Ley No. 35-26 - QUE DEROGA EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY NÚM. 30-26, DEL 18 DE JUNIO DE 2026, DE MEDIDAS PRO-CRECIMIENTO ...

- 24 - Ley núm. 35-26 que deroga el artículo 61 de la Ley núm. 30-26, del 18 de junio de 2026, de medidas pro-crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional y restablece la vigencia del artículo 4 de la Ley núm. 6-86, que establece la especialización del 1% sobre el valor de todas las obras construidas en el territorio nacional, incluyendo las del Estado, para la creación de un Fondo Común de Servicios Sociales, Pensiones y Jubilaciones a los Trabajadores Sindicalizados del Área de la Construcción y todas sus ramas afines. G. O. núm. 11251 del 11 de julio de 2026. EL CONGRESO NACIONAL En Nombre de la República Ley núm. 35-26 Considerando primero: Que la reciente ley de medidas pro-crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional fue promulgada con el objeto de promover el desarrollo sostenible, el bienestar general y el fortalecimiento de las condiciones que permitan el crecimiento económico y social de la Nación, para lo cual dispuso, con carácter temporal, una amnistía fiscal y ajustes al Impuesto sobre la Renta, entre otras medidas. Considerando segundo: Que la adopción de la medida legislativa responde a la necesidad de fortalecer la disciplina fiscal y simultáneamente robustecer la capacidad económica del Estado para responder de forma oportuna y eficiente a los retos generados por la situación adversa derivada del contexto internacional y su impacto en la economía dominicana. Considerando tercero: Que dentro de las medidas de carácter fiscal adoptadas, se dispuso expresamente modificar el artículo 4 de la Ley núm. 6-86, del 4 de marzo de 1986, que establece la especialización del 1% sobre el valor de todas las obras construidas en el territorio nacional, incluyendo las del Estado, para la creación de un fondo común de Servicios Sociales, Pensiones y Jubilaciones a los Trabajadores Sindicalizados del Área de la Construcción y todas sus ramas afines, con el objeto de atribuir la recaudación de los ingresos que establece la referida ley a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el envió de los referidos recursos al Seguro Nacional de Salud (SNS) y a las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS). Considerando cuarto: Que al dictar la Ley núm. 6-86, el legislador reconoció las condiciones particulares que caracterizan el trabajo en el sector de la construcción, marcado por la temporalidad de las obras, la movilidad permanente de la mano de obra, la sucesión de  - 25 - empleadores y la inexistencia, en numerosos casos, de una relación laboral continua que garantice una cotización permanente dentro del régimen general de la seguridad social. En atención a esta realidad, estableció un régimen especial de protección social, financiado mediante un aporte calculado sobre el valor de las obras construidas y dotado de un mecanismo propio de recaudación y administración, concebido para garantizar la protección social de los trabajadores del sector. No obstante, el párrafo incorporado por el artículo 61 de la Ley núm. 30-26, al disponer que el recaudo, distribución y administración de dichos recursos se rijan por las disposiciones de la Ley núm. 87-01 y por las normas que dicte el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), desconoce las particularidades que dieron origen al régimen especial establecido por la Ley núm. 6-86 y sustituye el modelo diseñado por el legislador para atender las condiciones propias de los trabajadores de la construcción. Considerando quinto: Que el principio de no regresividad constituye una garantía del Derecho Internacional, en consecuencia, una vez se alcance un nivel de conquista en materia de protección de un derecho social, no se puede retroceder, salvo, que exista una situación extraordinaria que lo justifique o se adopte una medida equivalente compensatoria a la regresividad, circunstancias que no fueron acreditadas para la aprobación del artículo 61 de la Ley núm. 30-26, de medidas pro-crecimiento económico, mitigación de la crisis internacional. Considerando sexto: Que la República Dominicana, como miembro de la comunidad internacional y en su calidad de Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha asumido la obligación de adoptar medidas, incluyendo medidas legislativas, para garantizar progresivamente, por todos los medios apropiados, la plena efectividad de los derechos reconocidos en dicho instrumento. Considerando séptimo: Que el Tribunal Constitucional ha ratificado en sentencias como la TC/0203/13 y la TC/0295/24 que el derecho a la seguridad social posee una naturaleza de protección jurídica reforzada y un carácter eminentemente prestacional, por lo que cualquier reforma legal que modifique de manera regresiva la accesibilidad, el disfrute o la administración de los fondos previsionales como ocurre con el sector de los trabajadores de la construcción, deviene en una transgresión directa al artículo 8 de la Constitución de la República. Considerando octavo: Que es atribución del Congreso Nacional mantener un marco legal coherente, actualizado y en favor del interés general, por lo que se hace necesario dejar sin efecto y excluir el artículo 61 de la Ley núm. 30-26, del 18 de junio de 2026. Vista: La Constitución de la República. Vista: La Resolución núm. 701, del 14 de noviembre de 1977, que aprueba el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  - 26 - Vista: La Ley núm.6-86, del 4 de marzo de 1986, que establece la especialización del 1% sobre el valor de todas las obras construidas en el territorio nacional, incluyendo las del Estado, para la creación de un fondo común de Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones a los Trabajadores Sindicalizados del Área de la Construcción y todas sus ramas afines. Vista: La Ley núm. 30-26, del 18 de junio de 2026, de medidas pro-crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional. Vistas: Las sentencias del Tribunal Constitucional nums. TC/0203/13, del 13 de noviembre de 2013 y la TC/0295/24, del 15 de agosto de 2024. HA DADO LA SIGUIENTE LEY: Artículo 1.- Objeto. La presente ley tiene por objeto la derogación y exclusión del artículo 61 de la Ley núm. 30-26, del 18 de junio de 2026, de medidas pro-crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, con la finalidad de restituir el texto original del artículo 4 de la Ley núm. 6-86, del 4 de marzo de 1986 y marco operativo de recaudación y administración sectorial de los fondos del área de la construcción. Artículo 2.- Ámbito de aplicación. La presente ley es de aplicación en todo el territorio nacional. Artículo 3.- Derogatoria. Se deroga el artículo 61 de la Ley núm. 30-26, del 18 de junio de 2026, de medidas pro-crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional. Artículo 4.- Restablecimiento normativo. Se restablece en todas sus partes la vigencia del texto original del artículo 4 de la Ley núm. 6-86, del 4 de marzo de 1986, retornando la facultad de recaudación a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la administración de los pagos de pensiones al Consejo Técnico de Administración y Control de los Fondos del Área de la Construcción (FOPETCONS). Artículo 5.- Modificación implícita. Se dispone que cualquier otra referencia al artículo 61 contenida en la Ley núm. 30-26, del 18 de junio de 2026, o en sus reglamentos de aplicación, queda sin efecto a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Artículo 6.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación y publicación, según lo establecido en la Constitución de la República y transcurridos los plazos fijados en el Código Civil de la República Dominicana.  - 27 - Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintinueve (29) días del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026); años 183 de la Independencia y 163 de la Restauración. Alfredo Pacheco Osoria Presidente Eduviges María Bautista Gomera Julio Emil Durán Rodríguez Secretaria Secretario Dada en la Sala de Sesiones del Senado de la República, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026); años 183 de la Independencia y 163 de la Restauración. Ricardo De Los Santos Presidente Lía Ynocencia Díaz Santana Aracelis Villanueva Figueroa Secretaria Secretaria LUIS ABINADER Presidente de la República Dominicana En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la República. PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento. DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los tres (3) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026); años 183 de la Independencia y 163 de la Restauración. LUIS ABINADER