación: Luego de la sala de casación penal realizar un minucioso examen a las piezas que conforman el expediente, comprueba que, si bien a la fecha ha sido sobrepasado el tiempo establecido por el legislador para que haya intervenido una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada para el conocimiento de todo proceso penal, no es menos cierto que, conforme a los criterios razonables y objetivos establecidos, no pudieron ser detectadas actuaciones realizadas durante el proceso que constituyan demoras procesales injustificadas e irracionales que dieran lugar a la extinción del mismo. Observando que el proceso ha transitado por las fases procesales normales, produciéndose aplazamientos para darle oportunidad a los abogados titulares de la defensa de estar presentes, citar testigos, conducir testigos, por lo avanzado de la hora en el conocimiento del proceso, ordenar el arresto de los testigos incomparecientes, trasladar al imputado, dar oportunidad a la defensa de preparar medios, regularizar la citación de la querellante, estar presentes los agraviados y reiterar su citación, dar oportunidad al imputado de recuperar su salud al encontrarse afectado de COVID-19, y para citar, en la puerta del tribunal a la querellante; todo ello con la finalidad de preservar el derecho de defensa de todas las partes en el proceso. 11.6. En ese mismo orden, luego de indicar la superación del plazo legal para la extinción de la acción penal y fijar su punto de partida, la Suprema Corte de Justicia señaló lo siguiente: Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 38 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL […] se inscribe en un periodo razonable atendiendo a las particularidades del caso, la capacidad de respuesta del sistema y el legítimo ejercicio de las vías recursivas dispuestas a favor de las partes, en especial del imputado; de tal manera que el proceso no se ha prolongado indebida o irrazonablemente, lo que conlleva a [sic] desestimar el planteamiento de extinción de la acción penal, sin necesidad de hacerlo contar en la parte dispositiva de la presente decisión. 11.7. Del estudio de la sentencia impugnada se constata que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia verificó que el primer acto procesal lo constituyó la medida de coerción impuesta al imputado, hoy recurrente, señor Emilio Corcino Galván, dictada el diez (10) de agosto de dos mil dieciocho (2018) mediante la Resolución 434-2018-SMDC-00363, emitida por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Hato Mayor. Dicho acto fue tomado como punto de partida para el cómputo del plazo de extinción previsto en el artículo 148 del Código Procesal Penal. Asimismo, se establece que el proceso continuó con la sentencia condenatoria de veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiuno (2021), seguida de la sentencia de apelación de tres (3) de junio de dos mil veintidós (2022), culminando con la sentencia objeto del recurso de casación, dictada el treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). 11.8. Es preciso aclarar que, al momento de la ocurrencia del hecho había entrado en vigencia la Ley núm. 10-15, por tratarse de un proceso que se inició en el año dos mil dieciocho (2018), es decir, después de la promulgación de la referida ley, el diez (10) de febrero de dos mil quince (2015). Esta norma establece modificaciones al artículo148 del Código Procesal Penal en cuanto al plazo máximo de duración del proceso penal, en los términos siguientes: Duración máxima. La duración máxima de todo proceso es de cuatro años, contados a partir de los primeros actos del procedimiento, Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 39 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL establecidos en los artículos 226 y 287 del presente código, correspondientes a las solicitudes de medidas de coerción y los anticipos de pruebas. Este plazo sólo se puede extender por doce meses en caso de sentencia condenatoria, a los fines de permitir la tramitación de los recursos. Los períodos de suspensión generados como consecuencia de dilaciones indebidas o tácticas dilatorias provocadas por el imputado y su defensa no constituyen parte integral del cómputo de este plazo. La fuga o rebeldía del imputado interrumpe el plazo de duración del proceso, el cual se reinicia cuando éste comparezca o sea arrestado.6 11.9. En cuanto a la duración de los procesos penales, en la Sentencia TC/0214/157, este tribunal constitucional estableció el siguiente criterio: […] debe considerarse que el mismo empieza el día en que a una persona se le haga una imputación formal, a través de un acto que tenga el carácter de medida cautelar o de coerción, cuyo objeto esté encaminado a sujetar al imputado al proceso. Así, la citación tiene el carácter de medida cautelar personal, por cuanto la misma tiene por efecto limitar, durante el período en el cual sea cumplido [sic] el referido acto, la libertad personal del individuo a la cual va dirigida, y por subyacer en ella la amenaza de que en caso de no comparecer pueda utilizarse la fuerza pública para constreñirle a ello, y en casos más extremos ordenarse su arresto, restringiendo de esa forma su derecho de libertad personal, todo lo cual implica sujetarse al proceso. 11.10. De igual forma, en la Sentencia TC/0303/20, este tribunal precisó lo siguiente: 6 El subrayado del Tribunal. 7 Dictada el diecinueve (19) de agosto de dos mil quince (2015). Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 40 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL De conformidad con una importante jurisprudencia iniciada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es necesario apreciar la garantía del plazo razonable con la ayuda de criterios objetivos de delimitación que los órganos jurisdiccionales han de tomar en consideración. Con ello se procura adecuar ese concepto a la realidad procesal de cada proceso, a saber: la complejidad del caso, la actividad procesal del interesado, el comportamiento (adecuado o no) de las partes en litis, la conducta de las autoridades judiciales, la organización judicial, la duración media de los procesos, el exceso o volumen de trabajo de los tribunales judiciales a causa del alto grado de conflictividad social, entre otros factores 8 . Ello es así con el propósito de determinar si las dilaciones del proceso son o no debidamente justificadas y, por tanto, de verificar si ha sido pertinente considerar la extensión de los plazos legales sin que ello se entienda como una transgresión a la referida garantía constitucional; plazos que, a la luz de lo así indicado, no pueden ser inflexibles, con procurado apego a las reglas de la epiqueia. 11.11. En adición a los fundamentos de los precedentes citados, resulta preciso señalar que entre la fecha en que el señor Emilio Corcino Galván fue sometido a la acción de la justicia (diez (10) de agosto de dos mil dieciocho (2018)) y aquella en que la Suprema Corte de Justicia dictó la sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada (treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023)), transcurrieron cinco (5) años y dos (2) meses. Dicho período supera el plazo de cuatro (4) años establecido en la Ley núm. 10-15, que modificó el artículo 148 del Código Procesal Penal. Sin embargo, no se advierte 8 Esta jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se inició con el caso König contra Alemania (de 28 de junio de 1978), y que ha sido desarrollada y precisada en muchos otros casos (entre los que merece una mención distinguida el caso Buchholz, de 6 de mayo de 1981), ha sido seguida por importantes tribunales constitucionales, entre los que cabe destacar el Tribunal Constitucional de España, que ha acogido esa línea jurisprudencial en numerosas decisiones (véase, a modo de ejemplo, las SSTC 37/1982, de 16 de junio de 1982; 50/1989, de 21 de junio de 1989; 10/1991, de 17 de enero de 1991; 197/1993, de 14 de junio de 1993; 181/1996, de 12 de noviembre de 1996; y 109/1997, de 2 de junio de 1997, entre muchas otras). Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 41 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL que el tribunal a quo haya precisado las actuaciones que ocasionaron que la duración del proceso penal excediera el plazo máximo legal. En efecto, de la sentencia impugnada no se desprende cuáles fueron las circunstancias razonables y atendibles que justificaron el transcurso de un período tan prolongado para el agotamiento de las actuaciones procesales propias del caso de referencia. 11.12. En consecuencia, del criterio anteriormente citado resulta claro que las causas de dilación de los procesos deben ser justificadas para que no se retengan violaciones al plazo razonable, las cuales no parecen concurrir en el presente caso, ya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia no agotó un proceso argumentativo lo suficientemente minucioso que permitiera comprobar cuáles fueron las actuaciones atribuibles al imputado para que se considerase la no extinción del indicado proceso penal. 11.13. De lo anteriormente expuesto, y a la luz de las fundamentaciones ofrecidas por el tribunal a quo para rechazar la solicitud de extinción penal, este órgano constitucional determina que procede acoger el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y anular la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, sin necesidad de referirse a los demás medios de revisión, disponiendo así del envío del expediente a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, a fin de que conozca el caso con estricto apego al criterio establecido en esta sentencia respecto del derecho fundamental cuestionado, conforme a lo dispuesto en el artículo 54, numerales 9 y 10, de la Ley núm. 137-11. Esta decisión, aprobada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran los magistrados Napoleón R. Estévez Lavandier, president; Army Ferreira y María del Carmen Santana de Cabrera, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 42 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional DECIDE: PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, de conformidad con las precedentes consideraciones, el recurso de revisión descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, ANULAR la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211. TERCERO: DISPONER el envío del presente expediente ante la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia para que vuelva a conocer del caso con estricto apego de las consideraciones expuestas en la presente decisión, según lo dispuesto por el artículo 54.10 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011). CUARTO: DECLARAR el presente proceso libre de costas, según lo dispuesto por el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011). QUINTO: ORDENAR la comunicación, por Secretaría, de esta sentencia, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor Emilio Corcino Galván, a los recurridos, señores Juan Silvestre Mercedes, Rosa Lidia Yudelki Pacheco Rosario y Bella Iris Alejo Rosario, y a la Procuraduría General de la República. Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 43 de 44  República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SEXTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional. Aprobada: Miguel Valera Montero, primer sustituto, en funciones de presidente; Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta; José Alejandro Ayuso, juez; Fidias Federico Aristy Payano, juez; Alba Luisa Beard Marcos, jueza; Manuel Ulises Bonnelly Vega, juez; Sonia Díaz Inoa, jueza; Domingo Gil, juez; Amaury A. Reyes Torres, juez; José Alejandro Vargas Guerrero, juez. La presente sentencia fue aprobada por los señores jueces del Tribunal Constitucional, en la sesión del pleno celebrada en fecha once (11) del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026); firmada y publicada por mí, secretaria del Tribunal Constitucional, que certifico, en el día, mes y año anteriormente expresados. Grace A. Ventura Rondón Secretaria Expediente núm. TC-04-2025-0822, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Emilio Corcino Galván contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-1211, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treintiuno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Página 44 de 44